IU impulsa una ley para la 'memoria' que obligaría a crear un censo oficial de víctimas y un mapa de fosas

Izquierda Unida registra este viernes en el Congreso la Ley integral de memoria democrática y reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición, con el objetivo de reconocer oficialmente a las víctimas de los crímenes del franquismo y de la Transición y en busca de hacer "justicia respecto a la dura represión que sufrieron por parte del Estado". En una amplia batería de medidas sobre memoria histórica, proponen desde la ilegalización de fundaciones que hagan apología del franquismo, a un régimen sancionador con multas hasta de 50.000 euros y penas de cárcel de un años por incumplir la 'memoria democrática', establecer un censo oficial de víctimas, una oficina para la atención de personas represaliadas y familiares o un mapa de fosas comunes.

En el texto, también se proponen una serie de medidas para la investigación y el reconocimiento de los casos de bebés robados. Propuestas que van desde la creación de un banco de ADN a la apertura obligatoria de archivos eclesiásticos, como avanzamos en Público el pasado martes.

Como alegan en el texto, España es el segundo país en número de desaparecidos forzosos del mundo y se estipula en más de 100.000 personas que continúan sepultadas en fosas comunes. Cientos de miles de personas fueron víctimas de asesinato, torturas, desapariciones, encarcelamientos, tratos inhumanos en prisiones y campos de concentración, víctimas robo de bebés y de represión sistemática a la diversidad sexual, nacional, lingüística e ideológica y violaciones y abusos sexuales a las mujeres como una forma sistemática de violencia, tanto en la Guerra Civil que comenzó tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 como en la posterior dictadura franquista.

Sanciones, multas e ilegalizaciones

Una de las medidas de la propuesta de Izquierda Unida es establecer un régimen sancionador con el que penalizar por el ámbito penal manifestaciones públicas “que sean claramente atentatorias contra las víctimas del franquismo y de la Transición”. Y, para ello, se opta por modificar el artículo 510 del Código Penal. También se penalizarían conductas entendidas como”particularmente graves” que impliquen actos de discriminación, entre las que se incluyen la divulgación del discurso del odio y la “incitación directa a la violencia” contra determinados colectivos vulnerables.

Establecen penas de seis meses a un año para quienes nieguen o enaltezcan delitos de los crímenes del franquismo

Las penas máximas van desde seis meses hasta un año, con trabajos en beneficio de la comunidad de 15 a 30 días, para quienes públicamente inciten el odio o la violencia contra un grupo vunerable o nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, incluidos los crímenes del fascismo, del franquismo y su dictadura.

Pero también se establecen infracciones penadas con multas que van desde los 50 a los 50.000 euros, para acciones u omisiones que supongan “incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley”: desde excavaciones sin la autorización pertinente o la construcción de terreno sin autorización donde haya certeza de la existencia de restos humanos de desaparecidos, que serían infracciones muy graves, a daños a espacios o mobiliarios de los Lugares o Rutas de Memoria Democrática del Estado español, que sería una infracción leve.

De estas infracciones también son objeto las asociaciones y fundaciones, además de establecer la ilegalización de las entidades que hagan apología del franquismo.

El reconocimiento y la Oficina de víctimas

Para el partido, la “significación política de las víctimas exige un reconocimiento público” por lo que establecen que sean declaradas oficialmente “víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario”.  Haciendo también un especial reconocimiento a aquellas víctimas que fueron “perseguidas por su condición de mujer, por su orientación sexual e identidad y expresión de género, por razones lingüísticas, así como por pertenecer a las comunidades judía o gitana y a la masonería.

Como reparación económica de las víctimas se proponen 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron por represión franquista

El reconocimiento, conlleva la “reparación moral, política y jurídica de las víctimas, atendiendo al daño sufrido”. Para ello, se establecen medidas como las reparaciones de carácter económico con una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977.

Para el resto de supuestos, el Gobierno establecería reglamentariamente las cuantías y las indemnizaciones.

