El Gobierno de Portugal avanza a pasos agigantados en su lucha contra la especulación inmobiliaria. Hace apenas dos semanas, el primer ministro, António Costa, anunciaba el fin de las Golden Visa y prohibía licitar nuevos pisos turísticos en las principales ciudades del país. Ahora, el dirigente luso va un poco más allá y propone que las autoridades municipales tengan capacidad para intervenir en el alquiler de los inmuebles vacíos sin arrendar.

Con esta medida, los propietarios tendrán un plazo máximo de 100 días desde la recepción de una solicitud para alquilar sus viviendas siempre que estén "en condiciones de habitabilidad". De no hacerlo, los ayuntamientos podrán ordenar su arrendamiento forzoso. Costa explica que, en caso de que sea necesario realizar obras en el domicilio, los municipios podrán actuar "coercitivamente a cargo de las rentas".

De este modo, Portugal pretende resolver el problema de la falta de viviendas asequibles y sigue la marcha de otros territorios, como Canadá o Grecia, que han regulado en estos términos. El Gobierno ha explicado que no se verán afectadas las segundas residencias, los pisos de personas que hayan abandonado el país por motivos profesionales, de formación o de salud y aquellos inmuebles que estén registrados como alojamiento local en un emprendimiento turístico.

La norma, que se encuadra en el paquete Más Vivienda presentado por el Ejecutivo luso el pasado 16 de febrero, estará sometida a consulta pública hasta el 10 de marzo. Según apunta el texto, las administraciones locales actuarían como un mediador inmobiliario, cobrando al inquilino y pagando al propietario. Los alquileres estarían limitados, como máximo, al 35% de los ingresos del núcleo familiar y el Gobierno asumiría las rentas impagadas.

Menos pisos turísticos y un techo para los alquileres

Por otra parte, Portugal establecerá un techo máximo de subida para los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, que estará vinculado tanto a la evolución de los precios como a las previsiones de la inflación. El objetivo no es otro que frenar las subidas disparatadas que muchas personas no pueden asumir. Costa también ha dado por finalizado el régimen de las Golden Visa, que permitía la concesión de permisos de residencia a cambio de inversiones extranjeras. Además, tampoco permitirá la creación de nuevos pisos turísticos salvo en zonas rurales y despobladas del país.

Portugal no está solo

El país vecino no es el primero que toma las riendas del mercado inmobiliario para evitar los abusos y garantizar el derecho de la población a una vivienda digna. En Canadá, el Gobierno de Trudeau ha puesto freno a la especulación extranjera: una ley prohibirá durante los dos próximos años la compra de inmuebles a las personas foráneas no residentes.

En Europa, Países Bajos anunciaba el pasado diciembre que impondría límites a los alquileres de más de 300.000 propiedades para hacer frente a la escasez de vivienda que arrastran sus ciudades desde hace meses. Con esta norma, la renta de los domicilios afectados se reducirá una media de 190 euros al mes. También Francia ha movido ficha para contener el precio de los arrendamientos con un paquete de medidas para incentivar a los propietarios a ceder los hogares vacíos. Por su parte, Berlín ha oficializado la compra de 6.000 viviendas para ampliar la oferta social y bajar las tarifas. 

España, un mundo aparte

La falta de regulación del mercado del alquiler aleja a España de la Europa más avanzada. Con las rentas cada vez más elevadas, el PSOE se resiste a tomar medidas capaces de proteger el acceso a la vivienda, algo que exigen desde hace dos años sus socios de Gobierno. El Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño, se niega a limitar las subidas de los arrendamientos que imponen los caseros de forma casi perseverante. Asimismo, la definición de los grandes tenedores y la situación de los inmuebles que entran ex novo al mercado son otros de los aspectos que generan desacuerdo. Por su parte, Unidas Podemos y los principales partidos de la investidura reclaman un mayor compromiso por parte de los socialistas y apuran los últimos meses de legislatura para alcanzar un acuerdo.