Portavoz en Galicia durante años de Jueces y Juezas para la Democracia, asociación del que su padre, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela Castro, fue fundador, Xermán Varela también piensa que la independencia de los jueces y de los periodistas está directamente relacionada con la calidad del sistema democrático.

Por eso critica a los sectores de la izquierda que cuestionan la independencia judicial cuando no hay hechos probados que avalen los valores y el discurso que la izquierda defiende. Es decir, cuando la realidad estropea una buena noticia o cuando una sentencia no sirve a determinados objetivos políticos.

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Cuando decidió ser juez ya sabía de que iba la profesión. Su padre también lo es.

Siempre quise ser juez. Me gustaba todo lo que supone, los razonamientos, los debates… Mi padre vivía en una permanente lucha por la libertad, por la garantía de los derechos, por la ciudadanía. Esa es la posición con la que yo crecí. La de entender la posición del juez como garante de la libertad de la ciudadanía.

¿Cómo es que con sólo veinte años decidión preparar judicaturas, una oposición que exige tanta renuncia?

Tuve suerte. Primero porque quien me preparaba era mi padre, con las premisas "no quiero que memorices, quiero que entiendas" y "no me llega con que apruebes el examen, quiero que te formes". Y después porque había estudiado los temas que me tocaron y aprobé muy rápido, a la primera, con dos años o dos años y medio de preparación. La media entonces estaba en cinco o seis. El problema con las oposiciones es que no sabemos cuál es la alternativa. Ahora se ha abierto el debate sobre si hay o no uno sesgo de clase en el sistema.

¿Se refiere la que los familiares de jueces lo tiene más fácil para opositar y aprobar?

No, me refiero a la propuesta de dar becas para preparar oposiciones. Algunos sectores dicen que el sistema provoca que sólo los hijos de familias de clase alta pueden permitirse años de estudio sin producir, y otros lo niegan. Ninguna de las posiciones es completamente cierta, ni ninguna completamente falsa. En los últimos treinta o cuarenta años hay más heterogeneidad en el origen social de la judicatura, pero es verdad que sigue habiendo grandes capas sociales que no pueden acceder a la carrera judicial.

Esa oposición memorística, ¿a usted le sirvió de algo?

Sí. El efecto del sistema es que la carrera judicial tiene un nivel técnico importante. Ahora bien, ¿es suficiente con eso? El sistema es malo porque es demasiado memorístico y no implica un mínimo balance de otros factores: razonamiento, valores, capacidad para juzgar…

Mucha gente que oposita para juez piensa también que, por el mismo esfuerzo, puede sacar una plaza en otros cuerpos que rinden mucho más dinero: notarios, registradores…

Jueces y fiscales somos los que menos cobramos, pero también estamos entre el 10% de la sociedad que más gana. Hay casi dos tercios de la población a la que bajo ningún concepto económico podríamos denominar clase media. A los jueces habría que equipararles los ingresos a los de otros cuerpos, sí, pero yo no me siento cómodo expresando una queja sobre mi situación.

¡Hay relación entre criminalidad y marginalidad económica?

Como dijo el presidente del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), Carlos Lesmes, que es bastante de derechas, el sistema está pensado para el que roba gallinas. El derecho penitenciario clásico es el derecho burgués, de protección de la propiedad privada. Eso ha ido cambiando y se han ido tipificando conductas que no responden a ese esquema: los delitos fiscales, medioambientales, contra los derechos de los trabajadores, la violencia de género… Pero una cosa es lo que dice el Código Penal y otra los hechos concretos que llegan a ser perseguidos. Tiene que haber una institución encargada de investigar, y que la estructura funcione en la busca de fuentes de prueba. Esos filtros hacen que haya una sanción mayor de las clases sociales desfavorecidas y más susceptibles de persecución policial. Por ejemplo, tenemos muy pocos peritos económicos en la investigación criminal. Las investigaciones de los delitos económicos deberían tener más apoyos de peritos, que permitirían que fueran más sostenidas en el tiempo y de más profundidad. Es mucho más fácil investigar un asesinato que investigar una alteración de precios. Y sí, el sistema penitenciario sigue funcionando como un mecanismo de control de las capas más desfavorecidas.

