La Oficina Europea de Patentes viola los derechos laborales, según los trabajadores

MADRID.- La Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés) está viviendo en primera persona los problemas de sus trabajadores. El presidente de la organización desde el año 2010 y además presidente del Consejo de Administración de la EPO, Benoît Battistelli, "está gestionando la oficina de una manera autoritaria y antisocial que está generando problemas en la oficina". Así se han expresado fuentes de SUEPO, el sindicato de la Oficina Europea de Patentes (Unión personal de la EPO), en declaraciones a Público.

La EPO, con sede en Múnich y tres subsedes en La Haya, Berlín y Viena, cuenta con 7.000 empleados de los cuales, 480 son de nacionalidad española. Los trabajadores aseguran que las medidas que está llevando a cabo Battistelli les afectan de lleno. "No solo hace las reglas sobre patentes, también sobre pensiones, sobre la salud, sobre los derechos laborales". El presidente de la EPO -que se encarga de validar los inventos y patentarlosy del Consejo de Administración -formado por 38 miembros que representan a los 38 países que conforman la Oficina Europea de Marcas y Patentes y que es responsable del régimen de personal y de definir el reglamento financiero-, lleva la voz cantante, es él quien tiene la última palabra, él es el legislador. 

En 2014, Benoît Battistelli puso en marcha una ley que perjudica a los derechos sindicales, laborales y médicas de los empleados. Por su parte, los derechos laborales se están viendo vulnerados. "Él es quien decide o no si se hace huelga y decide durante cuánto tiempo". "Hay una represión muy fuerte", aseguran fuentes del sindicato.

También pueden ser investigados en el caso de que alguien presente una denuncia anónima contra ellos. Les avisan de que van a ser investigados -incluso su correo electrónico personal- pero no pueden contarlo. "Puedes decírselo únicamente a tu mujer y a tu médico". 

Sin embargo, uno de los portavoces del sindicato cree que esta investigación que inician solo es una excusa porque forma parte del sindicato, que presiona al Consejo de Administración y a Batistelli.

Los derechos fundamentales de los trabajadores están siendo violados, sobre todo los de la salud. Battistelli toma decisiones pseudomédicas y "dispara contra los enfermos", aseguran los miembros sindicales. "El médico, propuesto por el presidente, decide si una persona está o no inválida -teniendo hasta tres opiniones de tres médicos diferentes-; si una persona se pone enferma tiene que llevar al tercer día un certificado y pueden hacerte inspecciones en tu propia casa si estás enfermo", añaden.

Además los datos médicos de cada trabajador están almacenados en una base de datos que los trabajadores no saben por quién está siendo controlada. La confidencialidad de los datos médicos es un derecho y un deber. En España si éste se ve mermado, puede ser un delito.

Las pensiones también se están viendo en peligro. El 30% del sueldo de cada empleado va a parar a un fondo de ahorros cada mes. Sin embargo, cuentan que si te vas del estado en el que trabajas esa pensión puede verse reducida. "Si me voy del estado donde resido, infrinjo una norma y me imponen una sanción. Por ejemplo, si un español tuviese una enfermedad terminal no puede volver a España hasta los 55 años. Si te vas te pueden castigar y pueden cortarte la pensión".

El sindicato de la EPO también está sufriendo un atentado: miembros sindicales están viendo cómo sus correos electrónicos son bloqueados desde dentro y desde fuera de la empresa. No pueden comunicarse entre sí. No pueden denunciar porque si lo hacen bajo su propio nombre, recibirán un procedimiento disciplinario. Esta situación en la que la intimidad se ve violada, en España sería un delito penal, tal y como confirma un abogado (responsable del caso de los trabajadores de la EPO).

Esta vulneración contra los derechos fundamentales de los trabajadores ya ha llegado a los tribunales. Fuentes del sindicato SUEPO afirman que fueron al tribunal holandés de segunda estancia y la sentencia del juez les dio la razón, diciendo que Batistelli tenía que derogar esa ley, permitiendo que entre miembros sindicales pudieran seguir mandándose e-mails, además tendría que negociar con el sindicato.

Sin embargo, la decisión del juez no ha servido para nada. Battistelli mandó un comunicado a todos los trabajadores para anunciarles que no iba a cumplir sentencia porque "es peligroso para la oficina que haya estas iniciativas que están apoyadas por el sindicato, cuyo primer interés debería ser defender los intereses del personal. Por tanto podéis contar con mi perseverancia y compromiso para defender nuestra organización". Fuentes del sindicato aseguran que este comunicado "es un ejercicio de propaganda y un ataque contra la inmunidad".

La inmunidad la tienen todas las organizaciones internacionales. Esta implica que la propia organización es independiente y no depende de las leyes del país en el que reside. Sin embargo, esta característica otorga un gran poder que puede acabar en un abuso. "Están usando la inmunidad para cambiar las leyes laborales, las leyes sindicales, la ley de sanidad, los derechos y libertades fundamentales. Es un abuso de la inmunidad", sentencian fuentes del sindicato.

"El Parlamento Europeo esquiva el tema"

Sepuo, el sindicato de la Organización Europea de Patentes y Marcas, ha contactado con diferentes parlamentos: el de Holanda, Luxemburgo y el Parlamento Europeo.

Lo hacen de forma anónima y personal, pidiendo de forma primordial que guarden su identidad para que no les echen de sus puestos de trabajo. Simplemente, les dejan la información que necesitan, los parlamentarios investigan y proponen la pregunta en la Comisión Europea. Sin embargo, la reacción de los comisarios europeos y los políticos es pasiva, evitan este tema porque la EPO es una organización internacional independiente. "No es de la Unión Europea y no tiene autoridad. Lo que sí tiene es autoridad política, pero no hacen nada", aseguran miembros del sindicato.

"Battistelli hace la norma, él es el juez. Lo que hace debería de estar supervisado por los Estados miembros”, afirman fuentes sindicales. "Pero nadie la supervisa por el dinero y el poder. La EPO no recibe dinero de los países miembros, sino al contrario, les aporta muchos beneficios", confirman las fuentes.

"No tenemos vía judicial para las cuestiones laborales"

Todos los trabajadores, independientemente de que formen parte del sindicato o no, opinan lo mismo. "No tenemos una vía judicial para las cuestiones laborales porque el juez es el presidente". Están en una situación de indefensión porque no pueden defender sus derechos fundamentales si no se cambia la norma que puso en marcha Battistelli.

La única manera que tienen de denunciar lo que está ocurriendo es a través de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) pero con la dificultad de que no ve demandas sindicales, sino demandas individuales. "La acción sindical está vetada. No obliga a la EPO a cambiar la norma porque la demanda es individual y solo afecta a ese individuo", aseguran.

Por ello, han contactado con el despacho de abogados de Madrid para llevar el caso. "A través de una campaña mediática, del contacto con los sindicatos de CCOO y UGT para acceder a la Federación europea de sindicatos (FES), del contacto con grupos parlamentarios y con el representante del gobierno español, Patricia García Escudero; queremos reabrir la negociación e incluso abrir una vía judicial en España, a pesar de la inmunidad", concluye uno de los abogados responsables del caso.