La reactivación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales para los funcionarios andaluces ha vuelto a colocar al sector público andaluz bajo el foco político. La oposición es escéptica con la fórmula que ha ideado la Junta para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la reposición de las 35 horas, y mucho más con el cumplimiento de esas 2,5 horas de trabajo no presencial que el Gobierno de Susana Díaz ha autorizado desempeñar desde casa.

El escepticismo se ha vuelto crítica mordaz tras hacerse público que en el catálogo de tareas que los funcionarios andaluces pueden hacer desde casa, difundido por la Junta esta semana, aparece un centenar de cursos de formación on-line a disposición de los empleados públicos, algunos tan variopintos como la meditación contra el estrés (Mindfulness) o estudios sobre el Estatuto de Autonomía.

También se ofertan cursos informáticos, clases de idiomas (inglés, francés), cursos de prevención contra el acoso sexual y laboral o contra la violencia machista. Los empleados podrán acreditar formación on-line para justificar esas 2,5 horas de teletrabajo.

La oposición a Susana Díaz quiere aprovechar la polémica en torno a la restitución de la jornada de 37,5 horas y ha optado por desempolvar su estrategia de denuncias contra la gestión de la Administración pública, que consideran “sobredimensionada” y acusan de “despilfarro”. Para ello, no sólo van a cargar contra el polémico catálogo de tareas domésticas de los funcionarios, también se servirán de un reciente informe de la Cámara de Cuentas que denuncia la dificultad de clarificar con exactitud cuánta gente para la Administración andaluza. “No resulta posible conocer ni cuantificar los efectivos reales de la Junta de Andalucía al final de cada ejercicio a partir de la información contenida en las memorias de cumplimiento de los programas presupuestarios ni en la memoria, ambos estados incluidos en la Cuenta General rendida cada año”, reza dicho informe.

La Junta declara actualmente una plantilla de más de 270.000 trabajadores (no hay un número exacto porque “va oscilando”). La mayoría son funcionarios de Sanidad y Educación con plaza definitiva, pero también hay interinos, personal eventual, altos cargos de confianza nombrados a dedo en cada consejería y una plantilla anexa de empleados públicos que trabajan para los entes instrumentales del Gobierno: fundaciones, empresas y agencias. Sobre estos últimos, la información siempre ha sido más opaca y no siempre la Consejería de Hacienda ha sabido con exactitud cuántos trabajadores había en ellas.

La complejidad para dimensionar el volumen real de efectivos que trabaja en la Junta de Andalucía -la mayor empresa de la comunidad autónoma- siempre ha sido motivo de gresca entre el Gobierno y la oposición, sobre todo por parte del PP, que ha acuñado el término “administración paralela”, también asumido por Podemos. Ahora, además, los adversarios políticos del PSOE andaluz pretenden llevar al Parlamento el informe de la Cámara de Cuentas que denuncia un desfase en la plantilla de empleados públicos en 2015, que aparentemente finalizó con 13.000 trabajadores más de lo que recogía el capítulo de personal de los Presupuestos Autonómicos de ese año. Los populares han acusado a la Junta de “falsear” su plantilla y preguntarán a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, por esos “13.000 empleados fantasma”.

La Cámara de Cuentas, órgano de extracción parlamentaria que vela por el buen uso del dinero público, ha recurrido a distintas fuentes de información -documentales y con solicitudes personales- para cuantificar la plantilla orgánica de la Junta y el total real de efectivos al finalizar 2015, pero encontró “diferencias” en los datos. Las memorias de cumplimiento cifran un total 230.714 trabajadores, sin embargo, los centros de gestión consultados para la elaboración del informe de Cuenta General de la Junta arrojan otra cifra distinta: 243.844 empleados públicos, unos 13.000 más.

Esto a fecha del cierre presupuestario de 2015, pero en los Presupuestos Autonómicos del año siguiente (2016), la cifra de personal que aparece en los anexos del capítulo de recursos humanos a 1 de enero (y con carácter provisional) habla de 231.151 trabajadores. El departamento que dirige María Jesús Montero hace ver que el informe “nunca” menciona que haya alguna irregularidad, advierte de que la Junta da cuenta cada seis meses al Ministerio de Hacienda sobre el número exacto de sus efectivos, y sugiere que el cálculo de la Cámara de Cuentas es erróneo porque “se hace en momentos distintos y con criterios diferentes que no permiten la comparación”. “Los efectivos están perfectamente cuantificados, no en el marco del rendimiento de la Cuenta General, que no es su ámbito, sino en la conformación del Boletín Estadístico que se rinde semestralmente también ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública”, advierten.

El informe, de 66 páginas, revela un incremento imprevisto de personal en la plantilla del Gobierno de Susana Díaz durante el ejercicio 2015, contabilizando 13.000 empleados más respecto a años anteriores. Una de las conclusiones de este documento es la propia dificultad que ha encontrado la Cámara de Cuentas para determinar con exactitud cuántas personas trabajan para la Junta, un número “oscilante” que aparece en las memorias de cumplimiento al cierre de cada ejercicio presupuestario.

El estudio, remitido ya al Parlamento andaluz, también cifra en 20,9 millones de euros el total de gastos que suman los complementos de productividad que perciben los empleados andaluces, un 1,28% del capítulo uno del Presupuesto autonómico, dedicado al personal. Además se han detectado ocho programas dentro de las cuentas andaluzas donde el gasto de productividad supera ese 1,28%, unos pluses especialmente altos para los inspectores sanitarios, en el departamento de Emergencias y Protección Civil y para los miembros del Consejo Consultivo.

La Cámara de Cuentas reconoce este dato como un ejemplo de las “debilidades materiales de control interno”, pero en general concluye que la gestión de la Administración andaluza “aporta un nivel de confianza razonable para garantizar su correcta ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones y la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la información relacionada”. Hacienda replica que el órgano fiscalizador “no hace referencia a ningún incumplimiento legal sino que sólo destacan las secciones y programas donde la productividad alcanza porcentajes más elevados debido a que en algunos departamentos hay un número de efectivos de mayor nivel”.

Al margen de la Administración central y de las consejerías que conforman el Gobierno autonómico, están las empresas, fundaciones y agencias públicas sobre las que la oposición siempre ha puesto un foco crítico, acusando a la Junta de haber engordado una “administración paralela” que, en ocasiones, duplicaba funciones y suponían un derroche de dinero público. Durante los años más duros de la crisis, los adversarios del PSOE presionaron en el Parlamento para que se “desmantelasen” muchos de los entes instrumentales que había creado la Junta, cuya función y efectividad se puso en duda.