La fiscal de Sala sobre la violencia hacia la mujer, Teresa Peramato, ha enviado un escrito dirigido a los fiscales delegados de violencia de género de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas de esta violencia. En él, resalta la necesidad de extremar las precauciones frente a las víctimas de esta violencia y a adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas.

Entre ellas, la fiscal resalta la necesidad de que soliciten "las medidas cautelares que sean necesarias" para reducir el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidios, incluso cuando las mujeres no las hayan solicitado. 
También pide a los fiscales que cuando la valoración policial del riesgo sea "extremo", "alto" o "medio de especial relevancia", que soliciten "la instalación de dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas". 

Peramato hace estas instrucciones tras el incremento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas el pasado mes dediciembre y los últimos casos conocidos este enero. En su escrito recuerda que de las 12 mujeres asesinadas en diciembre pasado, la mitad habían presentado denuncias previas contra sus maltratadores y que de ellas solamente en dos ocasiones se acordaron órdenes de protección que quedaron sin efecto a los pocos meses. En otros dos de los casos los procedimientos terminaron en sentencia condenatoria por los actos denunciados y en otros dos, con varias denuncias en ambos casos, los procedimientos estaban en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar de protección hacia la víctima.

Entre los fallos del sistema, la fiscal recuerda que en todos los feminicidios cometidos en el 2022 (un total de 49 confirmados), en el 43% existían denuncias previas pero sólo en seis casos se acordó imponer órdenes de protección y que en otros cuatro estaban vigentes medidas de alejamiento. 

Sólo se impone un 14% de las órdenes de protección

Peramato llama la atención en su escrito sobre la baja cantidad de órdenes de protección que se imponen a las mujeres que denuncias violencia de género. "Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de
solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el
66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias
interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados. Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", afirma en su escrito.

Otra de las medidas sobre las que pone el acento la Fiscalía es en la necesidad de utilizar todos los medios de investigación posibles. Peramato afirma que si bien el sistema VioGén de medición del riesgo es una herramienta útil, no es suficiente y que los fiscales deben solicitar también de manera habitual la valoración forense del riesgo y el auxilio de las unidades de valoración integral forense. Muchas de estas unidades no existen en todas las comunidades o partidos a pesar de que el Pacto de Estado contra la violencia de género acordado en el Parlamento en 2017, ya exigía su creación inmediata. Esta medida, además, estaba ya contemplada en la ley contra la violencia de género aprobada en 2004.