Si no llega a ser porque le da nombre a una céntrica calle de la zona nueva de Santiago de Compostela que en tiempos concentró algunos locales de referencia de la movida nocturna estudiantil de la ciudad, es poco probable que Fray Rosendo Salvado les suene a la mayoría de lectores. Y eso que la leyenda cuenta que el monje benedictino es uno de los dos máximos responsables de la actual configuración del paisaje de Galicia. El otro, sin ánimo de ofender, es el Partido Popular.

Resulta que a Rosendo Salvado Rotea (Tuy, 1846-Roma, 1900) se le ocurrió la idea de traer de las misiones en Australia, donde se dedicaba a evangelizar a la población indígena, las semillas de un árbol exótico de supuesta belleza ornamental y hojas de agradable olor, que además crecía a toda velocidad y daba una madera de baja calidad pero ideal para fabricar pasta de papel. Menos de 200 años después, el eucalipto ya es la tercera especie más abundante en Galicia. Y va en ascenso.

Los primeros ejemplares que provienen de aquellas semillas que trajo el fraile aún viven en el parque Castrelos en Vigo, y se considera a O Avó, en Souto da Retorta, en Viveiro, el eucalipto más antiguo de Europa. Sus descendientes ocupan hoy en Galicia una superficie de cerca de 6.000 kilómetros cuadrados, más que el territorio conjunto de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera juntas, según el Inventario Forestal del Ministerio de Agricultura. En España son 15.000 kilómetros cuadrados, algo así como todo la suma de la superficie de la comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona.

Especie invasora dominante

A Fray Rosendo Salvado no le dedicaron una calle por abrir la puerta de Galicia a una especie invasora dominante que reseca y compacta los suelos, capaz de crecer más de 50 metros y de ganarle la batalla del agua y la luz a las especies autóctonas a las que ha ensombrecido. El fraile fue un destacado defensor de los derechos de los aborígenes australianos, pero esa anécdota en su currículum ha condicionado el desarrollo agroforestal de Galicia y roto el equilibrio ecológico y la biodiversidad de sus montes.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, los eucaliptos llenaban unas 100.000 hectáreas de monte en Galicia. En 1992 el Plan Forestal aprobado por el Gobierno de Fraga preveía que se llegara a 2032 con no más de 240.000 hectáreas. El PP ha gobernado 26 de los 31 años transcurridos desde entonces, Feijóo 13 de ellos, y en 2018 ya había más de 440.000 hectáreas de eucaliptos. En la revisión del plan de Fraga que el Ejecutivo de Feijóo presentó hace dos años se prevé una reducción de poco más de 21.000 hectáreas.

"La política forestal de Feijóo ha sido la política forestal de Ence", asegura María Albert, exportavoz de Medio Ambiente del BNG en el Parlamento de Galicia y alcaldesa de A Rúa (Ourense) desde las pasadas elecciones municipales. "El PP ha entregado el país a la industria del papel, da igual si era a costa de los montes comunales o de la superficie agraria útil", añade.

Ence, 247 millones de beneficios en 2022

La principal beneficiaria de esa política es Ence, la empresa papelera propiedad de Ignacio de Colmenares, conde de Palentinos, que gracias a la sobreoferta de madera de eucalipto puede comprarla a bajo precio en Galicia para sus fábricas de Navia, en Asturias, y de Pontevedra. Ence, que se asiente en terrenos públicos en la ciudad gallega, que contaminó durante años con vertidos tóxicos, compra hoy la tonelada de eucalipto de la variedad glóbulus, la más abundante en Galicia, a entre 30 y 35 euros. La madera de castaño, por ejemplo, se cotiza por tres veces esa cifra.

El año pasado, Ence obtuvo unos beneficios después de impuestos de 247 millones de euros. Además de Ignacio Colmenares, en su consejo de administración se sientan varias personas afines al PP como el exprocurador de las Cortes franquistas y exministro de Suárez Fernando Abril-Martorell y el abogado José Antonio Escalona. Hasta hace bien poco, también eran consejeros el exconselleiro de Medio Ambiente de Fraga Carlos del Álamo y la exministra de Medio Ambiente de Aznar Isabel Tocino. 

"Toda la política medioambiental de Feijóo, y ahora la de Alfonso Rueda [su sucesor en la Xunta] está diseñada para satisfacer los intereses de las grandes empresas", añade Albert, quien recuerda expresamente los de las grandes compañías eléctricas a las que la Xunta está estudiando autorizar centenares de proyectos de parques eólicos en zonas protegidas, muchos de los cuales están tumbando los tribunales de justicia, en una estrategia "depredadora y descontrolada".

