La portavoz y número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha remitido a sus declaraciones del miércoles para dar respuesta a las numerosas preguntas de la prensa de hoy, que, tras la reunión del Consejo de Ministros, han tratado de conocer su opinión y la del Ejecutivo sobre la entrevista que el ex presidente José María Aznar dio el lunes a Antena 3.

Sin embargo, y en cuanto a si cree que realmente el Gobierno no está haciendo lo suficiente con respecto a la crisis –le falta 'acción', según dijo Aznar el lunes–, la vicepresidenta se ha remitido a la reunión de hoy del Ejecutivo: 'La mejor manera de responder no es con palabras, sino con hechos', en referencia al proyecto de la 'Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización' que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy y con la que pretende facilitar la creación y gestión de pymes y, por tanto, de puestos de trabajo. También ha incluido aquí, al respecto de la petición de bajada de impuestos de Aznar, la descarga fiscal que la ley de emprendedores supone. Por ejemplo, con la tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos menores de 30 años o los incentivos específicos para sociedades de nueva creación y autónomos que inicien su actividad, como el impuesto de sociedades con un tipo reducido del 15% o un IRPF con una reducción del 20% en los rendimientos netos.

Sáenz de Santamaría no ha querido informar sobre si el lunes irá o no al Congreso a la presentación que hacen Aznar y el presidente de esta Cámara, Jesús Posada, de una colección de biografías editada por FAES, pero ha vuelto a insistir en su 'respeto' por todas las declaraciones de los ex presidentes, incluyendo, asimismo, las de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha hablado esta mañana en RNE, entre otras cosas, para advertir de que él nunca criticará a Mariano Rajoy.

Por otro lado, y en relación al fichaje de Aznar por el despacho de abogados DLA Piper (el mismo que le gestionó la medalla del Congreso de EEUU por 2,3 millones de dinero público), la portavoz del Gobierno ha aclarado que este trabajo está en regla con la ley de incompatibilidades de altos cargos. Sin embargo, sí ha dejado la puerta a que la norma de buen gobierno en la que trabaja el Ejecutivo recoja la posibilidad de retirar la pensión a los ex presidentes que realicen actividades privadas, como ya propusieron hace tiempo varios grupos ante el fichaje de Felipe González y Aznar por parte de grandes empresas.