Una decena de organizaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo han denunciado en el Parlamento Europeo la persecución a la que se han visto sometidas en el ejercicio de su trabajo por parte de las autoridades nacionales, amparadas por la legislación europea. Piden a la UE que ponga fin a este problema e invierta en operaciones de rescate en el mar para evitar más muertes.

En enero de 2016, Manuel Blanco y otros cuatro compañeros de la organización de rescate Proemaid fueron detenidos por las autoridades griegas cuando se participaban en una operación de búsqueda en el Egeo. Blanco, bombero profesional, y el resto de los detenidos que llevaban desde 2015 realizando ejercicios de rescate en la zona, fueron acusados de tráfico de personas en grado de tentativa. No llevaban a nadie a bordo. El caso de Blanco no es el primero de persecución contra organizaciones o voluntarios que realizan labores humanitarias con migrantes y refugiados, tampoco fue el último. En diciembre de 2016, el diario Financial Times tuvo acceso a un informe confidencial de Frontex en el que la agencia de control de fronteras de la Unión Europea acusaba a las organizaciones que realizan rescates en el Mediterráneo de colaborar con los traficantes de personas.

El Mediterráneo es actualmente la frontera más peligrosa del mundo. Más de 30.000 personas han muerto en los últimos años tratando de alcanzar Europa por esta vía. Y estas cifras, denuncian las organizaciones, son muy conservadoras: sólo se contabilizan los cuerpos que se encuentran. En la actualidad, existen dos operaciones navales europeas en la zona: Triton y Sophia, ninguna de ellas es de búsqueda y rescate. La primera, es de vigilancia, la segunda, de lucha contra el tráfico de personas. Por esto, todo el peso del salvamento en un mar que sólo en lo que va de año ya se ha cobrado la vida de al menos 813 personas, recae en las organizaciones no gubernamentales. “No tiene sentido que personas de la sociedad civil se organicen para hacer un trabajo que las instituciones deberían hacer”, explica Blanco. Y por si fuera poco, cuando lo hacen, se exponen a ser perseguidas.

La persecución a la que estas personas son sometidas se fundamenta en la llamada ‘Directiva facilitación’. En su artículo 1.1, esta directiva prevé sanciones para cualquiera que “ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de éste, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros”. En el punto 2, aclara que los Estados miembros “podrán decidir”-y este uso del lenguaje es importante- no imponer sanciones “en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. El problema es que esto deja la puerta abierta a la absoluta arbitrariedad de modo que Proemaid ha solicitado que se revise el texto. Al final, depende de la aplicación que hagan de la legislación los Estados miembros. “Es inaplazable el establecimiento de una cláusula humanitaria”, explica el letrado Pablo Vega, “y que no sea necesario un abogado para salvar a quien salva vidas humanas”, sentencia.

Consideran las organizaciones que ésta práctica se enmarca en la política migratoria de la UE, que prioriza frenar el flujo migratorio a toda cosa, a la protección de las personas migrantes y sus derechos. “Primero en 2015 nos vendieron que peligrosos terroristas vendrían en barcas con los refugiados sirios en el Egeo”, explica el presidente de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, “después fue el efecto llamada de las organizaciones presentes en la zona SAR (búsqueda y rescate) en el Mediterráneo”. Para Camps, en todo caso, el objetivo de estas premisas no es otro que “generar una corriente de opinión contra las ONG”, por dejar éstas en evidencia la falta de una operación de salvamento y ser “testigos incómodos” de una realidad, la del Mediterráneo, insostenible. “Llevamos varios años con estas prácticas y ahora parece que son delictivas”, critica el presidente de Proactiva, “estamos perseguidos”. Insiste Camps en que todas las operaciones de la organización se llevan a cabo con arreglo al derecho marítimo y en coordinación con la Guarda Costera italiana. Es por esto que, considera el profesional de salvamento marítimo, estas declaraciones forman parte de una estrategia de debilitamiento de la respuesta de la sociedad civil a la crisis humanitaria de los refugiados. “A pesar de la intimidación a la que son sometidas las organizaciones que llevan a cabo operaciones de rescate en el Mediterráneo”, explica el director de Proactiva que “fueron responsables del rescate de más de 70.000 personas”, sólo en 2016.

Entre el público se encontraban también miembros de dos organizaciones de refugiados que han querido compartir su experiencia. Ali, que representa una organización con sede en Estrasburgo, se ha mostrado emocionado de ver una sala llena de personas preocupadas su situación. “Somos refugiados y hemos sobrevivido al cementerio del Mediterráneo”, ha relatado Ali que lucha desde que alcanzó Europa por el derecho a la libre circulación y establecimiento, ha sido claro y directo: “El problema no es África, es la explicación. El problema no son los refugiados, es la Unión Europea y sus políticas”.

La sociedad civil, referente en ayuda humanitaria

Denuncian las organizaciones que la contabilización de los muertos y desaparecidos es deficiente; que las devoluciones en caliente son norma; que es inaceptable que con los medios que hay sigan produciéndose naufragios una y otra vez en el Mediterráneo; que siga muriendo gente. Denuncian también que Frontex les obliga a identificar –aunque buena parte de las veces se niegan- a quien dirigía la barca, aunque se trate de un refugiado más, de otra víctima, para acusarlo de tráfico. Denuncian que la UE destina más dinero a deportaciones forzosas que a rescates; que las vías de llegada segura a Europa son sólo un sueño. Denuncian también la externalización de fronteras, los acuerdos con países que son incapaces de asegurar el respeto de los derechos de estas personas como Libia o Turquía, la falta de colaboración de las autoridades en tierra, la falta de propuestas desde Bruselas. Denuncian que al final, la única respuesta humanitaria a esta crisis ha sido la de la sociedad civil organizada y que lamentablemente, no es suficiente.

Una decena de organizaciones han sido invitadas a la Eurocámara por el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, para tratar de buscar soluciones a esta problemática.

Precisamente para dar voz a esas organizaciones y reclamar la implicación de la UE en el salvamento de personas ha tenido lugar este encuentro en el seno del Parlamento Europeo. Para no sólo plantear críticas a esta situación, sino también propuestas “que emanen y sean construidas por la sociedad civil desde el terreno”, explica Miguel Urbán. El eurodiputado de Podemos considera que esta política migratoria sirve de cultivo a la extrema derecha xenófoba y nos aparta “de un proyecto, de una Europa solidaria y de acogida, que dista mucho de lo que es actualmente la Unión Europea”. La también parlamentaria europea de Podemos, Lola Sánchez, ha denunciado el uso fraudulento de fondos europeos para el desarrollo que se estarían utilizando para la financiación del control de fronteras.

Al evento también han acudido otros eurodiputados como Juan Fernándo López Aguilar (PSOE), Marina Albiol (IU), la socialista italiana Elly Schlein y Judith Sargentini (Verdes) así como representantes de organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Sea Watch. Al concluir éste Miguel Urbán ha lamentado un nuevo naufragio en el que 143 personas han perdido la vida hoy. “Ante el naufragio político del proyecto europeo”, ha querido concluir un metafórico Urbán, “está la sociedad civil para rescatarlo”.