¿Qué pueden hacer los jueces para evitar eso?

Yo soy juez instructor. Estoy en la posición de investigar, lo que tiene un alcance limitado. Quien organiza la inmensa mayoría de las investigaciones es la policía. Los instructores le damos forma jurídica a esa investigación, pero tiene que haber alguien que acuse: el fiscal. Los jueces no podemos seleccionar, ni debemos poder seleccionar.No debemos marcar objetivos políticos, lo que hace que a veces no se nos comprenda. Sobre todo cuando la sociedad reclama una respuesta política. Esa opción no existe para un juez.

¿Alguna vez ha tomado alguna medida o decisión en contra de sus valores?

Si yo aplicara alguna vez la ley como yo creo que debe ser, y no como se decidió que fuera, sería un tirano. He tomado muchas decisiones aplicando una ley que yo nunca aprobaría. Y criticar eso es un error muy injusto, pero típico de la izquierda.

¿No es muy jodido desahuciar a una familia con niños, por ejemplo?

Lo jodido es haber aprobado una ley que permita hacerlo. Pero si la ley existe, ¿estamos dispuestos de verdad a aceptar que no se cumpla? Si quien ocupa un puesto de poder público ejerce ese poder más allá de los motivos por los que fue designado, está siendo un tirano. Otra cosa es cómo lees el derecho y cómo lo practicas según tus valores. Eso influye en el resultado final. Pero sucede igual que en el periodismo.

¿Cómo?

En el tipo ideal de ambas profesiones se supone que lo que hacemos, en el caso de los periodistas comunicar y en el nuestro aplicar el derecho, parte de la base de afirmar que un hecho sucedió. Usted decide si es noticia, y yo si es delito. Y una vez que decido si es delito, yo tengo que decidir qué pena le corresponde, y usted o su medio, si llevan la noticia a la portada. Hay periodistas que publican hechos falsos, pero para mí no son periodistas. Sucede lo mismo cuando un partido político saca un medio de comunicación designando a su dirección.

¿Se refiere la Podemos y a "La Última Hora"?

No he dicho eso. Pero resumo: la posición de un juez debe ser la de tercero en un conflicto entre dos partes, respondiendo a lo que le pide una de ellas y teniendo por único criterio a aplicación de la ley. Aunque hay debates mucho más relevantes para la libertad de la ciudadanía, como el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal o la concepción sobre la presunción de inocencia. El 99,99% de los que opinan sobre ella no tienen ni idea de cuáles son las posiciones en batalla.

¿Y cuáles son?

Es difícil explicárselo a uno no jurista. Pero simplificando bastante: hay una concepción que considera que el juez tiene que decidir conforme a lo que él cree que sucedió. Y algunos decimos que lo que exige la presunción de inocencia no es sólo que el juez esté convencido, sino que se pueda afirmar que de las pruebas practicadas se deduce lo que dice. Hay una frase que lo resume muy bien en el caso de las apelaciones: "No me obligue a preguntar si el juez dudó o no, sino si debió dudar". De este debate, como digo, no se sabe nada. Y lo que es peor: cuando aplicando la posición más garantista se absuelve a alguien que ya fue condenado por el coro de un sector ideológico, entonces los jueces son franquistas o comunistas, dependiendo.

¿Cómo les influye a los jueces la sobreinformación, o la desinformación?

Ahí está la muerte de Samuel [Luiz, el joven linchado en A Coruña hace trece meses entre insultos homófobos]. Los detenidos ya han sido condenados por la sociedad. La presunción de inocencia es una regla de juicio que me dice cómo tengo que decidir si algo está probado o no. Pero también es una regla de trato. El Estado está obligado a tratar a todos los ciudadanos como inocentes hasta que un juez diga que son culpables. La democracia no es solo votar, es un sistema mucho más complejo que implica fórmulas de información sobre lo que hace quien tiene el poder. Político o económico. Y de esto último vamos muy mal.

¿Por qué?

Los intereses económicos tienen menos control que los políticos. Hasta hace no muchos años había programas televisivos matinales que informaban de recetas y de macramé y hacían concursos, y que, con las mismas personas, transmutaron en programas de pseudoinformación y manipulación por interés puramente económico.