Anulación de licencias de parques eólicos

Según el portavoz socialista de Medio Ambiente en la Cámara gallega, Pablo Arangüena, sólo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha anulado siete licencias en los últimos meses y estudia decenas de demandas de ayuntamientos y asociaciones ecologistas.

El pasado jueves, Arangüena presentó una proposición no de ley en el Parlamento para instar a la Xunta a que sencillamente cumpla la normativa medioambiental, pero la iniciativa no salió adelante porque el PP, con mayoría absoluta, votó en contra. Unos días antes, la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, advirtió literalmente en unas declaraciones púbicas de que las sentencias del TSXG contra los proyectos de parques eólicos instalados en zonas protegidas "causan inseguridad jurídica".

En el sector ambiental de Galicia también hay puertas giratorias. La exconselleira de Medio Ambiente de Feijóo Beatriz Mato fichó por la eólica Greenalia, antes de que transcurrieran los dos años que establece la ley para que los altos cargos de la Xunta puedan convertirse en directivos de las mismas empresas sobre las que tomaron decisiones. María Jesús Lorenzana fue una de las personas de más confianza de Mato durante su etapa en la Xunta, donde la acompañó durante cinco años como secretaria xeral de las compañías que ocupó.

Confusión de intereses privados y cargos públicos

La confusión de intereses privados y cargos públicos se da en varios otros sectores y territorios de la comunidad. Otro ejemplo es la comarca de A Limia, en Ourense, donde la sobreexplotación de la ganadería intensiva que promueve la empresa Coren ha provocado la contaminación de acuíferos y subsuelos con los nitratos derivados de los purines que vierten las macrogranjas de cerdos y pollos.

Prueba de ellos es la situación del embalse de As Conchas, entre los municipios de Lobios y Muíños, alimentado por el río Limia y donde cada verano se repite un fenómeno recurrente similar al del Mar Menor de Murcia: las cianobacterias que proliferan gracias a los purines convierten las aguas en una sopa verde tóxica que acaba con la fauna y pone en peligro la salud de quienes no hayan advertido que las áreas de baño que tradicionalmente usaban los pobladores de la zona son ahora zonas contaminadas.

La Comisión Europea mantiene abierto desde hace años un expediente de infracción a España por la situación en A Limia, sin que la Xunta haya tomado medidas al respecto -Feijóo prometió en varias ocasiones que construiría plantas de tratamiento, sin que hasta ahora la Xunta haya cumplido-.

Expediente de infracción de la UE

La Comisión también abrió hace veinte años un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento en Galicia de la directiva Hábitat, que obliga a los Estados miembros a proteger las zonas de mayor riqueza medioambiental de su territorio.

La Xunta tiene plenas competencias en esa materia y debería ser la administración encargada de hacerlo, pero durante los trece años de mandato de Feijóo, según el PSOE y el BNG, se paralizaron las nuevas declaraciones haciendo caso omiso de las indicaciones de Bruselas. De hecho, Feijóo dejó Galicia el año pasado como la comunidad con menos espacios protegidos del Estado, apenas un 12%, menos de la mitad de la media española (26%) y casi cuatro veces menos que otras comunidades como Canarias (42,4%), Madrid (39,9%), La Rioja (33,2%) y Extremadura (30,2%).

Rías contaminadas

Las rías gallegas también deberían ser espacios protegidos, pero en varias áreas de muchas de ellas se incumple desde hace años la directiva de la UE que marca los máximos de contaminación que establece la UE, lo que un elevadísimo coste para la producción marisquera.

En algunos casos en los que también se mezclan los intereses públicos con los de empresas con algún vínculo con el PP, los segundos suelen salir ganando. El pasado mes de junio, asociaciones ecologistas y cofradías de mariscadoras y pescadores de Pontevedra acusaron a la Xunta de  inacción y desidia para evitar los episodios recurrentes de toxicidad de las aguas que han provocado la mortandad del marisco y reducido hasta un 70% su producción. 

Rebaja de las multas a las eléctricas

Otra de las protestas frecuentes de las mariscadoras es que la Xunta no ha puesto coto a una práctica habitual de las compañías eléctricas que explotan embalses y centrales de proceder a su vaciado para producir energía sin tener en cuenta los perjuicios ecológicos que eso conlleva, dado que los aluviones de agua dulce repentinos acaban con la vida de los bivalvos cuyos ecosistemas son de agua salada, como almejas, berberechos, ostras, vieiras, zamburiñas...

En 2021, después de varios años de protestas, Feijóo respondió rebajando por ley en un 92% las sanciones que la Xunta puede imponer a las empresas energéticas por el vaciado de embalses. De esa forma, pudo multar con sólo 25.000 euros a Iberdrola y a Naturgy por abrir el verano anterior las puertas de cuatro embalses y poner a producir sus turbinas justo cuando el precio de la electricidad se encontraba en sus máximos históricos.