“DRAMA: NAUFRAGIO frente a #BOJADOR, una #patera con 50 personas. Confirmando al menos 20 personas fallecidas #nomastragedias”. 180 caracteres daban la voz de alarma. Era 12 de mayo y la activista española Helena Maleno alertaba de una nueva barca a la deriva cerca del Sáhara Occidental, a unos 200 kilómetros de la isla de Gran Canaria. La noticia no tardó en confirmarse. Ese mismo día el mar devolvió a la costa africana dos de los cuerpos. Los demás fueron empujados por la marea varios días después. En total fueron 12 personas de Guinea Conakry, Camerún y Costa de Marfil, entre ellos tres niños. Doce que, a pesar de haber sido enterrados sin nombres ni apellidos, tenían una identidad y un motivo para querer arriesgar sus vidas hasta el punto de perderlas: no podían llegar a España de otra forma.

Instituciones, ONG y asociaciones de migrantes están de acuerdo. Venir hoy a nuestro país de manera legal -hablamos solo de migración económica, no de personas refugiadas- y, por tanto, sin exponerte a los abusos y los peligros de las redes de tráfico de personas es prácticamente imposible. Mucho más si eres de origen subsahariano. A lo largo de 2015, apenas 265 personas consiguieron un permiso de residencia y trabajo para poder llegar a España. 265 de un total de 48 países que componen el África negra. Es casi la misma cifra de visados (259) que se concedieron ese mismo año a los ciudadanos procedentes solo de Ucrania. Son las nuevas fronteras de papel.

El volumen de visados se muestra aún más insuficiente si se compara con el número de personas que, a falta de vías legales, tuvieron que recurrir a la inmigración irregular. Según la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, en 2015 se detectaron 874 intentos de entrada en las Islas Canarias y otros 7.164 por Ceuta, Melilla y la ruta por mar hasta la costa andaluza. 106 perdieron la vida en el camino. Casi la mitad de los cuerpos nunca fueron encontrados. “Tenemos que entender que la gente está muriendo en este proceso migratorio. Ni el mar, ni las vallas van a detener a estas personas. Hacen falta mecanismos para que no pongan su vidas en peligro”, demanda María Jesús Herrera, jefa de Misión de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en España.

Vía libre para los deportistas

El problema son los requisitos. Para conseguir una autorización de residencia temporal y trabajo que te permita llegar cómodamente en avión a España es imprescindible que un empresario o entidad española te haga un contrato en origen. Primera barrera. Es difícil que hoy, sobre los escombros de una burbuja inmobiliaria dinamitada, y con un 19,8% de paro alguien se decida a buscar mano de obra fuera. No obstante, el verdadero rodillo es el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. La ley especifica que la contratación de personal extranjero solo será posible si “la situación nacional del empleo lo permite”. Esto es, si el trabajo que se quiere desempeñar está dentro del catálogo de oficios que el Servicio Público de Empleo publica cada trimestre. No hay más que fijarse en la lista actual para comprobar qué tipo de migrantes trabajadores necesita nuestro país: Algunos técnicos de marina mercante y, fundamentalmente, deportistas profesionales y entrenadores deportivos. Para ellos sí se dejan todas las puertas abiertas.

“El catálogo de hace unos años era mucho más amplio”, señala la abogada de la ONG Red Acoge Inés Díez. "Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid contrató a personas de Mali para las obras de reforma de la M30. Sin embargo, tras la crisis, ninguna comunidad autónoma oferta nada. La contratación en origen hoy es prácticamente inexistente”. Serigne lo corrobora. Él es de Senegal pero lleva diez años en España. En su país trabajaba como pescador hasta que la llegada de los grandes barcos europeos y sus técnicas de arrastre le quitaron literalmente la comida de la mesa. En solo un año, apenas consiguió pescar un tercio de lo que el mar le ofrecía antes. Por eso decidió marcharse. “Quería viajar legalmente. Solicité el visado de turista, porque el de trabajo era imposible, pero ni siquiera así me lo dieron. La política de las embajadas es no concederlos. Pasaron muchos meses, incluso alguien nos pidió pasta para acelerar las cosas. Yo no creía en ese visado, por eso cuando en 2006 empezaron a salir las pateras lo tuve claro”.