También se establece la creación de una Oficina de Víctimas con el objetivo de servir apoyo técnico y jurídico a las víctimas del franquismo y sus familiares. Además, entre sus funciones también estará recoger los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como realizar labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas de que protagonizaron las víctimas del franquismo y la Transición.

El reconocimiento a las víctimas también lo marcan en el calendario, y es que se establece el 8 de mayo, día de la victoria sobre el fascismo en la II Guerra Mundial, como el Día de homenaje a las víctimas. Además, se indica que en este día, el Estado debe promover actos de reivindicación.

Derecho a la verdad: censo, rutas y mapa de fosas

El texto también establece una batería de medidas enmarcadas en ‘el derecho a la verdad’ en busca de conocer la dureza y represiones del régimen franquista. Para ello, se propone crear un Censo de la memoria democrática del Estado español, con información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y de la Transición, así como de las empresas que se beneficiaron de los trabajos forzados bajo el régimen franquista. Un censo de carácter público, que requerirá del consentimiento de la víctima directa y, en caso de fallecimiento o desaparición, que no medie la oposición de cualquiera de sus familiares hasta el tercer grado.

La ley también establece la creación de una Fiscalía para la investigación de desapariciones forzosas

A su vez, se impulsan medidas para la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas de forma forzosa durante esta etapa, destacando la creación de un Mapa de fosas oficial. Además, establecer que el Poder Judicial tenga la obligación de desarrollar una búsqueda “efectiva” de las personas asesinadas y de las víctimas desaparecidas. Cayendo, parte de esta labor, sobre una nueva Fiscalía especial para la investigación de desapariciones forzosas y la sustracción forzada de menores.

Y, establece las ‘políticas de la memoria democrática’, que incluye la puesta en marcha de los Lugares y Rutas de Memoria por todo el Estado, con categoría de Bien de Interés Cultural para los primeros, así como se recoge lo que se considerarán Documentos de memoria democrática junto al establecimiento de un Fondo documental al efecto. También se regula el uso de simbología y reconocimientos públicos, incluidos títulos nobiliarios, sancionando y en su caso instando a la retirada o eliminación de aquellos contrarios a la memoria democrática del Estado español. 

Otra de las acciones que remarcan como necesarias es la obligación que tendrían por esta ley las fundaciones y asociaciones (en especial las ligadas con el franquismo y el dictador) de entregar al Estado la documentación sobre Francisco Franco y de sus principales responsables políticos, fondos documentales que apuntan en el texto que se ha negado al Estado y a la sociedad hasta el momento.

Del Valle de los caídos al Valle de Cuelgamuros

Una medida muy concreta es sobre el futuro de el Valle de los Caídos, renombrado como el Valle de Cuelgamuros. IU propone hacer una resignificación de todo el complejo del Valle de los Caídos para convertirse en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo. Además, de eliminar "toda expresión y connotación franquista" así como prohibir "los actos de homenaje a quienes promovieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron el franquismo". Aquí, destacan la demolición de "elementos incompatibles con un Estado democrático", como la monumental cruz-espada. 

El texto también incide en la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco, algo que hará el actual Gobierno "antes de verano", y de José Antonio Primo de Rivera.

Declarar nulos e ilegales los consejos de guerra

Otra de las medidas, consiste en declarar nulos e ilegales todos los consejos de guerra sumarísimos y sus correspondientes sentencias que se instruyeron por causas políticas durante el régimen franquista. Estos procesos, pasarían a carecer de efecto jurídico alguno al entender que “emanan de instituciones ilegítimas”.

Asimismo, la propuesta de ley también establece que se ha de descalificar y hacer públicos, con carácter general y sin excepciones, todos los documentos oficiales de la dictadura y de la Transición que aún permanecen clasificados y bajo secreto o restricción de acceso. “Todo ello con objeto de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del franquismo”, se alega en el texto.