¿Vio usted el interrogatorio a los acusados del caso de Samuel? Yo percibí que la jueza era muy agresiva. ¿El juez de instrucción tiene que ser una especie de poli malo?

Ese interrogatorio no es un juicio. Cuando yo estoy instruyendo, no soy un juez. Un juez es quien juzga. No vi el interrogatorio, pero por lo que me cuenta, lo que hizo la instructora fue investigar. Se le encarga que investigue, pero también que proteja los derechos del investigado. Difícil, ¿no?

¿Le gusta ese papel de juez investigador? Lo digo porque es un activo detractor de la figura del juez instructor. Casi un destructor, diría.

Son un activo promotor de la destrucción de ese sistema, sí.

¿Por qué no le gusta ese trabajo? ¿La investigación criminal no es divertida?

Para mí, no.

¿Y cómo es que lleva tanto tiempo dedicado a ella? Tenía plaza en Cataluña pero regresó a Pontevedra para presidir un juzgado de Instrucción.

Quería volver a Galicia. Está el lugar donde quieres vivir, la familia, la gente con la que quieres estar…

¿Y qué es lo que le gustaría de poder elegir?

Pues un órgano donde hacer de juez, donde juzgar.

¿También en el ámbito penal?

Sí, soy penalista. Pero volviendo a lo de antes, lo importante es que los chicos que están acusados de participar en lo que pasó con Samuel sean juzgados por lo que se pruebe que pasó ese día. Y si no se llega a probar que fueron ellos, o que fueron, pero no se puede probar que lo que pasó tenía que ver con la orientación sexual de la víctima, hay que absolver o poner una pena menor. Por mucho que eso vaya contra algo en lo que yo también creo, que es la lucha contra la homofobia. Eso es la independencia judicial. Que solo condenemos a alguien cuando efectivamente está probado lo que hizo. Es estructural a una sociedad democrática. Si la ley no gusta hay que cambiarla, pero si quien quiere cambiarla no puede hacerlo, eso no es culpa del juez. No podemos atacar a la libertad de prensa porque existan El Caso u OK Diario.

Vuelve a la comparación entre judicatura y periodismo.

La libertad de prensa estaría mucho más asegurada estableciendo ciertas limitaciones a la estructura de los medios, que impedirían que quien más dinero tiene pueda copar la mayoría del espacio mediático.

El periodismo también tiene que ver con saber si un hecho es cierto. Y decidir lo que es noticia.

Eso es subjetivo. Algo que puede ser noticia en OK Diario no lo es en La Última Hora. Se puede mentir sin mentir: "Mariano Rajoy no fue hoy borracho a trabajar". Cuentas una verdad, pero estás mintiendo. Aunque yo hablaba de la cercanía entre periodismo y justicia en el sentido de que, al final, un hecho sucedió y por eso lo cuento o por eso sentencio. Aunque nuestra actividad está mucho más controlada que la de los periodistas.

Pero usted puede meterme en la cárcel.

Y usted puede arruinarle la vida a un político.

Hombre, tanto como arruinarle la vida...

Sí, y ni siquiera hace falta mentir. Basta con ponerle un micro delante a alguien dispuesto a decir barbaridades contra él que no son ciertas, o que usted no puede contrastar. Ponerles un micrófono delante a esa gente, ¿es hacer buen periodismo?

No, claro.

Pues en los juicios sucede lol mismo. La defensa de la independencia judicial va de la segregación de un espacio neutral en el que no puede entrar el poder que cualquiera pueda tener, de carácter económico, mediático o lo que sea. Debería ser uno de los valores básicos de la izquierda. Pero la izquierda sigue en la estructura de pensamiento del marxismo ortodoxo de principios del siglo XX, cuando todo se simplificaba diciendo que el derecho es una superestructura burguesa que existe porque existe la burguesía. Esa simplificación absurda, que Marx no defendía, lleva a la izquierda a decir estupideces.

Los quioscos son un reflejo casi mimético del sistema de partidos. Igual eso es la expresión de la libertad de prensa. Por lo mismo, cuando se habla de politización del Consejo General del Poder Judicial y se critica que depende del sistema de partidos, ¿en realidad no es bueno que refleje precisamente la heterogeneidad política?