Mamadou Agne, de la Asociacion de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), asegura que “existe corrupción en las embajadas, hay gente que se dedica solo a 'agilizar' visados a cambio de dinero”. Agne recuerda el caso del embajador español en el Congo destituido en 2014 tras ser acusado de vender visados a 2.900 euros o la reciente expulsión de otra funcionaria de la misma embajada el pasado mayo. El cierre de las vías legales llena muchos bolsillos, y no solo el de los traficantes.

“Yo sabía que la gente moría, había visto cómo el mar rechazaba los cuerpos, pero el deseo de buscar algo para mejorar mi vida era mucho más fuerte. Si algunos habían muerto y otros lo habían conseguido, por qué no intentarlo”, reconoce Serigne. Durante todo el año pasado, el Gobierno español solo concedió 15 visados de residencia y trabajo a ciudadanos de Senegal.

Ciudadanos invisibles

Son las once de la mañana y ya hay cola en el 140 de la calle Santa Engracia. Es la sede principal en Madrid de la ONG Karibú - “Bienvenido” en swahili- dedicada desde 1990 a la atención y asistencia humanitaria de personas africanas afincadas en España. Ahora toca reparto de alimentos, en los carritos introducen leche, arroz, pasta, aceite y tomate. La cesta básica de la compra. Pero su labor abarca muchos más ámbitos: legal, formativo, sanitario. Atienden entre cinco y seis mil personas al año y sus listas de inscritos son un termómetro social de la realidad africana. En los 90 procedían de Angola, Ruanda, Costa de Marfil. Ahora la mayoría llega desde Etiopía, Somalia o Camerún. Todos tienen algo en común, lo hicieron sin papeles. “Conseguir llegar aquí no es regalo, ni solución”, insiste Antonio Díaz, director de Karibú. Él empezó a ayudar a estas personas cuando, como el mismo dice, “todavía el Gobierno ni siquiera se había enterado de que había africanos en España”. Por eso sabe bien que venir como irregular implica seguir siéndolo durante al menos tres años más. Es el plazo que se exige para poder conseguir la residencia por arraigo. “Es muy difícil vivir tres años indocumentado, invisible, sin tener la desgracia de que te detengan en la calle. No podemos tener a personas en situación irregular tanto tiempo. Cuanto más pase, más riesgo tenemos de hacer sufrir a una persona”, critica Díaz.

Peor aún es la situación de los que se quedan al otro lado del Estrecho. Es el caso de Godjia. Ella llegó a Melilla desde Niger. Lo hizo con su hijo, que entonces tenía 6 años. Juntos atravesaron Argelia y Marruecos. Una vez en Nador, compraron una pequeña barca junto a otros migrantes y se lanzaron al agua en dirección a suelo español. Desde entonces lleva cinco años esperando en el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de Melilla a que alguien le diga cuándo podrá continuar su viaje. “Quiero conseguir los papeles, quiero ir para arriba. Pregunto, pero me dicen espera, espera”, cuenta Godjia. Ni siquiera sabe que tiene derecho a exigir una respuesta. De momento, ella “espera, espera” a lo largo de unos días que se parecen demasiado y en los que trata de llenar las horas cocinando para sus compatriotas bajo el puente que hay junto al CETI. “Quiero una vida mejor con mi hijo. Mi marido murió por una larga enfermedad y yo no tenía trabajo, por eso nos fuimos. Ahora me gustaría ir a Valencia o Madrid”.

