Las multinacionales quieren que el TTIP ponga en sus manos agua, educación y sanidad

MADRID.- No hay nada de qué preocuparse, pueden estar tranquilos; pero no, no vamos a enseñar las cartas para no comprometer la negociación. Este es el mensaje que Bruselas repite una y otra vez ante las preguntas sobre el TTIP, el polémico tratado de libre comercio que la UE y EEUU negocian con opacidad desde mediados de 2013. Es el argumento que reutilizan en bucle, incluso cuando la luz baña una pequeña parte del acuerdo y desata nuevas críticas.

El Observatorio Corporativo Europeo (CEO) ha publicado este lunes un nuevo informe sobre el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) que denuncia la "confabulación secreta" entre las multinacionales y los negociadores de la Comisión, y alerta del peligro concreto que corren los servicios públicos si finalmente llega a ratificarse el acuerdo. El CEO cree que están "bajo la amenaza" de estas negociaciones comerciales, que el tratado pone en peligro la capacidad reguladora de los gobiernos, e incluso "los derechos de los ciudadanos de acceder a servicios públicos como el agua, la salud o la energía, en aras  de los beneficios corporativos".

Eberhart "La agenda de los lobbies corporativos es agresiva, y hay riesgo de que el TTIP sirva para impulsar privatizaciones"

"La agenda de los lobbies corporativos es agresiva, y hay riesgo de que el TTIP sirva para impulsar privatizaciones", asegura a Público Pia Eberhart, portavoz del CEO. A su juicio, esta alianza no sólo supondría dar nuevas cartas a las multinacionales, sino que los países europeos que plantean remunicipalizar servicios de agua o energía podrían ver sus manos atadas para acometer estas reformas. 

Según el estudio Los servicios públicos bajo ataque, el TTIP y el CETA ( acuerdo UE-Canadá) podrían, "en el peor de los escenarios", "bloquear los servicios públicos llevándolos a una comercialización de la que no podrán ser recuperados, sin importar cuán perjudicial resulte esto para el bien común".  Entre estos servicios públicos se encontraría también la educación ya que, como recuerda Eberhart, la Comisión ha pedido "flexibilidad a los 28" para que puedan "abrir la educación a los mercados", algo que tampoco ha gustado a los cientos de organizaciones críticas con el acuerdo.

El informe es claro al respecto: TTIP y CETA pueden ser utilizados para limitar las capacidades gubernamentales de producir, distribuir o incentivar determinados tipos de energía, como las renovables, y la oferta de servicios en el CETA recoge que al menos 11 estados, entre ellos España y Alemania, ponen sobre la mesa de privatizaciones los servicios hospitalarios. 

"Incluso si un Gobierno quiere proteger el sector público, con la lista negativa hay peligro", afirma.

Pero Bruselas no admite que haya peligro, no reconoce riesgos: "En ningún momento las actuales negociaciones comerciales con EEUU (TTIP) pondrán en peligro los servicios públicos ni supondrán su privatización", asegura la web de la Comisión al respecto. La trampa está en que TTIP y CETA no necesariamente supondrán una privatización forzosa, sino que abrirán la puerta a que estas privatizaciones tengan lugar. Y uno de los elementos clave para lograrlo es la lista negativa: una enumeración de los servicios que no podrán ser privatizados. "Lo que quede fuera, será susceptible de serlo", explica Eberhart. 

La lista negativa es ya una realidad en el CETA, y la portavoz del CEO denuncia que la Comisión maniobra para que también lo sea en el TTIP, en el que de momento trabajan con una suerte de "lista mixta". En esta línea, Eberhart reconoce que los gobiernos tendrán cierta capacidad de decisión, pero que todo aquello que no figure en esta lista, incluidos nuevos servicios o modelos de servicios, quedará al alcance de las empresas. "Es muy difícil meterlos todos". "Incluso si un Gobierno quiere proteger el sector público, hay peligro", apunta.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, presentó al inicio de septiembre una remodelación del mecanismo de protección de inversiones o ISDS (Investor State Dispute Settlement). En la práctica, la nueva herramienta de blindaje de las multinacionales frente a los estados, denominada ICS (Investor Court System) recurre a un pool de árbitros con formación de jueces, que sin embargo toman sus decisiones en función de lo establecido en el TTIP. Sólo las empresas pueden demandar a los estados, y tienen la facultad de hacerlo siempre que consideren perjudicadas sus ganancias o sus expectativas de beneficio como consecuencia de los cambios normativos que determinen los estados.

