Han transcurrido más de seis años desde aquel fatídico 25 de agosto de 2017 que dejó sin respiración a la comunidad internacional, cuando se desató una oleada de violencia en Myanmar contra el pueblo rohinyá.

Aquel genocidio, consecuencia de medio siglo de leyes y políticas de exclusión hacia los grupos étnicos y religiosos minoritarios en ese país asiático, causó más de 600.000 refugiados, hasta 13.000 muertos y la destrucción de la mitad de sus hogares sólo en el primer mes de terror, según informó en su día Médicos sin Fronteras (MSF). Pero distintas fuentes humanitarias, incluida esta organización, aseguran que las cifras son considerablemente mayores.

Son muchos los relatos de testigos presenciales, imágenes por satélite, pruebas fotográficas y vídeos que han sido recogidas por organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW). "Todas las pruebas apuntan a la misma conclusión, cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas rohinyás han sido víctimas de ataques generalizados y sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad", ha denunciado AI.

Uno de los elementos que diferencia a los rohinyás de las fuerzas que controlan el poder en Myanmar es la religión: son musulmanes frente a la mayoría budista que predomina en el país. Considerado por Naciones Unidas como uno de los grupos minoritarios más perseguidos en el mundo, esta comunidad habita en el estado birmano de Arakan. No obstante, reducir el conflicto a la cuestión religiosa no es lo más correcto, pues intervienen otros factores.

"Desde hace décadas, los rohinyás son acusados por los nacionalistas arakaneses, el Ejército y el Gobierno birmano de ser migrantes ilegales provenientes de lo que ahora es Bangladés", explica en una conversación telefónica desde Bangkok el editor de la revista Frontier y experto en Myanmar, Carlos Sardiña. Los rohinyás no están incluidos entre los 135 grupos étnicos reconocidos oficialmente por las autoridades, por lo que son considerados apátridas y carecen de derechos.

¿Contribuyó Facebook a la violencia? 

Los algoritmos de Facebook, la red social de Meta propiedad de Mark Zuckerberg, habían permitido la difusión de incontables mensajes de odio contra los rohinyás. El modelo de negocio de Meta está basado en perfiles invasivos y publicidad dirigida; y eso fomenta la difusión de contenidos nocivos, "incluida la incitación a la violencia", según ha denunciado Amnistía Internacional.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (MIIDH) señaló también que las redes sociales habían desempeñado un "papel determinante". "En lo que respecta a la situación en Myanmar, las redes sociales son Facebook", matizó el presidente de esa misión internacional, Darus Darusman, en unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

"Las autoridades de Myanmar han envalentonado a quienes predican el odio y silenciado a quienes defienden la tolerancia y los derechos humanos", advirtió el informe de Darusman. "Facebook ha creado un entorno donde el discurso de los extremistas puede prosperar, así se legitiman las violaciones de los derechos humanos y se facilita la incitación a la discriminación y la violencia".

Con motivo del sexto aniversario de esa violencia masiva, AI ha difundido un informe en el que recoge documentos internos de Meta filtrados por la denunciante Frances Haugen, un caso que recibió el nombre de los Papeles de Facebook. El informe determina que "los contenidos que incitan a la violencia y la discriminación se amplifican y se llevan directamente a las personas con mayores posibilidades de actuar sobre esta incitación". Además, Facebook era conocedor de los "riesgos de su algoritmo".

Amnistía Internacional recoge también una publicación en la que se criticó y atacó a un defensor de derechos humanos por su supuesta cooperación con el enviado de la ONU para la Misión Internacional de Investigación sobre Myanmar. El usuario de la red social calificó al activista como "traidor nacional" y se refirió a él con el adjetivo "musulmán". 

La publicación fue compartida más de 1.000 veces y provocó numerosos comentarios pidiendo que se matara a esta persona. Entre esos comentarios, aparecen los siguientes: "Los musulmanes son perros y necesitan ser fusilados" o "No lo dejes con vida. Elimina toda su carrera. El tiempo no se detiene". La misión de la ONU lo denunció e intentó que Meta tomara medidas para, posteriormente, reconocer que la respuesta de la empresa fue "lenta e ineficaz".

La comunidad rohinyá es consciente del daño que directa o indirectamente hizo la empresa multimillonaria Meta, por lo que sus integrantes piden reparación y una indemnización. Concretamente, reclaman una inversión de un millón de dólares para "proyectos educativos en sus campos de refugiados".

"Culpo a Mark Zuckerberg, Facebook y a las personas que dirigen Meta de ayudar a crear las condiciones que permitieron que el Ejército de Myanmar desencadenase el infierno sobre nuestro pueblo", denuncia el rohinyá Maung Sawyeddollah en un comunicado que recoge AI en su investigación. "Facebook debe pagar. Si no lo hacen, iremos a todos los tribunales del mundo. Nunca abandonaremos nuestra lucha", reza la demanda de otro miembro de la comunidad.

