"Mi suegro, mi suegra y mis dos cuñados están presos en China. Fueron condenados a entre siete y 17 años de prisión en 2017 y no sabemos nada de ellos desde entonces. Contraje matrimonio hace dos años y no conozco a los familiares de mi esposa, no sabemos siquiera si están vivos".

Así explica el uigur Arslan Hidayat a Público la situación de sus allegados y, por ende, la de un pueblo milenario perteneciente a una etnia más cercana a las comunidades de Asia Central que a la propia China.

Las organizaciones internacionales y humanitarias estiman que más de un millón de uigures de la Región Autónoma de Xinjiang viven como los familiares de Hidayat, afectados directa o indirectamente por detenciones arbitrarias y otras formas de represión. No hay datos oficiales del Gobierno chino, por lo que es difícil contabilizar el impacto real de la persecución contra los uigures.

"El marido de mi jefa se enteró de que su padre había muerto en enero, pero no recibió la noticia hasta agosto. No hay forma de obtener información, es muy difícil", aclara el también activista de la asociación Campaña por los Uigures (CFU, por sus siglas en inglés). 

Estas historias se repiten en casos de artistas, futbolistas, autoridades universitarias, médicos, profesores, es decir, integrantes de las élites de la sociedad que cumplen largas condenas en campos de concentración o, en palabras de las autoridades chinas, "campos de reeducación".

"La versión que defiende el Gobierno chino es que está encerrando a extremistas, terroristas o simpatizantes, pero, si observas el currículum de estas personas encarceladas, son gente común que intenta vivir y ganarse la vida", denuncia Hidayat.

Las autoridades chinas también aseguran que han cerrado los campos de concentración, pero la documentación aportada por periodistas e investigadores internacionales mediante el uso de imágenes vía satélite, testimonios individuales y documentos oficiales chinos filtrados desacredita esa versión.

De la colonización al ‘Gran Hermano’ chino

Los uigures son una etnia de religión musulmana y de habla turca que habita en la extensa Región Autónoma de Xinjiang, al noroeste de China. Al igual que las naciones vecinas de Asia Central (kazakos, uzbekos y kirguises), pertenecen a los llamados pueblos túrquicos.

Se estima que su población es de más de once millones de personas, pero son una minoría frente a los casi 1.500 millones de chinos que habitan en el país, mayoritariamente de la etnia han y budistas (la religión oficial en el Estado chino). 

A diferencia de los uigures, la etnia china predominante vive en el centro y oriente, en zonas más cercanas al mar y en las cuencas de los de los grandes ríos: el Amarillo y el Yangtzé; aunque durante los últimos años, las autoridades han promovido el desplazamiento de la población hacia el noroeste para presionar al pueblo uigur.

"China ha llevado a cabo un proceso gradual de colonización interna en contra de los chinos uigures hacia este territorio autónomo, sobre todo, desde el establecimiento de la República Popular por Mao Zedong, desde 1949 hacia adelante", explica a Público el embajador retirado Juan Manuel López-Nadal, que estuvo destinado en China y Hong Kong, entre otras sedes diplomáticas española en Asia.

Maya Wang, directora interina de Human Right Watch (HRW) en China, coincide en que se ha producido (y se sigue produciendo) una migración "forzosa" hacia Xinjiang: "Los uigures están hartos de esta colonización y de estar marginados económica y socialmente por tener una identidad distinta, mientras las autoridades les repiten cada vez más que tienen que ser leales al régimen chino".

En respuesta, se han producido episodios violentos que las autoridades de Pekín han aprovechado para acusarles de terrorismo. "Sobre estos incidentes, no está del todo claro qué es lo que ha sucedido porque es una región a la que el Gobierno impone un estricto bloqueo de las noticias. No se sabe qué ocurre allí".

Desde que Xi Jinping tiene el poder, es decir, desde 2013, la represión y vigilancia han aumentado sobre toda la población de China, y esto se ha traducido en un escenario "mucho peor" para los uigures.

Son castigados por comportamientos legítimos en las leyes chinas, como "atender al funeral de un vecino" si éste se celebra de acuerdo a los ritos musulmanes. "Este hecho, por ejemplo, está castigado con cuatro años de prisión", explica Wang a este medio.

Según Amnistía Internacional, desde 2017 se califica de "extremista" a una persona por motivos como negarse a ver programas de la televisión pública o lucir una barba considerada "anormal".

El Gobierno de Pekín está utilizando, además, las tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, para crear un régimen de vigilancia total de los ciudadanos, con mayor énfasis en territorios considerados díscolos, como Xinjiang, Tíbet o Hong Kong.

Se monitorean los movimientos, comportamientos y relaciones personales de la ciudadanía. "También se imponen medidas de control de nacimiento, lo que se consideran crímenes contra la humanidad", expone Wang.

El abandono de sus iguales y de la comunidad internacional

Turquía y la etnia uigur comparten lazos históricos, pertenecen a la misma etnia, religión, e incluso tienen una lengua muy similar. Los uigures siempre han reivindicado un Turkestán Oriental.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en una visita a Uzbekistán en 2009, llegó a reconocer que la población uigur estaba siendo sometida a un genocidio, en un acto en el que se consolidó como el líder musulmán que desafiaba al régimen totalitario de China.

Pero pasados 14 años todo ha cambiado y Turquía es hoy una nación muy dependiente de las relaciones económicas con Pekín. Por ese motivo, los uigures han pasado de estar amparados por Ankara a encontrarse entre la espada y la pared. Lo mismo ha ocurrido con buena parte de los países de Oriente Medio y las naciones musulmanas.

El silencio también se observa en el resto de la comunidad internacional, incluidas las potencias de Occidente. Precisamente, se acaba de cumplir un año de la publicación de un duro informe de las Naciones Unidas en el que se denunciaron las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Xinjiang e incluso se advirtió de que se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero transcurrido este tiempo, nadie ha plantado cara a Pekín. 

"En lugar de actuar con urgencia conforme a las conclusiones del informe sobre la existencia de violaciones graves del derecho internacional en China, la comunidad internacional eludió las medidas necesarias para promover la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas", advirtió el pasado agosto, cuando se cumplió el aniversario del informe, Amnistía Internacional en un comunicado.