MADRID.- Las políticas discriminatorias impuestas por las autoridades de Líbano, el país con más refugiados per cápita del mundo, están creando unas condiciones que facilitan el acoso sexual y la explotación de las mujeres sirias por personas que ocupan cargos de poder, como arrendatarios, empleadores e incluso la Policía, según ha denunciado Amnistía Internacional en un informe.

EL texto, titulado Quiero un lugar seguro: Mujeres refugiadas de Siria desarraigadas y desprotegidas en Líbano, recoge los testimonios de varias refugiadas víctimas de las restricciones impuestas por las autoridades libanesas que, bajo un nombre figurado, denuncian cómo algunos hombres les han hecho insinuaciones inadecuadas u ofrecido ayuda económica o de otro tipo a cambio de sexo.

Asmaa, una refugiada palestina de Siria de 56 años de edad que vive en un campo de refugiados en los suburbios de Beirut, no deja que sus hijas trabajen por miedo a que sufran acoso. "Mi hija trabajaba en un comercio. El gerente la acosó y la tocó. Por eso ya no dejo a mis hijas que trabajen", afirmaba.

Alrededor del 70% de las familias refugiadas sirias vive muy por debajo del umbral de pobreza libanés, donde dos de cada diez están encabezadas por una mujer tras el homicidio, la desaparición forzada o el secuestro de su esposo en Siria. "La mayoría de las personas refugiadas procedentes de Siria (...) sufren una discriminación generalizada y obstáculos importantes para obtener comida, vivienda o un empleo. Para las mujeres refugiadas que sobreviven en estas circunstancias, las dificultades suelen ser aún mayores, pues muchas de ellas, sobre todo las que ejercen de cabezas de familia, corren un riesgo mayor de acoso, explotación y abusos en el trabajo y en la calle", ha lamentado una investigadora sobre cuestiones de género de Amnistía Internacional, Kathryn Ramsay.

Para afrontar el elevado coste de la vida en Líbano, las mujeres refugiadas aceptan empleos en los que perciben salarios irrisorios. "Saben que aceptaremos cualquier salario bajo que ofrezcan porque lo necesitamos", criticaba Hanan, una palestina siria.

Encontrar dinero suficiente para pagar el alojamiento es otra dificultad significativa. Al menos el 58% de las personas refugiadas sirias vive en apartamentos o casas de alquiler, otras viven en edificios en ruinas y asentamientos informales. Aun así, muchas mujeres dijeron que no podían pagar los exorbitantes alquileres y vivían en alojamientos precarios, "infestados de ratas y llenos de filtraciones", según Ramsay.

Asma: "Mi hija trabajaba en un comercio. El gerente la acosó y la tocó"

En 2015, Líbano impidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que siguiera registrando a personas sirias y encareció el precio a pagar por los refugiados para renovar sus permisos de residencia. Sin una situación jurídica adecuada los refugiados viven con el temor de ser detenidos o, incluso, expulsados, por lo que no denuncian los abusos a la Policía. Además, según ha señalado Amnistía Internacional, la mayoría de las mujeres refugiadas no pueden denunciar los delitos a las autoridades libanesas al carecer de un permiso de residencia. Hanan explicó que acudió a la Policía a denunciar que el conductor de un autobús la había acosado, pero no pudo presentar denuncia porque carecía de "condición jurídica".

Otra mujer siria narraba que fue víctima de acoso después de acudir a las autoridades: "Al cabo de un tiempo, los policías se pasaban por nuestra casa o nos llamaban y nos pedían que saliéramos con ellos. Eran los mismos tres policías que tomaron nota de nuestra denuncia. Como no tenemos permisos [de residencia] legales, nos amenazaron. Dijeron que si no salíamos con ellos nos meterían en la cárcel".

Según Ramsay, aunque la entrada de refugiados ha impuesto una considerable carga sobre Líbano, las autoridades locales "deben modificar con carácter urgente sus políticas para garantizar que se protege a las mujeres refugiadas" y que pueden renovar sus permisos de residencia "sin dificultades ni restricciones".

Apoyo de la comunidad internacional

La ausencia de fondos y de ayuda de la comunidad internacional para las personas refugiadas en Líbano es un factor que contribuye directamente a la pobreza y a las circunstancias de precariedad que sufren las mujeres asiladas, ha explicado Amnistía Internacional.

"Los países más ricos del mundo, desde la Unión Europea, incluido Reino Unido, hasta los países del Golfo y Estados Unidos, entre otros, tienen que hacer mucho más para aliviar esta crisis. Además de aumentar la ayuda humanitaria para quienes están en Siria y para la población refugiada en la región, deben ofrecerse a compartir la responsabilidad de la crisis reasentando a más personas refugiadas", ha concluido Ramsay.

Por ello, la comunidad internacional debe hacer uso de la conferencia de donantes para Siria, que se celebrará el 4 de febrero en Londres, para cubrir las necesidades de financiación de la ONU para el periodo 2016-2017.

Según ACNUR, el 10% de la población siria refugiada en los países anfitriones, unas 450.000 personas, la mayoría mujeres y niñas, está en situación de vulnerabilidad y necesita con urgencia el reasentamiento en otro país.