60 años del Tratado de RomaLos retos de una UE con un mañana incierto

El 25 de marzo de 1957, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia firmaron el Tratado de Roma que dio lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

Dicho tratado, absolutamente impensable unos años antes en una Europa asolada por la guerra, sienta las bases de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Una Unión cuyo principal pilar es precisamente el mercado único que estableció la CEE y que hoy celebra su 60 aniversario con 28 Estados miembros frente a los 6 que fundaron la institución.

Lo hace sin embargo en medio de la incertidumbre por la salida del Reino Unido, el ascenso de una extrema derecha que en los años 30 fue responsable de una guerra que la UE nació para evitar ver repetida y en plena crisis de identidad política europea.

En Público hemos querido abordar los principales retos para el futuro incierto de la Unión Europea de la mano de expertos y políticos europeos.

El Brexit

Si algo ha empañado el 60 aniversario de la fundación ha sido sin duda la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea en 2016. Teresa May invocará el artículo 50 el próximo día 29 de marzo. May respeta así su compromiso de no eclipsar la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno que el resto de Estados miembros celebra este sábado en Roma. Cuando llegue la confirmación, comenzará la cuenta atrás.

Dos días más tarde el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentará las directrices de la negociación y el 29 de abril, los líderes de la UE se reunirán en una cumbre a 27 para transformar esas directrices en un mandato de negociación para el abandono de Reino Unido de la Unión. Fuentes diplomáticas esperan que se alcance un acuerdo político antes de otoño de este mismo año para evitar “entrar en una grave crisis”.

Dicho acuerdo afectaría al arreglo presupuestario y a los derechos tanto de los ciudadanos europeos residentes en territorio británico como a los británicos que residen en Europa. El jefe negociador de la Comisión, Michel Barnier, confía en que no sea necesario agotar el plazo de dos años que establecen los tratados y cree que podría alcanzarse un acuerdo de desconexión en octubre de 2018.

Este proceso nada tiene que ver con las negociaciones que más tarde deberán llevarse a cabo para determinar la relación entre el Reino Unido y la UE tras el Brexit, aunque sin duda se verán afectadas por el resultado de éste. Una vez se confirme la demanda de cese de pertenencia a la UE, Reino Unido podría renegociar sus relaciones con la institución como Estado independiente.

En ese sentido se plantean, a priori, tres modelos diferentes posibles. Una de las hipótesis era que los británicos formaran parte del Espacio Económico Europeo pero May descarta participar del Mercado Único, que incluye la libre circulación de personas. Fuera de este marco, la ruptura total o los acuerdos bilaterales en materias específicas parecen lo más probable.

La extrema derecha y el euroescepticismo

Sin duda uno de los grandes retos a los que la se enfrenta UE en los próximos años es el ascenso de movimientos y partidos de extrema derecha. La deriva autoritaria de los gobiernos húngaro, checo o polaco es de sobra conocida en la Unión Europea. Sin embargo, el fuerte crecimiento en los últimos años de partidos políticos xenófobo en países tradicionalmente progresistas como Austria, Dinamarca, Francia, Países bajos o Alemania ha encendido todas las alarmas.

Desde el European Policy Center, defienden la necesidad de abordar la “poli-crisis” que vive la Unión Europea en materia migratoria, económica o de seguridad… pero insisten en que lo más importante es “hacer frente al desafío que los populistas plantean no sólo a la UE sino a nuestras democracias”.

En los últimos meses, Europa ha pasado de ver como un problema la mera existencia de partidos y movimientos de ideología xenófoba a celebrar que no hayan crecido tanto como predecían las encuestas. Un claro ejemplo es la derrota en las elecciones del pasado 15 de marzo del Partido por las Libertades holandés (PVV) liderado por Geert Wilders, condenado por incitación al odio. Lo cierto es que Wilders, con un discurso marcadamente racista, logró un 20% de los votos. Y no solo eso, consiguió también marcar la agenda. Mark Rutte, líder del partido conservador y que compró el discurso del PVV durante la campaña, fue el vencedor de esas mismas elecciones.