En cierto modo sí. La Constitución Española tiene cosas muy buenas, entre ellas la defensa del pluralismo político como valor fundamental. Lo que significa que también en la carrera judicial debemos elegir atendiendo a criterios ideológicos. No solo por esos criterios, pero también con esos criterios. Aunque no sería nada importante sino fuera porque impide analizar otros problemas relevantes.

¿Como cuáles?

Hay un problema grave de independencia judicial que no tiene nada que ver con la elección del CGPJ, sino con la situación administrativa de los compañeros y compañeras que empiezan la carrera. Muchos no tienen plaza fija y su siguiente destino depende de la decisión del presidente de cada Tribunal Superior de Justicia autonómico. Si su futuro depende de esa persona, no son independientes de ella. Es gravísimo. El objetivo que tenemos que tener como izquierda es que los jueces trabajen según la expresión "sin miedo y sin esperanza". Nada bueno ni nada malo le debe pasar a un juez por lo que decida.

¿Eso no choca con el principio de mérito?

No. Cosa distinta es que para determinados puestos exijamos cierto nivel técnico. Sobre todo para el Tribunal Supremo. Tiene que haber mérito, pero también un factor ideológico. Yo quiero que el Tribunal Supremo refleje la pluralidad ideológica de la sociedad, pero que los elegidos sean técnicamente buenos. Entre los mejores, elijamos con criterios ideológicos. Ideológicos, que no partidarios.

¿Qué le da más miedo, que Vox tenga 52 diputados en el Congreso o que, como en Galicia, no esté en las instituciones y no se sepa dónde se esconde?

La mejor manera de luchar contra el fascismo es defender a las instituciones. Me asusto cuándo determinados movimientos políticos desprecian lo institucional, y no digo nada cuando quien lo hace es una ministra de Igualdad.

Entonces, ¿la sociedad no puede o no debe criticar una sentencia?

La sociedad siempre está legitimada para hacerlo. ¿Capacitada? Igual no tanto cuando no se le proporciona la información de hecho y de derecho necesaria para valorarla.

Por ejemplo, la condena de Pablo Hasél. ¿No es criticable que se mande a la cárcel a músicos, raperos...?

Que Pablo Hasél sea rapero me da igual. Y criticar las instituciones es una forma de defenderlas. Lo que digo es que el poder ejecutivo no debe hacerlo. Es cierto que en los últimos años hay una aplicación preocupante de los delitos de expresión por parte del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. No se puede sancionar la expresión de ideas reduciendo el espacio de la libertad de expresión. Pero eso no debe significar que tomemos como héroes a quienes vertieron esas opiniones. Amenazar a alguien es amenazar, aun rapeando. Yo estoy en contra de que la gente sea amenazada.

¿Se refiere a las amenazas al rey?

Me refiero a cuando alguien se dirige a otra persona identificándola claramente delante de otras para indicarle una amenaza directa, y creando un riesgo cierto de que alguien ejecute esa amenaza. Hablo de Valtonyc. Si alguna gente hubiera leído las letras por las que fue condenado, igual ya no le defendía tanto.

Me interesa lo que dijo sobre cómo funciona el sistema punitivo al margen de los tipos penitenciarios.

Por ejemplo, con el tema de droga en Galicia. El Estado vio que los narcotraficantes estaban cuestionando el Estado. E hizo una inversión enorme no solo en medios, sino en dinámicas. La maquinaria funciona, no conseguimos acabar con el tráfico de drogas pero sí reducir el poder social de los narcos. Eso es en lo que influye de forma determinante la decisión sobre qué delitos perseguimos. No cambiando el Código Penal. En el Código Penal ya hemos sancionado más de lo que deberíamos.

¿Qué piensa de la ley del jurado?

La legitimidad de las decisiones judiciales no viene de tener mayor o menor apoyo popular, pero que quien tome la decisión concreta sobre los hechos sea una representación aleatoria de la ciudadanía introduce un elemento de legitimidad. Yo creo que deberíamos reformar la ley del jurado, pero para reforzarla es preciso ampliarla.

