El ministro Jorge Fernández Díaz consideró este lunes 'normalidad institucional' el cese del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, sólo un año después de su nombramiento, y su relevo por Francisco Martínez Vázquez, hasta la fecha jefe del Gabinete del propio titular de Interior.

'Los cargos públicos sabemos que sólo tenemos asegurada la condición de ex', ha dicho el ministro del Interior como reflexión de profundidad sobre el rápido paso por el departamento de Ulloa.

El ministro no dió ninguna explicación sobre las razones del cese de su número dos, y, en una clara huida hacia delante, se ha limitado a relacionar el cambio con el hecho de que Ulloa será propuesto esta misma semana como juez español en el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo.

'Parecía oportuno y conveniente' que esta propuesta se produjera una vez que Ulloa no ocupara ya una alta responsabilidad en el Gobierno, ha asegurado el ministro, quien no ha explicado, sin embargo, la urgencia de que un secretario de Estado del Gobierno se marchase de juez a Europa.

En cualquier caso, Fernández Díaz ha destacado la 'probidad, rectitud e integridad' del hasta ahora secretario de Estado de Seguridad.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la salida de Ulloa del ministerio no es consecuencia de una falta de confianza ni lealtad 'ni personal ni institucional', al tiempo que le ha agradecido 'los servicios prestados' durante el año que ha ejercido el cargo.

De Francisco Martínez, que ha jurado este lunes el cargo, ha destacado que es un hombre de su 'especial confianza' ya que hasta ahora era su director de gabinete y que conoce 'perfectamente' el ministerio y las misiones y funciones de la Secretaría de Estado.

'Estoy seguro de que va a desempeñar esa función de manera exitosa', ha augurado el ministro, que ha recordado que el secretario de Estado ocupa un papel relevante en la estructura del ministerio pues de él dependen las direcciones generales de la Policía Nacional y Guardia Civil, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y el Centro de Coordinación Antiterrorista.

Fernández Díaz ha destacado que una de las prioridades de su departamento y la Secretaría de Estado es 'garantizar a los ciudadanos el pleno disfrute de sus derechos y libertades', especialmente la amenaza terrorista.

En este sentido, ha hecho un repaso de autobombo a la actividad de Interior en este último año. Ha recordado la detención en el último año de 32 presuntos miembros de ETA, de ocho yihadistas, cinco de GRAPO y otros ocho pertenecientes supuestamente a Resistencia Galega.

Sobre la lucha contra el tráfico de drogas, el ministro ha asegurado que durante 2012 las fuerzas de seguridad se incautaron de más de 300 toneladas de droga, la mayoría de ellas de hachís, en torno a 280 toneladas, mientras que se han aprendido 18 de cocaína y 14 de heroína, así como más de 165.000 unidades drogas sintéticas.

Fernández Díaz ha destacado como 'satisfactorio' el descenso en un 1,2 por ciento de las infracciones penales conocidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil de enero a noviembre de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011.

En esta misma línea, se ha mostrado satisfecho de la 'muy notable reducción' en la llegada de inmigración irregular a España, uno de los asuntos que abordarán el próximo 25 en una reunión que celebrarán en Rabat los ministros del Interior de España, Francia, Portugal y Marruecos.

Asimismo, ha subrayado el comportamiento democrático de las fuerzas de seguridad del Estado, de las que ha insistido en que actúan 'siempre en el marco de la ley'.

'Tenemos la absoluta convicción de que los españoles tienen motivos para sentirse orgullosos de su Policía y Guardia Civil', ha concluido.

Al acto de toma de posesión ha asistido la cúpula del Ministerio del Interior, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, así como representantes de partidos políticos, de sindicatos policiales y de asociaciones de guardias civiles.