El próximo 23 de abril, Francia celebra la primera ronda de las presidenciales con Marine Le Pen y el Front National a la cabeza de las encuestas, aunque el liberal Emmanuel Macron le pisa los talones. El ascenso de la extrema derecha coincide además con la caída de los partidos socialdemócratas, con la notable excepción de Alemania que también celebra elecciones en otoño.

Tanto Wilders como Le Pen o Matteo Salvini, al frente de la Lega Nord italiana, apuestan por la salida de sus países de la UE. Defienden las políticas sociales y rechazan la globalización pero lo hacen desde una óptica racista, no internacionalista que se opone frontalmente al proyecto europeo.

La Europa social, el gran desafío económico

Durante los últimos 10 años, la crisis económica ha centrado la actualidad de la Unión Europea. Una crisis marcada por las políticas de austeridad que han llevado al empobrecimiento de una parte de la población europea y en muchos casos, al aumento de las desigualdades.

La Unión sigue avanzando para tratar de armonizar sus políticas económicas y el control bancario pero aún queda mucho por hacer y éste será uno de los retos en el futuro. El todavía presidente francés François Hollande llegó a defender la necesidad de instaurar un Gobierno, un Parlamento y un presupuesto comunes para los países de la Eurozona con el objetivo de hacerla más democrática y reforzarla.

Pero no solo el pilar económico de la UE necesita ser reforzado, también y sobre todo, el social. Una demanda que ha sido además constantemente defendida por gran parte de la ciudadanía europea, que aboga por la armonización de los derechos sociales y laborales.

En este sentido, Alessio Terzi, economista de Bruegel, considera que el mayor desafío de la UE en materia económica para el futuro es simplemente cumplir el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que hace referencia precisamente al pilar social. Dicho artículo defiende el crecimiento económico y la competitividad que tienda “al pleno empleo y al progreso social” así como asegurar la protección del medio ambiente o la lucha contra la exclusión.

“La legitimidad de la UE”, entiende Terzi, “no se basa en la sensación de pertenencia sino en si la UE sirve a cada ciudadano o los Estados miembros”. Y por tanto, que la Unión sea capaz de “mantener el crecimiento, al tiempo que garantiza una reducción de la desigualdad entre los países, y no su avance, será clave”. El economista de Bruegel insiste además en la UE debe asegurar el buen funcionamiento del euro para hacer frente a futuras crisis.

La política comercial de la UE, en tela de juicio

La Unión Europea ha potenciado en los últimos años su política comercial, cerrando acuerdos de intercambio con países como Perú, Colombia, Corea del Sur o Sudáfrica y más recientemente con Canadá.

Las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, han estado cargadas de polémica, especialmente por la opacidad denunciada por ciudadanos y eurodiputados. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero también las reticencias de varios países, han dejado tocado este acuerdo, muy criticado por organizaciones, sindicatos y partidos de la izquierda.

El clima de desconfianza generado en torno al TTIP afectó a la firma del CETA, a la que los mismos grupos se opusieron. Aunque el Parlamento Europeo logró sacar adelante el texto el pasado mes de febrero, lo cierto es que incluso una parte de la socialdemocracia europea se opuso. Además, la Región de Valonia que bloqueó en su día las negociaciones, sigue oponiéndose al texto y por tanto, a su ratificación.

Estas complicaciones han puesto en tela de juicio la política comercial europea. De un lado, por los socios europeos con los que se están en plenas negociaciones y que empiezan a comprender la complejidad de la toma de decisiones en Bruselas. Una complejidad que provoca cierta inseguridad. De otro, por los millones de ciudadanos europeos que han expresado su oposición a estos acuerdos que consideran opacos y poco protectores para sus derechos.

En este contexto, el avance de las negociaciones del TTIP está en el aire, sin contar con una posible negociación con Reino Unido tras el Brexit.

