Amnistía Internacional propone despenalizar el trabajo sexual realizado sin coacción, explotación, ni abuso; pero no pide la legalización de la prostitución. Y nuestra apuesta por iniciar una línea de trabajo sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales no es improvisada, ni ingenua. Ante algunas críticas, comentarios e informaciones inexactas publicadas en este medio sobre nuestra posición respecto a la defensa de los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual, querríamos aclarar por qué y cómo Amnistía Internacional trabajará en esta línea.

Amnistía Internacional considera que las trabajadoras y los trabajadores sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo. Llevamos dos años investigando y hemos constatado que en muchos países se ven amenazados por abusos como la violación, las palizas, la trata de personas, la extorsión, el desalojo forzoso y la discriminación, que incluye la exclusión de los servicios de salud. Lo más habitual es que apenas gocen de protección jurídica, si es que la tienen. En muchos casos, estos abusos y violaciones de derechos humanos son perpetrados por la policía, por clientes y por terceras partes.

Por eso, Amnistía Internacional ha aprobado una política que apuesta por la despenalización, que no legalización, del trabajo sexual. Esto incluye la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y el trabajo sexual sin coacción, explotación, ni abuso. La despenalización supondría que las trabajadoras y trabajadores sexuales no infringirían la ley por realizar trabajo sexual, no se verían obligados a vivir fuera de la ley, y habría mayor espacio para proteger sus derechos.

Amnistía Internacional no es la primera en abordar este tema. Hay otros grupos y organizaciones con los que hemos hablado, que son partidarios de la despenalización y la propugnan como son la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, Anti-Slavery International, además de numerosas organizaciones de mujeres. Y hemos entrevistado a más de 200 trabajadoras y trabajadores sexuales, que se inclinan en su mayoría por la despenalización.

Por supuesto que nos hemos entrevistado con organizaciones abolicionistas o que propugnan el modelo nórdico, que busca despenalizar a los trabajadores sexuales pero penalizar a los clientes, y que no están de acuerdo con nuestra postura. Pero una simple incursión en la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales revela que hay muchos problemas que es preciso abordar con urgencia. ¿Cómo podemos reducir la amenaza de violencia a ellas? ¿Qué podemos hacer para garantizar que tienen acceso a atención médica y ayudarles a prevenir el VIH? ¿Y cómo se puede poner fin a la discriminación y la marginación social, que aumentan el riesgo de que las trabajadoras y trabajadores sexuales sufran abusos? Para Amnistía Internacional estas preguntas sobre salud, seguridad e igualdad ante la ley son más importantes que cualquier objeción moral a la naturaleza del trabajo sexual.

Somos muy conscientes de que la desigualdad de género y la discriminación pueden influir enormemente en que una mujer se dedique al trabajo sexual. Pero no creemos que el criminalizar a las mujeres por su falta de opciones o el utilizar leyes penales y prácticas policiales que hagan su vida menos segura sea la respuesta a este problema. Por eso, trabajaremos especialmente para que los Estados tomen una serie de medidas para empoderar a las mujeres y a otros grupos marginados con el fin de garantizar que nadie tiene que realizar trabajo sexual para sobrevivir. En este sentido, pediremos a los Estados el acceso adecuado a medias de apoyo como pueden ser prestaciones sociales, educación y formación, y/o un puesto de trabajo alternativo.

Pero mientras ese cambio se produce, creemos firmente que la despenalización les dará herramientas para poder protegerse y defenderse de extorsiones policiales, de agresiones físicas o sexuales, de ser expulsadas de su domicilio, y les podrá garantizar, entre otros derechos, el acceso a la salud.

Para nuestra organización es importante dejar muy claro que Amnistía Internacional condena enérgicamente todas las formas de trata de seres humanos, incluida la trata con fines de explotación sexual. La trata de seres humanos constituye un abominable abuso contra los derechos humanos y debe ser penalizada como establece el derecho internacional. Y es algo por lo que Amnistía Internacional lleva trabajando años. La despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas y dejar de perseguir a quienes las explotan, las esclavizan, las abusan.

La política de Amnistía Internacional no consiste en proteger a los proxenetas. Según el modelo que proponemos, los terceros que exploten a trabajadores o trabajadoras sexuales o abusen de ellos seguirán estando criminalizados. Pediremos leyes que se reorienten para abordar estos actos de explotación, abuso y trata, en lugar de establecer delitos de carácter muy general que criminaliza a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales y ponen en peligro su vida.

Y por último, una aclaración ante la pregunta, formulada en uno de los artículos sobre si daríamos permiso de trabajo a las niñas prostituidas por Boko Haram en Nigeria. Sólo comentar que Amnistía Internacional está trabajando este caso y las violaciones de derechos humanos cometidas por Boko Haram en los últimos años en el noroeste del país. Lamentablemente más de 2.000 mujeres y niñas han sido secuestradas por este grupo armado, lo que para Amnistía Internacional es un crímen de guerra y un crímen de lesa humanidad. Por ello, seguiremos luchando para que se ponga fin a estos secuestros, para que todas sean liberadas, para que se las repare adecuadamente, y para que los responsables de estos actos sean juzgados.

Como organización global de derechos humanos, Amnistía Internacional tiene la obligación de buscar la mejor manera de impedir las violaciones de derechos humanos. Por ello, creemos que es necesario que tengamos en cuenta a uno de los grupos más desfavorecidos del mundo y al que muchas veces se niegan los derechos humanos más básicos, el de las trabajadoras y trabajadores sexuales.