Pero ¿a qué sanciones se expone Meta? "Lamentablemente, a ninguna", responde a Público Sherilyn Naidoo, asesora Legal y de Políticas Públicas sobre Tecnología y Derechos humanos de AI. "La reparación de los daños ocasionados por el modelo de negocio de Meta se busca a través de recursos legales, ya que tenemos constatación de que los productos y algoritmos de Meta avivaron el odio, ignoraron las preocupaciones de derechos humanos de los activistas y, por lo tanto, contribuyeron a las violaciones", añade.

"Por lo tanto, Meta está obligada, según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, a proporcionar reparaciones a los rohinyás", afirma Naidoo.

Sobre las posibles herramientas legales que podrían usarse contra Meta por su pasividad en la prevención de la difusión del discurso de odio, la asesora de AI lamenta que "desafortunadamente no hay ninguna". Aún así, esta organización sigue buscando y desarrollando estándares y recursos legales para hacer justicia.

La inmunidad de las plataformas de Internet

Para encontrar las pruebas, los investigadores han estudiado otros casos, entre ellos, el que falló el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre Nohemí González (una de las víctimas de los atentados yihadistas ocurridos en París en 2015) contra Google. La denuncia interpuesta por sus familiares reclamaba que YouTube había brindado apoyo material a los terroristas del Estado Islámico al difundir sus vídeos y con ello ayudar a captar adeptos a la causa yihadista.

Este caso de la estudiante estadounidense asesinada buscaba revocar la sección 230 de una ley estadounidense que otorga inmunidad a las plataformas de Internet (como Meta) que publican información proporcionada por terceros.

"Lamentablemente, no fue revocada con éxito. No obstante, según los términos del derecho internacional, existe el deber corporativo de proteger los derechos humanos y brindar acceso a un recurso efectivo cuando ocurren daños. Por lo tanto, Meta debe proporcionar reparaciones por los daños", explica la fuente.

Una persecución anunciada

Al inicio de la larga dictadura de la Junta Militar (1988-2011), el Ejército birmano puso en marcha una campaña en Arakán contra los migrantes ilegales provenientes de Bangladés. La violencia provocó que un cuarto de millón de personas de esta comunidad huyesen al país vecino.

En respuesta, "el Gobierno bangladesí presionó a los refugiados para que volvieran a Myanmar, recortándoles las raciones de comida y ejerciendo presiones al Gobierno birmano", explica Sardiña, autor del libro The Burmese Labyrinth (El laberinto birmano). La inmensa mayoría de esos 250.000 refugiados volvieron a la antigua Birmania.

A inicios de los años noventa del siglo XX se puso en marcha otra operación militar, esta vez sin la excusa de buscar migrantes ilegales, y resultó con 200.000 personas desplazadas. En esta ocasión se justificó, principalmente, en el ataque del grupo armado Rohinya Solidarity Organisation (RSO) contra el Ejército, lo que provocó que a los rohinyás se les quitase la ciudadanía birmana.

La ley de ciudadanía data de 1982 y  contempla como criterio principal pertenecer a "la raza nacional birmana". El Gobierno birmano, hasta hoy, sigue sin aceptar el criterio de raza para los rohinyás. "Pero también es verdad que cualquiera que tuviese la ciudadanía, según la ley anterior, podía preservarla", matiza el experto.

La mayoría de los rohinyás podía demostrar que tenía la ciudadanía según la ley previa a 1982, o al menos podía tener ese derecho y además demostrarlo con papeles. "Lo que hizo el Gobierno [militar] fue quitarles los documentos y, en su lugar, les dieron unas tarjetas para residentes permanentes extranjeros". Fue un proceso gradual que comenzó a inicios de los años noventa.

En manos de traficantes

Más del 90% de los rohinyás que habitaban en la zona norte de Arakán huyeron, acorralados, a Bangladés en 2017. Aún quedan integrantes de esta comunidad en Myanmar, muchos de ellos en campos de refugiados internos tras haber sido desplazados por las oleadas de violencia sectaria de 2012. Allí llevan desde entonces.

"Son básicamente campos de concentración", denuncia el escritor y periodista Carlos Sardiña, quien detalla que muchos huyen a Bangladés, pero otros muchos tratan de ir a Malasia. "Los que tienen dinero lo hacen por tierra, pagando sobornos a la Policía por el camino a través de Tailandia, para luego llegar a Malasia. Los más pobres se ponen en manos de redes de traficantes de personas muy peligrosas. Muchos mueren en el camino", lamenta.