Diana Buttu, una abogada que con anterioridad fue consejera de la delegación palestina que negoció con Israel, lo ha expresado con sencillez: “Cuando les hablábamos (a los israelíes) de la ley internacional y de la ilegalidad de los asentamientos, los negociadores israelíes se reían en nuestras caras”.

Al cumplirse 50 años de la irrupción militar israelí en los territorios palestinos, la ocupación se ha consolidado en prácticamente todos los ámbitos. Baste decir que la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abás apenas controla el 18 por ciento de Cisjordania, que a su vez representa, junto con la Franja de Gaza, el 22 por ciento de la Palestina histórica.

La comunidad internacional alaba cínicamente la “cooperación de seguridad” de los palestinos con Israel. De hecho, una tercera parte de los 4.000 millones de dólares que constituye el presupuesto de la Autoridad Palestina se destina a la seguridad, una cifra mayor que la dedicada a la sanidad y la educación conjuntamente.

El ministro de Exteriores israelí Ariel Sharon durante la Guerra de los Seis Días./AFP

La Autoridad Palestina se ha convertido en un elemento de represión fundamental de la ocupación en los doce años que Abás lleva en el poder. Su misión principal no es recuperar Palestina sino mantener en silencio los territorios ocupados mientras Israel expande su presencia, roba la tierra a los palestinos y demuele viviendas a su antojo.

Walid Salem, profesor de la Universidad al Quds, situada en el sector ocupado, tenía 10 años cuando las tropas israelíes entraron en los barrios del este de la ciudad en 1967. “Mis memorias personales están relacionadas con la ocupación”, afirma. “Tengo un laissez passer, un documento de viaje, que dice que soy jordano, que me considera un ciudadano de Jordania que reside permanentemente en Jerusalén”, dice mostrando el preciado documento.

Pero Salem sabe que ese mismo laissez passer que enarbola en su mano izquierda le condena a no poder abandonar Jerusalén durante más de siete años. Si lo hace, si reside en otro lugar durante siete años, automáticamente se le revocará el permiso de residencia y perderá el laissez passer.

“Además, los israelíes me pueden retirar la residencia si me consideran un peligro para la seguridad de Israel”, dice señalando que se trata de una medida “arbitraria” que cada año sufren muchos palestinos. “En cualquier caso, un residente no es un ciudadano”, apostilla.

Moshé Dayán./ Imagen de Archivo

Jerusalén este fue anexionada a Israel tres semanas después de su ocupación, pero aunque la anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional, Israel ha ido desdibujando la presencia palestina en la ciudad y cada vez hay más asentamientos judíos del otro lado de la línea verde que ondean al viento las banderas israelíes.

En 1994, el entonces ministro de Exteriores Shimon Peres escribió una carta a su colega noruego asegurando que Israel respetaría las instituciones palestinas en Jerusalén. La promesa duró muy poco ya que pronto fue cerrada la Casa de Oriente, que constituía la representación oficiosa de la Autoridad Palestina en la ciudad santa, y otras instituciones palestinas se clausuraron poco después.

A pesar de todo, Salem cree que es posible alcanzar un acuerdo con los israelíes que garantice a los palestinos un mínimo de libertad. “Soy optimista, mi posición personal es de optimismo, aunque para el progreso es necesario es necesario que Israel nos reconozca; solo así podrá haber paz en la zona”, comenta.

Pero la realidad avanza en otra dirección. La población palestina es una de las más vigiladas del mundo. Hay controles militares por todas partes y la mayoría de los palestinos tienen limitados sus movimientos de manera muy estricta. La vigilancia no solo la hace Israel, sino también la Autoridad Palestina que en la práctica opera como un concesionario policial de Israel.

La estrecha cooperación de la Autoridad Palestina con Israel hace que las detenciones de ciudadanos palestinos, por unos u otros, sean constantes. Incluso se arresta y encarcela a activistas de derechos humanos que según Israel o la Autoridad Palestina representan un peligro para la seguridad.

En estas circunstancia no es una sorpresa que una buena parte de la población vea con malos ojos al presidente Abás y exija un cambio inmediato de estrategia. Los últimos sondeos indican que la popularidad de Abás está bajo mínimos y que dos terceras partes de los palestinos quieren que dimita, un paso que el presidente, de 82 años, no parece dispuesto a dar.

El proceso de paz está difunto. La reciente visita que Donald Trump hizo en mayo a Israel y Palestina ha suscitado cierto interés, pero sus palabras no son distintas de las que en su momento pronunciaron sus predecesores en la Casa Blanca. Las palabras no han bastado para solucionar el conflicto y es necesario que se ejerza una fuerte presión de la comunidad internacional para que Israel respete el derecho internacional. Desgraciadamente, ni Estados Unidos ni Europa están por la labor.

Donald Trump y el Primer Ministro de Israel Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun.

La Autoridad Palestina que se estableció en 1994, tras los acuerdos de Oslo, hace mucho tiempo que ha dejado de funcionar, o que solo funciona como una herramienta de control de Israel sobre los palestinos. Era un órgano que debía de ser temporal pero que se ha convertido en permanente porque así le conviene a Israel y porque nadie muestra interés en dejar atrás la ocupación.