El  rechazo al ISDS de un 97% de los 150.000 europeos que participaron en una consulta pública al respecto o el portazo de varios partidos políticos llevó a Malmström a presentar esta reforma -que debería ser aceptada por EEUU, y a priori no parece contar con muchas posibilidades-, pero Eberhart aclara que en cualquier caso las multinacionales tendrán las de ganar. "La demanda será la misma. Aunque sea tratado de otra forma, el proceso es el mismo, el riesgo es el mismo, y los derechos de los demandantes, iguales", zanja.

Y, aunque no estuviera en lo cierto, la ratificación del CETA permitirá a las multinacionales estadounidenses con filiales en Canadá que demanden a los estados europeos. "Todas las que tengan sedes en Canadá podrán acogerse a esta opción", apostilla la portavoz del CEO.

Inicialmente los servicios audiovisuales debían quedar fuera del acuerdo, pero Hollywood sigue jugando sus cartas para cambiarlo. El informe alerta de cómo el gobierno de EEUU y la Motion Picture Association of America (la Asociación de Productores y Distribuidores Cinematográficos de América), presionan para acabar con las cuotas de pantalla europeas, así como otras medidas destinadas a proteger las industrias locales en países como España, Italia, Polonia y ,muy especialmente, en Francia, particularmente fiera a la hora de defender su producción cinematográfica ante la apisonadora de la industria norteamericana.

Sin embargo, la cultura o los servicios públicos serían sólo algunas de las patas a las que afectarían dos acuerdos que van mucho más allá del comercio y de la inversión, ya que también podrían tener efectos sobre las normativas de seguridad, las barreras ambientales, las regulaciones sobre productos químicos... y un largo etcétera. 

Ambas alianzas se encuentran hoy en fases muy distintas: mientras el CETA está listo para ser ratificado en 2016, Washington y Bruselas aún están negociando el TTIP, y EEUU comienza a mostrar su decreciente interés por el acuerdo. La firma de un tratado con una docena de países de Asia, Oceanía y Sudamérica (TPP) era un objetivo prioritario para Washington, que tampoco ha visto con buenos ojos la reciente sentencia sobre protección de datos dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La oposición al TTIP crece: 200.000 personas se manifestaron contra el acuerdo en Berlín este sábado, y Bruselas acogerá la llegada de las Euromarchas esta misma semana

El informe de 46 páginas, firmado por el investigador en políticas económicas, desarrollo y medio ambiente Thomas Fritz, y avalado por varias organizaciones además del CEO, señala que aunque ambos tratados son aparentemente independientes, en ambos se pueden encontrar "huellas claras" de la influencia de los mismos lobbies corporativos, entre ellos la poderosa patronal europea, Business Europe, o el Fórum de Servicios Europeo, donde se encuadran compañías como British Telecommunications o Deutsche Bank.

El hecho de que el 83% de las reuniones -oficiales- de la Comisión hayan tenido como interlocutores a las multinacionales, los emails filtrados en los que Bruselas les pide "sugerencias" y aportaciones con respecto al TTIP a las multinacionales, o las declaraciones públicas de estas empresas, permiten al CEO afirmar que la relación de Bruselas con los lobbies es bidireccional, y que la Comisión les "estimula de forma activa" para que participen en la redacción del acuerdo.

La oposición al TTIP, CETA o al TiSA (Trade in Services Agreement) sigue creciendo. Este sábado, entre 150.000 y 250.000 personas salieron a las calles de Berlín para clamar contra el Acuerdo Transatlántico, y esta misma semana Bruselas acogerá la llegada de las Euromarchas. Denuncian la desigualdad existente en una Unión incapaz siquiera de acoger a los refugiados que llaman a sus puertas huyendo de la guerra, contra el excesivo peso de los mercados financieros en las vidas de todos los europeos... Pero también claman contra la firma de acuerdos como el TTIP, que consideran un arma de los poderes económicos y políticos para blindar aún más a las grandes multinacionales, en detrimento de las soberanías nacionales, los derechos de los trabajadores y los estándares de seguridad y de protección del medio ambiente.