Polémica en Francia por la ley que refuerza las escuchas telefónicas sin autorización judicial

PARÍS.- El primer ministro francés, Manuel Valls, se apuntó este martes un tanto al lograr un amplio respaldo de los diputados a su proyecto de ley de espionaje que refuerza la escucha telefónica y por internet, que considera necesarios para luchar contra el terrorismo pero que han levantado una gran controversia.

En la Asamblea Nacional el texto del jefe del Gobierno socialista logró el respaldo de 483 diputados, mientras que 86 se pronunciaron en contra, una decena de ellos socialistas.

Una "amplia mayoría" que el primer ministro aseguró que responde al hecho de que la ley "preserva las libertades fundamentales", al tiempo que "enmarca la actividad de los servicios de espionaje y les da más medios para que sean más eficaces ante la amenaza terrorista".

"Ahora tenemos una legislación a la altura de lo que somos: una gran democracia y un Estado de derecho capaz de afrontar las amenazas que cuestionan nuestras libertades fundamentales", dijo.

Valls aseguró, además, que la ley permite combatir también el crimen organizado y el espionaje económico.

Genera el riesgo de crear "una policía política"

El jefe del Gobierno, que pidió una rápida adopción del texto en su debate en el Senado a finales de mes, rechazó las "polémicas inútiles" sobre la ley y las acusaciones "insoportables" de que es "liberticida".

Unas críticas que volvieron a escucharse en el hemiciclo en boca de los parlamentarios que consideran que la nueva ley debilita el control del espionaje y genera el riesgo de crear "una policía política", según el ecologista Sergio Coronado.

Pero ha sido fuera del Parlamento donde la oposición se ha hecho más virulenta.

"Es un día triste para la historia de las libertades individuales de Francia. Esta ley legaliza la intrusión masiva de los servicios del Estado en nuestra vida privada sin mecanismo de control digno de ese nombre", aseguró la presidenta de Amnistía Internacional en Francia, Geneviève Garrigos.

En idénticos términos se pronunciaron otras asociaciones de derechos humanos, pero también asociaciones de magistrados o el organismo independiente que controla la información en Internet.

La ley otorga al primer ministro francés un mayor poder para decidir sobre el espionaje de personas, tanto telefónico como a través de Internet

La ley otorga al primer ministro un mayor poder para decidir sobre el espionaje de personas, tanto telefónico como a través de Internet.

Prácticas que hasta ahora se hacían al margen de la ley, porque la actual databa de 1991, cuando ni había telefonía móvil ni internet.

El único control que establece la ley es el de una comisión compuesta por magistrados del Consejo de Estado y del Constitucional, además de parlamentarios y expertos.

Para Valls este organismo supone "incluso un refuerzo" del control de los servicios de espionaje, aunque el primer ministro puede pasarse de su luz verde en casos considerados urgentes.

Aunque la decisión de hacer una ley sobre el espionaje fue presentada en junio de 2014, el debate de la propuesta se ha hecho en el contexto de los atentados de París de enero pasado contra la revista satírica Charlie Hebdo, que pusieron de manifiesto fallos en el control de personas próximas a movimientos yihadistas.

Valls anunció entonces que esta ley reforzaría el arsenal de los servicios de seguridad para luchar contra estos movimientos a través del refuerzo de las escuchas, de la vigilancia de Internet o de la legalización de métodos de espionaje tales como la colocación de sensores en los coches.

También autoriza el uso de micrófonos escondidos, cámaras ocultas y programas espía, así como la posibilidad de reclamar datos a las operadoras de internet para analizar el flujo de tráfico que permita detectar una amenaza terrorista.

Estas medidas han creado inquietud, lo que ha llevado al presidente, François Hollande, a ordenar que, una vez que supere el trámite en el Senado, el texto definitivo sea presentado ante el Consejo Constitucional para asegurarse de que no contraviene la Carta Magna.