La política exterior y de seguridad común

Con la llegada de Donald Trump al poder, la Unión Europea se enfrenta a un escenario completamente nuevo en materia de política exterior. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la UE no cuenta con total seguridad con un fiel aliado en occidente. De hecho, el actual presidente de Estados Unidos ha coqueteado con los partidos de la derecha antieuropea e incluso celebró el Brexit.

Aunque el vicepresidente Mike Pence, en una visita a Bruselas el pasado 20 de febrero insistió en que Estados Unidos desea ver una Europa “fuerte y unida”, lo cierto es que esto contradice los continuos ataques a la construcción europea de Trump. Además, sus reticencias a financiar la OTAN levantan suspicacias entre los Estados miembros que durante años han contado con la protección a Estados Unidos.

De nuevo, una Europa fuerte aprovecharía la oportunidad para avanzar en este ámbito pero no parece que la mayoría de los países, especialmente los del Este, estén dispuestos a hacerlo. Además, en los últimos años la tensión con Rusia, de la que la UE critica su “agresiva política respecto a Ucrania y sus vecinos”, ha ido en aumento. Y la cercanía de Trump a Vladimir Putin no gusta nada en Bruselas, pues general una enorme incertidumbre. Más si cabe en una región que presenta una inestabilidad constante.

Por otro lado, quizá una de las grandes decepciones de la política europea de los últimos años ha sido su estrepitoso fracaso en la gestión de la denominada crisis de los refugiados. La Unión Europea, que aspiraba a convertirse en un actor humanitario de referencia, (es el mayor donante de ayuda humanitaria y al desarrollo del mundo), ha sido incapaz de gestionar una emergencia en su propio territorio.

La externalización de las fronteras, parte de una agenda de seguridad que no parece sea excepcional, ha mostrado el total desinterés de la UE por la suerte de miles de personas que huían tratando de llegar a Europa. Esto ha minado enormemente la imagen de la Unión Europea en el mundo ya que no solo ha sido criticada por oenegés y ciudadanos sino también por la propia ONU y sus agencias. La UE tiene además otro reto por delante respecto a aquellas personas que lograron alcanzar Europa: su integración, la integración de los que son los nuevos europeos.

Respecto a la externalización de fronteras, ésta ha creado un nuevo problema a la UE, que es en realidad muy viejo. El acuerdo UE-Turquía para cerrar la vía migratoria oriental hacia Europa dejó a la UE en manos de Recep Tayyip Erdoğan. La ausencia de respuesta europea ante la deriva autoritaria en el país que ha seguido al intento de golpe de Estado el pasado mes de julio, supone un grave precedente. Más si cabe, cuando hay un futuro acuerdo con Libia en términos similares en vías de negociación.

El control de los flujos migratorios seguirá siendo un desafío para la UE a la luz de la situación en Siria, Yemen, Somalia o Nigeria. En términos de trabajo para poner fin a los conflictos, Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea sigue de cerca las negociaciones de paz de los conflictos abiertos en Oriente Medio. Así y todo, la respuesta además de ser humanitaria y de desarrollo, debe pasar por la habilitación de vías seguras de llegada. La reforma del asilo en la que trabajan las instituciones será clave. La voluntad política, definitiva.

La Europa de los 27

La cumbre de Roma aspira no solo a celebrar los 60 años de paz que la instauración de la Unión Europea han supuesto para Europa sino también a establecer las bases de la UE del futuro. Dichas bases, reconocen fuentes diplomáticas, han tenido muy en cuenta el Libro Blanco que la Comisión presentó a principios de éste mes. Éste proponía cinco escenarios para el futuro pero el que más apoyos consigue es el de la Europa a varias velocidades.

