Este artículo se publicó hace 8 años.
"La responsabilidad del Gobierno de Honduras en el asesinato de Berta Cáceres es total"
Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la activista hondureña, habla con 'Público' sobre la situación del caso y de los defensores de derechos humanos en Latinoamérica.
J. Marcos
Cansado. Y abatido. Aquellos balazos que le rozaron la oreja provocando un gran sangrado que le salvó la vida ya han cicatrizado, pero el mexicano Gustavo Castro tiene su alma destrozada. El director de la organización Otros Mundos Chiapas AC estaba con la activista hondureña Berta Cáceres, que luchaba contra la mina de Aguazarca, cuando la asesinaron hace dos meses. Tras las complicaciones para salir del país centroamericano, responde desde algún rincón desconocido de México. Ha sido testigo de la barbarie y del terror, vivió con miedo, pero “éste se va transformando en más energía para combatir a este sistema que pretende acabar con todos nosotros”.
No tiene miedo a hablar, y los ‘peros’ no aparecen en su discurso. Su voz resuena fuerte para denunciar un sistema en el que cada vez más los intereses transnacionales y financieros están por encima de las personas y el medioambiente. De la vida.
Berta Cáceres había sufrido amenazas, ¿eras consciente que tu vida estaba en juego?, ¿alguna vez habías sido amenazado por tu actividad crítica y de denuncia?
Sabía que había un contexto muy difícil desde hace mucho tiempo y que se había agudizado en los últimos meses. Al llegar a Honduras [fue a impartir un taller] sabía de las recientes amenazas al COPINH [Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras] y a Berta; y las últimas confrontaciones con la empresa hidroeléctrica DESA [Desarrollos Energéticos SA]. Pero jamás pensé que pasaría lo que pasó. Personalmente muy pocas veces he sido amenazado por mi trabajo, a diferencia de cómo lo han vivido cantidad de defensores y defensoras de los derechos humanos en toda la América Latina y el Caribe, donde las luchas del movimiento social son fuertes y esperanzadoras.
Otros asesinatos pasan desapercibidos, pero el de Berta Cáceres ha tenido un gran eco internacional y ha habido muchas críticas y manifestaciones de repulsa, ¿marcará un antes y un después?
Ha sido sorprendente la reacción internacional, no acabo de dimensionarlo. Marca un antes y un después, ya que ha despertado la consciencia adormecida en muchos y ha renovado y actualizado los lazos, la comunicación y la solidaridad entre los pueblos, las personas, las redes y los movimientos.
Recientemente también han asesinado a Nelson García, otro miembro del COPINH, pero este caso sin tanto eco...
Cierto, y muy lamentable. En Honduras más de 120 ambientalistas han sido asesinados y más de diez han tenido las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es un país catalogado como uno de los más violentos del mundo, con un alto grado de impunidad que ha merecido la instalación de la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras por parte de la OEA hace algunas semanas.
Efectivamente, Honduras es un país especialmente complicado para las personas que luchan por los derechos de la tierra… Aunque también es cierto que es un problema que desangra a toda América Latina
Ésta es la realidad de América Latina, donde los defensores de los derechos humanos cada vez son más perseguidos y criminalizados. Miles de casos se pliegan por todo el continente: hombres, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y campesinas, movimiento urbano y de todo tipo en la defensa del medio ambiente y de la vida. Asesinatos, desaparecidos, desplazados, encarcelados, entre otros, son los saldos de la lucha por la vida. Pero no es sólo por la propia vida, sino por la vida de todos y todas, de ti, de mí, de cualquiera en cualquier lado, porque al final es la defensa de nuestra casa común, de nuestra agua, de nuestro ambiente, de nuestra dignidad, de nuestro planeta.
¿Hasta qué punto lo sucedido es responsabilidad del Gobierno de Honduras?
Su responsabilidad es total. El Gobierno de Honduras no ha querido aprobar una ley de víctimas para no otorgarles derechos. Tampoco ha querido aprobar un reglamento para los testigos protegidos ni para los defensores de los derechos humanos. La corrupción e impunidad es tal que la OEA ha tenido que mandar una misión. Tampoco ha querido restablecer el Consejo de la Judicatura, recién disuelto. El conflicto de intereses entre la clase política y empresarial es evidente. Los recursos y financiamientos de la banca multilateral de desarrollo para fortalecer el Estado de derecho se han ido en la corrupción. Lo que se requiere es voluntad política para establecer el Estado de derecho en Honduras ante la debilidad institucional.
COPINH ha denunciado que DESA atacó hace unos días a varias de sus activistas
El Ministerio Público, en su comunicado donde anuncia mi liberación de Honduras, indicó del cateo e incautación de armas a la empresa. Esperamos que el Gobierno, pese al conflicto de intereses que hay, logre hacer justicia. Y es que detrás de DESA hay muchos intereses involucrados: desde los bancos europeos, el Banco Mundial y los Gobiernos quienes, por medio del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración Económica, son los responsables en alguna medida de los efectos socio ambientales de los proyectos que aprueban. Dan préstamos a empresas trasnacionales y nacionales culpables e involucradas en asesinatos, en depredación ambiental, en desplazamientos de población indígena y campesina, y otras violaciones a los derechos humanos.
¿Sigue siendo la impunidad uno de los grandes problemas de América Latina?
La impunidad es resultado de algo previo: los delitos que cometen los Estados y las empresas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en el continente. La ganancia del capital cada vez está más por encima de los pueblos y de los derechos humanos y el medio ambiente. Ése es el problema principal en América Latina, pero también en otros continentes, porque la acumulación del capital en manos de los grandes consorcios, de los más ricos y de los grandes bancos va arrasando con los pueblos y con el Planeta.
¿Cómo se conjuga el nuevo extractivismo que están viviendo determinados países americanos con el lenguaje de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático o, por ejemplo, los acuerdos recientes de París?
Es el centro del problema: el modelo extractivista se da en todos los países del continente. Un modelo que, lejos de ser sustentable, verde, responsable, limpio, ecológico, entre otras acepciones que el capital y las grandes corporaciones trasnacionales intentan bañar como economía verde, deja un saldo de depredación, pobreza y pérdida del medio ambiente sumamente acelerado. Lejos están los Gobiernos y las grandes trasnacionales de querer combatir el cambio climático y proteger el Planeta.
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