Diecinueve países americanos, convocados por el presidente de  Colombia, Gustavo Petro, enviaron delegaciones a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se ha desarrollado durante tres días en Cali. La presencia más destacada fue la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De manera simultánea se desarrolló un foro temático con la participación de expertos, productores cocaleros y funcionarios, transmitido en directo por la televisión pública Señal Colombia.

Son dos espacios que raramente se encuentran. El entramado legal internacional para la fiscalización de las drogas va por un carril completamente blindado, mientras el sentido común va por otro, más congruente con la realidad y con otras convenciones de la propia ONU, como los derechos de los pueblos indígenas o los principios que consagran la libertad personal.

Ambas corrientes coincidieron solo fugazmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas celebrada en 2016 (UNGASS), cuando en una difícil labor diplomática se logró en Nueva York incluir en el documento oficial la difusa frase "y otros instrumentos internacionales pertinentes". Quisieron indicar, sin nombrarlo de forma específica, que los derechos humanos tienen la misma categoría que las convenciones antidrogas.

A ello se oponen los países donde hay tolerancia cero hacia el narco. En aquella reunión de 2016, el colombiano Juan Manuel Santos, entonces presidente, declaró en solitario que la guerra contra las drogas había fracasado y que era "hora de replantear" la política sobre drogas. 

El Documento Final de Santiago de Cali, de 17 puntos, muestra que no hubo consenso para reconocer el fracaso de la llamada 'guerra contra las drogas', impuesta en los años setenta del siglo XX por Richard Nixon y centrada en la persecución a los productores y traficantes. Este era el argumento central con el cual había convocado Colombia a la cumbre de Cali. Pero el texto sí menciona el término "derechos humanos" y, además, hace una larga referencia a las prioridades sobre las que actuar en ese sentido.

El texto comienza por establecer su acatamiento a las convenciones sobre drogas, un marco legal internacional prohibicionista. Dos expertos consultados por Público –uno en Chile y otra en Colombia– coincidieron en expresar su desazón sobre el Documento Final: "Es lo de siempre"; "la misma monserga de siempre". A estas alturas, se esperaba un cuestionamiento del complejo entramado de convenciones antidroga, que son el origen del problema.

Como se recordó en Cali, el "problema" de las drogas era inexistente antes de que se estableciera su control; la humanidad ha consumido y consumirá siempre sustancias que le ayuden a lidiar con la conciencia.

Petro agregó un apunte: el mercado de la droga no se puede prohibir por decreto; su precio no depende –como se ha afirmado por décadas– de perseguir la oferta, y la oferta no baja al reprimir la demanda. La demanda no depende del precio sino de la adicción, y esta, agregó, surge por soledad y desamor. El presidente colombiano lamentó que se explore tan poco sobre las causas de las adicciones en EEUU y Europa.

La Conferencia de Cali planteó la creación de un grupo de seguimiento regional que tendrá la misión de llevar propuestas de consenso ante la ONU y los países reunidos en Cali, con miras a convocar para 2025 una Cumbre Internacional sobre Drogas en el marco de las Naciones Unidas. Se propondrán medidas nacionales en lo político, lo jurídico y lo social que "complementen y permitan dar cumplimiento flexible al régimen internacional sobre drogas existente, de acuerdo con las realidades de cada país".

Al contrario de lo que ocurre con los tratados internacionales sobre derechos humanos, las convenciones antidrogas no prevén mecanismos para reformarse, ni herramientas que permitan contrastar su efectividad. No tienen Asamblea de Estados Parte. Cualquier cambio que proponga un país requiere el consenso del 100% de los firmantes, que son 183 estados.

Un ejemplo fue el tortuoso camino jurídico que Bolivia emprendió en 2001 para que se permitiera legalizar la hoja de coca y otros cultivos tradicionales. La liberalización del consumo recreativo de marihuana en Uruguay, Canadá y EEUU son hechos que desafían al sistema sin confrontarlo.

Petro y su cambio de paradigma

Gustavo Petro viene pregonando la necesidad de un cambio de paradigma que le ponga fin a la guerra contra la droga. Lo ha abordado en escenarios multilaterales y bilaterales, se lo ha planteado directamente a Joe Biden en Washington. En esa ocasión, logró suscitar el interés del presidente de EEUU hasta el extremo de que la Casa Blanca canceló las dos citas siguientes en la agenda de Biden para extender su charla con el colombiano.

El Gobierno de Petro busca lo que nunca se ha ensayado: ir más allá de la sustitución de cultivos, como se ha intentado hasta ahora. El líder colombiano plantea que en las zonas cocaleras, que es donde circula una porción ínfima del capital narcotraficante, se compita in situ al mercado de la pasta base con empresas comunitarias de valor agregado y con centros de acopio que faciliten la compra-venta. Además, propone contrarrestar el monocultivo de coca en ciertas regiones con la diversificación de productos.

Esa es también la propuesta del economista Felipe Tascón, que dirige el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Para lograrlo, el Estado debe llegar con toda su oferta de servicios a las regiones cocaleras. La condición para que el Estado pueda entrar a estas regiones abandonadas es la Paz Total, que consiste en pactar con las guerrillas supervivientes y desactivar docenas de grupos armados mediante soluciones jurídicas y sociales.

Dado que es un programa a largo plazo, de al menos a diez años, sería conveniente que los proyectos se manejen mediante fiducias administradas por organismos como la FAO, de tal manera que los vaivenes políticos no atenten contra la estabilidad social de las familias cultivadoras de coca.

La Conferencia en Cali avanzó en dirección de lo que busca el Gobierno de Colombia, que sabe que no puede alzarse en solitario contra la maraña legal del mundo: cuadrar progresivamente consensos regionales hasta lograr que la propuesta tenga presencia internacional.

El objetivo es que América Latina y el Caribe, y necesariamente más países de peso, lleguen con una posición unificada a la Conferencia de 2025. En Cali se han observado pasos en ese sentido y esto  dibuja un escenario distinto al de la década pasada, cuando Santos hizo la mencionada intervención en la UNGASS 2016.

El foro temático fue destacado en el Documento Final de Santiago de Cali por proporcionar "insumos para enriquecer la construcción intergubernamental en el marco de este proceso". Ciertamente, la discusión en el foro temático destacó por la proposición y el debate de nuevas ideas, algo que va en contraste con la declaración formal del Documento Final de la cumbre oficial de Cali.