El pasado 17 de noviembre, tres días antes del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Ejecutivo de Susana Díaz remitió una carta al subdelegado del Gobierno central en Córdoba, Juan José Primo Jurado, instándole a prevenir y evitar cualquier homenaje franquista que supusiera un menosprecio a las víctimas represaliadas por el fascismo, en cumplimiento con la Ley andaluza de Memoria Democrática. La Junta de Andalucía trataba así de anticiparse a los festejos previstos para el 20-N, no sólo en Córdoba -donde Fuerza Nueva ya había pedido permiso para organizar una ofrenda floral a Franco y a Primo de Rivera junto al cementerio de Lucena- sino en las ocho provincias. A pesar de esa carta, Primo Jurado autorizó el homenaje franquista en el municipio cordobés, que se desarrolló a pocos metros de los trabajos de exhumación de una fosa común del cementerio donde se buscan los restos de 123 víctimas de la represión fascista.

La conmemoración del 20-N en Lucena ha generado un movimiento de repulsa entre las asociaciones memorialistas y los partidos políticos de izquierda, sobre todo, por la proximidad de este festejo con la fosa común donde se buscan los restos de las 123 víctimas represaliadas por el franquismo. A pocos metros de allí se erige un monolito que recuerda sus nombres y al que a menudo acuden familias del pueblo para recordarles, honrarles y rezarles.

El partido Andalucía Entre Todos, sin representación en el Ayuntamiento de Lucena, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Córdoba y ante un juzgado de guardia para que investigue los hechos. La querella se ha hecho extensible a la figura del subdelegado del Gobierno en Córdoba, al que acusan de haber permitido “un homenaje ilegal”. Primo Jurado, en cambio, responde que el acto “estaba comunicado, cumplía con lo legalmente establecido y se autorizó conforme a la ley, como cualquier otra manifestación”.

Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, para que explique “el vergonzoso episodio vivido en Lucena”. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se pregunta por qué no se aplicó la Ley andaluza de Memoria, y si la Junta hizo algo para evitar el homenaje franquista. También Podemos ha inquirido este jueves a Jiménez Barrios, que asegura haberse enterado por la prensa y no descarta “iniciar procedimientos judiciales” si se confirma que “se ha vulnerado la ley”.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, el Ejecutivo andaluz trató de anticiparse al 20 de noviembre -aniversario de la muerte de Franco- instando por escrito al Gobierno central a “hacer cumplir” la Ley andaluza de Memoria. Las ocho delegaciones territoriales de la Junta remitieron el pasado 17 de noviembre la misma carta a las subdelegaciones del Gobierno central en las ocho provincias andaluzas.

La misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, dice así: “En años anteriores, en la efeméride del 20 de noviembre se han venido produciendo en distintos puntos de Andalucía actos o manifestaciones que vienen a exaltar el franquismo y a banalizar crímenes atroces históricamente constatados, de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles, en un ejercicio de revisionismo, que lesiona de modo irreparable el honor y la dignidad de la víctimas, menospreciando su sufrimiento, y con ello el orden político y la paz social de los que es fundamento la dignidad humana, conforme al artículo 10 de la Constitución”.

A continuación la carta recuerda que el artículo 32.12 de la Ley andaluza de Memoria Histórica establece que “las administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura”. Y concluye: “Lo cual pongo en su conocimiento para evitar acciones que puedan ser constitutivas del delito que se recoge en el artículo 510 del Código Penal”, que castiga con pena de prisión de uno a cuatro años de cárcel “a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra personas por “motivos racistas, antisemitas” o por razón de “ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo o género”.

La misiva no tuvo éxito en Córdoba, porque el subdelegado del Gobierno terminó autorizando el homenaje franquista, pero sí funcionó en Granada. Allí, la Junta tuvo conocimiento a través de una esquela a Franco publicada en un diario local de que Fuerza Nueva había convocado “un Homenaje a los Caídos, a las puertas de la Catedral”, “a la finalización de un acto religioso en sufragio de las almas de Francisco Franco Bahamonde y José Antonio Primo de Rivera, que se oficiará en el referido templo”. Esta concentración no fue autorizada y no llegó a celebrarse, según fuentes del Gobierno andaluz en Granada.

Subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado.

El pasado martes, un grupo de 15 personas ataviadas con banderas anticonstitucionales y símbolos franquistas, conmemoró el aniversario de la muerte de Franco y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera con la ofrenda de una corona junto a la Cruz de los Caídos del cementerio de Nuestra Señora de Araceli, en Lucena. El homenaje, solicitado por la organización ultraderechista Fuerza Nueva, contaba con la autorización de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y del Ayuntamiento, que alega “falta de competencias” para prohibir el acto público.

El Consistorio, gobernado por el socialista Juan Pérez, se muestra “indignado” por la situación, condena duramente el acto franquista y acusa a Primo Jurado de “haberse lavado las manos” en este asunto. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba autorizó el homenaje franquista tras informar al Gobierno municipal de Lucena, que tuvo 24 horas para oponer algún reparo o advertencia, y no lo hizo, entendiéndose “que el informe era favorable”.

El delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco Adame, cree que la Ley andaluza de Memoria es “insuficiente” para prohibir estos actos, y explica que tan sólo pudo “extremar la vigilancia” para evitar una “caravana franquista” como la que tuvo lugar en las calles de Lucena en 2015, en otro acto de Fuerza Nueva en recuerdo del 18 de julio de 1936. Una fila de coches recorrió el centro del pueblo con banderas de España anticonstitucionales y de Falange, símbolos fascistas, y gritos de “¡Viva España!! y “¡Viva Franco!”. El grupo municipal de IU presentó una moción en el pleno municipal y el Consistorio denunció el suceso ante Fiscalía, que archivó el caso.