La Policía de Myanmar (Birmania) cargó este sábado con violencia y disparó botes de gas lacrimógeno contra las manifestaciones pacíficas, en Rangún y otras ciudades, en rechazo de la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero.

Las autoridades golpearon con brutalidad a numerosas personas desarmadas y arrestaron a un número indeterminado, entre ellas periodistas y fotógrafos que cubren las protestas que discurren desde hace semanas a lo largo del país, aunque algunas fueron más tarde liberadas.

La Policía también usó varias rondas de gas lacrimógeno, atestigua un corresponsal de Efe sobre el terreno, así como balas de goma y granadas aturdidoras con el objetivo de dispersar a la muchedumbre congregadas en varios puntos de Rangún, antigua capital birmana y ciudad más poblada.

Desde primera hora de la mañana de hoy las fuerzas de seguridad habían bloqueado varias calles de la antigua capital en un intento vano de evitar las protestas.

Con muebles, contenedores, tablones y parte del mobiliario urbano, algunos manifestantes improvisaron pequeñas barricadas para frenar las cargas policiales y así ganar tiempo frente a la represión de las autoridades.

En Mandalay, ciudad donde la junta militar también afronta grandes protestas, la sureña urbe de Dawei o en la central Monywa, entre otras poblaciones, medios locales informan que también de que se produjo una fuerte actuación policial y decenas de arrestos.

Represión en aumento

La arremetida de las autoridades contra el movimiento de desobediencia civil que desde hace semanas protesta contra el Gobierno militar, encabezado por el general Min Aung Hlaing, sigue al aumento de tensión y violencia policial registrada en los últimos días, que incluye el uso de munición real por los uniformados.

Varias imágenes tomadas este sábado por los medios locales muestran las tácticas de intimidación de la Policía, al rodear con actitud desafiante a una mujer embarazada o apuntar a poca distancia con una escopeta a una voluntaria de los servicios sanitarios de emergencia.

Al menos ocho personas han muerto a raíz de la violencia desatada tras el golpe, tres de ellas por disparos policiales, según los datos hasta el viernes de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Myanmar que además indica que desde la asonada 771 fueron detenidas, incluidas 82 ya en libertad. Entre los todavía detenidos se encuentra la depuesta líder del Gobierno, Aung San Suu Kyi.

Amenazas de la junta

El movimiento de disidencia civil, al que se han unido un gran número de funcionarios –especialmente médicos– que paralizan parte de la Administración, reclama que el Ejército devuelva el poder al pueblo y se reconozca a los líderes electos durante las elecciones de noviembre, cuyos resultados fueron anulados ayer por la Comisión Electoral nombrada recientemente por el Gobierno militar.

El ministerio de Información, ahora en manos de los militares, amenazó la víspera con penas de cárcel de hasta siete años a los piquetes que llaman a mantener una huelga general y a los que la junta acusa de amenazar a trabajadores e incitar a los disturbios.

El Gobierno derrocado pide acciones a la ONU

Durante una reunión el viernes de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar la crisis en Myanmar, el embajador birmano ante la ONU, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, pidió a los países medidas contundentes para terminar con el Gobierno militar y detener la violencia por parte de los uniformados.

"Necesitamos la acción más fuerte posible de la comunidad internacional para detener inmediatamente el golpe militar, parar la opresión de inocentes, devolver el poder al pueblo y restaurar la democracia", dijo el embajador birmano en su discurso al insistir en una mayor presión internacional sobre los militares.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denominan el Ejército   –que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011–, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.