La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha vuelto a decretar un año después el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica. Así lo establece el auto dictado sobre las 20:30 horas por la magistrada, que atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el envío a prisión de Guerrero por considerar que existe 'riesgo de fuga', de que pueda 'destruir o alterar pruebas' y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil. Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.

Este miércoles, Guerrero había prestado declaración ante la juez a mediodía, contra el consejo de su abogado. El exdirector de Trabajo de la Junta, en un receso en su declaración ante la magistrada, negó ante los periodistas que se le acuse ahora de un delito de blanqueo de capitales y se limitó a contestar: 'Estamos prácticamente en lo mismo; todo es una ampliación de lo que ya había'. A la pregunta de si se encontraba más tranquilo que en su primera declaración judicial ha respondido que está 'igualmente preocupado porque esta situación no es agradable para nadie'. 'Estoy tranquilo; ya sabéis como soy', ha sentenciado el ex director general antes de pedir a los periodistas que le dejasen fumar un cigarrillo 'tranquilamente'. A la vuelta de fumar y preguntado por una periodista sobre la petición del fiscal de ingreso en prisión, Guerrero, irónico, ha vacilado: 'Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar'.

El que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008 estuvo ya en la cárcel de Sevilla. La juez decretó prisión para el ex alto cargo y le impuso una fianza civil de 686 millones de euros para responder, entre otras subvenciones presuntamente fraudulentas concedidas bajo su mandato, por 456 millones en el capítulo de ayudas sociolaborales, 59 en ayudas a empresas y tres millones en primas por 'intrusos', entre ellos su propia suegra.

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha mostrado su deseo de que la Justicia solvente 'a la mayor brevedad' el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Junta, para que la ciudadanía observe que en este tema 'se llega hasta el final'.

En declaraciones a los periodistas, Valderas ha indicado que el caso de los ERE está en manos de la Justicia, 'que está obligada a llegar hasta el final, a investigar y esclarecer todo el marco de responsabilidades, especialmente desde el punto de vista penal'. Según ha indicado, el Parlamento ya hizo su trabajo con la comisión de investigación, y ahora le toca a la Justicia.

'En este asunto no hay que casarse con nadie, sino llegar hasta el final, recaiga la responsabilidad en quien sea', ha aseverado el vicepresidente de la Junta, quien ha señalado que la Justicia da hoy un paso más imputando y llamando a declarar a un número importante de personas, 'especialmente a gente que ha podido meter la mano y caer en una clara corrupción'.

Un total de 31 personas han sido detenidas o imputadas esta mañana en un operativo policial en relación con las investigaciones de los ERE fraudulentos de Andalucía, como ha como confirmado delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo. Las primeras informaciones daban la cifra de 20 detenidos, pero el número podría ser mayor. Esta operación que se mantiene abierta y se desarrolla en las provincias de Sevilla, Jaén, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa junto al alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, tras la Junta Local de Seguridad, Crespo ha indicado que prevé que esta 'segunda fase' de la investigación, centrada en las empresas 'mediadoras' de la trama, concluya 'a lo largo de esta jornada' después de que la primera se saldase con un total de 116 imputados. 

Fuentes de la investigación han informado de que la operación, denominada Heracles, ha comenzado sobre las 8.00 horas de este miércoles y se está desarrollando de forma simultánea en Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid y Barcelona, provincias en las que la Guardia Civil ha practicado una veintena de detenciones, entre ellos varios abogados, uno de ellos además 'relacionado' con otro imputado en la causa.

Entre los arrestados hay empresarios, testaferros y abogados, han informado a Efe fuentes de la investigación, que han indicado que a lo largo del día se efectuarán varios registros en domicilios y bufetes de abogados en algunas localidades de Andalucía, como la gaditana de Jerez de la Frontera o Sevilla. Los investigadores han detectado que empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de expedientes de regulación de empleo para sus trabajadores, que estaban cubiertos por pólizas de seguros. Esas pólizas de seguros eran contratadas con empresas mediadoras a cambio del cobro de comisiones ilegales, de forma que los empleados sujetos al ERE salían beneficiados económicamente al ser despedidos y también las empresas, que recibían no solo una comisión de la mediadora sino las subvenciones de la Junta de Andalucía por el expediente de regulación de empleo. Una vez 'liquidada' la empresa, volvían a montar otra para continuar su actividad fraudulenta. Las fuentes han indicado que los registros más relevantes de esta operación se desarrollarán en la empresa Uniter, situada en la Plaza Nueva de Sevilla, y en el despacho de abogados Estudios Jurídicos de la capital hispalense.

La Guardia Civil tiene previsto trasladar a un abogado imputado y a otro detenido al despacho ubicado en Viapol a fin de realizar un registro, 'fruto de la investigación' iniciada. Además se están practicando registros en Jaén y en Albanchez de Mágina, en el marco de la operación simultánea en siete provincias españolas en la que han practicado una veintena de detenciones relacionadas con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que en el caso de la capital jiennense, se está realizando un registro, aunque no han precisado el lugar, mientras que otros tres se están desarrollando en la referida población de Sierra Mágina, localidad natal del exsindicalista Juan Lanzas, considerado pieza clave en la trama como 'conseguidor' de los ERE y con el que están relacionadas estas actuaciones.