Esta Europa a varias velocidades tendría lugar, en principio, en el marco de la cooperación reforzada. Este marco exige la participación de al menos 9 Estados miembros y no puede usarse para aumentar competencias que no se recojan en los tratados pero sí para que los Estados que lo prefieran puedan avanzar en la construcción europea. Así y todo, es limitado. Algunos Estados miembros, particularmente Francia, abogan por ir más allá y establecer acuerdos fuera de los tratados. En cualquier caso, Schengen o el euro son claros ejemplos de que la Europa a varias velocidades no sería en absoluto una novedad, si bien es cierto que tiene contrapartidas.

Salvador Llaudes, investigador del Real Instituto Elcano, defiende esta tesis. Llaudes considera que la UE debe ser capaz de aportar “soluciones estructurales” en ámbitos como la gobernanza económica, la política migratoria o la seguridad.

Precisamente la seguridad es uno de esos ámbitos en los que la cooperación reforzada va a ser necesaria y el terrorismo, una de las grandes preocupaciones asociadas. El intercambio de datos o el avance para la coordinación de las fuerzas de seguridad requieren una mayor implicación de los Estados miembros.

Llaudes considera que la cooperación debe hacerse sin “dejar al margen a la ciudadanía europea” pero defiende que no se puede a 27, hay que dejar avanzar a aquellos Estados que quieran aportar soluciones europeas a los problemas. Eso sí, insiste el investigador, “dejando la puerta abierta a los socios europeos que no quieran hacerlo ahora por cuestiones políticas” pero evitando al mismo tiempo que se “conviertan en socios de segunda categoría”.

La Europa que sueñan los eurodiputados españoles

El jefe de la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, propone una visión conservadora del futuro. Para González Pons el mayor reto “es lograr que la UE siga siendo lo que hemos conseguido que sea hoy: un espacio de paz, libertad, seguridad y prosperidad para 500 millones de personas”. A su juicio, “vivimos el mejor momento de la historia europea” y frente al ‘brexit’, hay que confirmar “que el proyecto europeo no es irreversible”.

Para el líder del Partido Socialista en la Eurocámara, Ramón Jauregui, los mayores retos son la mejora de la gobernanza económica y los avances en seguridad pero lo más urgente “es construir la Europa social”. Considera Jauregui, que se confiesa federalista, que Europa tiene los recursos suficientes para ser más social “pero necesitamos un mejor reparto de la riqueza”. Solo así, defiende el socialista, “los ciudadanos seguirán creyendo en Europa como un proyecto que merece la pena”.

También Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, apuesta por una Europa “federal y unida” en la que se ponga fin a “las diferencias, los privilegios y los fraudes fiscales ‘legales’ entre países” y donde el “espacio social, económico y estratégico sean uno”.

Mucho más ambiciosos son los representantes de la izquierda que apuestan por un cambio radical de la Unión Europea. Para Marina Albiol, portavoz de Izquierda Unida, el reto es precisamente construir desde la izquierda una nueva UE porque en ésta, denuncia, “no caben nuestras políticas de salarios dignos, de servicios públicos, de vivienda y de seguridad social para todos y todas”. Albiol propone una alianza a escala europea que canalice “el descontento actual desde la solidaridad y no desde el odio que es lo que se plantea desde la derecha”.

En la misma línea se expresa Miguel Urbán, al frente de la delegación de Podemos en la Eurocámara, que considera que la UE tal y como la conocemos “es una máquina de generar euroescepticismo”. Por eso, desde Podemos, apuestan por “reconstruir desde la raíz el proyecto europeo para que la democracia, los derechos universales, el bienestar y la justicia social estén en el centro de la política europea y no supeditados a la lógica de mercado, depredadora de recursos y centrada en los intereses de una minoría privilegiada”.

Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, va un paso más allá y pide un cambio de modelo productivo y de consumo “para que nuestras economías y actividades humanas se puedan hacer siempre dando empleo de calidad y dignidad y respetando los límites del planeta”. Marcellesi destaca además la necesidad de democratizar el proyecto europeo y pide un proceso constituyente en el que los ciudadanos decidan qué Unión Europea quiere, “que los nuevos padres y madres fundadores de la Unión Europea sean los ciudadanos y ciudadanas, no las élites”.