El derecho a migrar

En noviembre de 2015, bajo la presión del éxodo de personas refugiadas en la ruta de los Balcanes y con la conciencia golpeada por la imagen de un niño sobre la arena, la Unión Europea convocaba en la ciudad de La Valeta (Malta) una cumbre para dialogar de una vez por todas sobre los nuevos retos de la migración. Jefes de Estado de gobierno africanos y europeos acordaron “organizar mejor los canales legales para llegar a Europa e intensificar la lucha contra las redes criminales de tráfico de personas”. De hecho, se comprometió la creación de un fondo de 1.800 millones de euros para hacer frente a las causas profundas de la migración irregular en África. Sin embargo, ocho meses después, los países socios apenas han aportado el 4,5% del dinero.

La migración sigue sin ser su prioridad, ni la nuestra. Durante este mismo periodo (desde enero de 2016), Frontex ha detectado ya 2.105 intentos de entrada irregular a través de nuestras fronteras. Según la base de datos del proyecto internacional Missing Migrants, 131 personas habrían muerto o desaparecido en lo que llevamos de año junto a nuestras playas, sin que se haya planteado ni una sola nueva medida para evitarlo.

“Tenemos que dejar de ver la migración como un problema. Es simplemente una realidad y como tal hay que aceptarla”, defiende María Jesús Herrera, “las fronteras existen, por supuesto, pero hay que abrirlas. Eso sí, de forma regulada”. La Jefa de Misión de la Organización Internacional de las Migraciones propone, por ejemplo, impulsar la denominada “migración circular”. Esto es, ofrecer contratos estacionales, como ya hace Francia o Italia, a trabajadores temporeros. Una experiencia que también se ha probado aquí en España con los trabajadores de la fresa marroquíes en Huelva. Herrera también aboga por aumentar el flujo de visados, abrir el famoso catálogo. “Hay un sector informal que se está nutriendo de migrantes: en la limpieza, el cuidado de mayores, la hostelería ¿Por qué no se incluyen esos oficios en el catálogo?”.

Mamadou Agne, de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, también sugiere sumar a la lista trabajos relacionados con la agricultura. “Ahora mismo se está explotando a los migrantes irregulares en el campo. Eso quiere decir que hay una mano de obra que todavía puede ser útil a España. Los estados nacionales africanos podrían fomentar la capacitación de los jóvenes para responder a esas necesidades”. Para Red Acoge, sin embargo, la migración no tiene porque estar siempre vinculada al trabajo. “Deberían facilitar más la reagrupación familiar. Nuestra legislación permite que puedan venir solo familiares ascendentes mayores de 65 años y descendientes menores de edad, pero la familia africana no es como la española sino mucho más amplia”, explica su abogada Inés Diez. Es cierto que la reagrupación familiar subsahariana -con unas 2.269 personas reagrupadas en 2015- ha crecido en los últimos años, pero aún está lejos, por ejemplo, de la latinoamericana –con 3.845 solicitudes aprobadas- o incluso la marroquí –con 8.168 reagrupaciones-. “Lo que parece claro es que no se podrá implementar ninguna de estas propuestas sin el consentimiento de Europa”, puntualiza Diez.

Habrá que convencer a Europa y también a la opinión pública. La sobre exposición de aspectos negativos relacionados con la migración, el uso de términos como “oleadas” o “asaltos masivos” explican por qué, según la encuesta realizada por Gallup en 2014, dos de cada tres españoles cree que “en nuestro país hay más inmigrantes de los que puede acoger”. Esa imagen distorsionada que a veces ofrecen algunos discursos políticos y mediáticos no cuenta, sin embargo, que hoy los ciudadanos extranjeros apenas representan el 10% de la población en España, el 0,4% en el caso de los subsaharianos.

“Hay que entender que la migración es un derecho, no un delito. La división que se ha querido hacer ahora entre migrantes y refugiados para cerrar la puerta a los primeros es injusta”, insisten desde la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, “a nosotros nadie nos da la bienvenida, pero al final todos -migrantes y refugiados- seguimos las mismas rutas migratorias, hemos vivido las mismas situaciones de vulnerabilidad. Ambos hemos dejado muertos en el camino”.

Este reportaje ha sido realizado dentro del programa "Periodistas de Frontera", impulsado por el Instituto Panos para el África Occidental (IPAO)