¿De verdad usted no disfruta de su trabajo? Habla de él con entusiasmo.

Es una cuestión de responsabilidad. Lo que sucede es que no creo en la figura del juez instructor.

Y no es un juez instructor al uso. Toma las declaraciones usted mismo sin secretario o secretaria y siempre tuvo una estética lejana de la que un ciudadano medio espera de un juez: sin corbata, barbado, a veces con melena, coleta…

Cuando empecé era demasiado joven y había quien se sorprendía de mi edad y de la estética. Pero las estéticas que antes asociábamos a un cuerpo profesional determinado han desaparecido. Cada vez sorprendo menos. Siempre me pareció más importante dejar claro que tenemos que tener un trato no diría próximo, pero sí respetuoso con los derechos de las partes.

¿No le gusta transmitir proximidad, cercanía?

La cercanía, la informalidad, el acercamiento que se hace desde la autoridad, pueden llamar a engaño. La justicia no debe ser autoritaria, vertical, inquebrantable… Debe ser abierta, escuchar, respetar… Pero la cercanía es un problema cuando justifica argumentos como el de que no hay que juzgar a alguien por lo que hizo, sino por cómo es esa persona en su conjunto. Es peligrosísimo. El Estado no debe valorar a la persona en su conjunto, sólo debe juzgar el hecho concreto. Si aceptamos lo contrario estamos abriéndole la puerta al autoritarismo.

Ese modelo autoritario, ¿está presente en el Estado español? Por ejemplo con las expulsiones de menores inmigrantes de Ceuta. El ministro pensaba que lo mejor para ellos es expulsarlos,  pero parece que lo hizo saltándose la ley.

Toda persona que ejerce un poder tiende a expandirlo, tenga la ideología que tenga.

Usted dice de sí mismo que es "muy institucional".

Muchas de las cosas que defiendo vienen del discurso liberal. Sin la estructura liberal no hay democracia ni socialismo. No es suficiente ni asegura respuestas justas, pero sin eso es imposible. Hay quien dice que bajo el nazismo regía el principio de legalidad. Mentira. Una de las primeras cosas que hizo Hitler fue untar a una generación de profesores universitarios para construir el nuevo derecho. Un derecho incontrolable porque la ley no tenía ningún valor, el juez no tenía ningún límite y todo tenía que resolverse conforme al "sano sentimiento jurídico del pueblo alemán", que tenía por función vislumbrar cuál era a voluntad del pueblo. ¿Y quién sabía cuál era a voluntad del pueblo? El führer. No hay nada más antisistema que el fascismo. También muchas lecturas del neoliberalismo son profundamente anti-institucionales. Y lo institucional es una de las formas básicas de defensa de lo común. Si el poder institucionalizado no es respetado, defendido y protegido, su espacio va a ser ocupado por otro poder. Tanto el fascismo, por totalitario y por no creer en la defensa de las libertades de las personas, como el neoliberalismo, por creer que todo lo que limite el mercado es malo, generan el derrumbamiento de las instituciones.

¿La izquierda es consciente de eso?

Uno de los defectos de la izquierda es no pensar que defender las instituciones es lo más revolucionario que podemos hacer. La independencia judicial no es un privilegio de quienes tuvimos la suerte de aprobar una oposición, sino la herramienta de la imparcialidad. Defender las instituciones contra el neoliberalismo y contra los totalitarismos es lo más revolucionario que hay ahora mismo.

Los discursos neoliberal y totalitario empapan la sociedad con una facilidad pasmosa.

Frente al peligro de que una parte sustancial de la sociedad abrace las teorías totalitarias o neoliberales, tenemos que defender las instituciones liberales. Hay cosas que no se votan. Da miedo cuando un sector de la izquierda apela a un baremo de apoyo popular para legitimar las decisiones judiciales, pero no apelando a la verdad ni a la ley como fuente de legitimación, sino al grado de adhesión popular de una decisión. Eso implica aceptar que en dos, tres, cuatro o cinco años, o ya mismo por desgracia en algunas zonas del Estado donde la mayoría de la población apoya determinadas teorías de la derecha reaccionaria, el apoyo popular debe ser lo que decida los casos concretos. Es una barbaridad.