Minera SamarcoSilencio y abandono ante la mayor tragedia medioambiental de Brasil

No sonó la sirena como se debería hacer en estos casos. Tampoco se atendieron las advertencias de la Secretaría de Medio Ambiente sobre la fragilidad del dique que contenía los residuos tóxicos de la minera. Trabajaban sin haber obtenido la renovación de la licencia ambiental. Y no disponían de un plan de contingencia y de prevención de riesgos actualizado. Así fue como el 5 de noviembre de 2015 se cumplieron todos los pronósticos. El dique de la minera Samarco se rompió y un mar de residuos tóxicos, concretamente 44 millones de metros cúbicos -el equivalente del contenido de agua de 17.600 piscinas olímpicas- acabó con la vida de 19 personas, la historia de 300 familias, y con el 80% del ecosistema de la quinta mayor cuenca hidrográfica de Brasil.

El tsunami de barro pilló desprevenido al pueblo de Bento Rodrigues (interior de Minas Gerais) que en cuestión de horas quedó sepultado. Dos días después las ciudades de Paracatú y Gesteira correrían la misma suerte y miles de habitantes de las comunidades de pescadores de la región vieron cómo su forma de vida, la única que conocían, desaparecía. En una semana el barro recorrió 655 kilómetros a través del Rio Doce hasta llegar al océano Atlántico, a la altura del estado de Espíritu Santo, al norte de Rio de Janeiro.

Este domingo se cumplen dos años del accidente medioambiental más grave de Brasil. El silencio de las autoridades brasileñas y de los responsables de Samarco (empresa que pertenece a las dos mayores mineras del mundo, la brasileña Vale y la anglo-australiana Bhp Billiton), contrasta con el lamento de las 300 familias que siguen sin recuperar su vida, que velan a sus muertos, a los del 5 de noviembre y a los que han fallecido a lo largo de estos 24 meses, hundidos por la tristeza del que se ha quedado sin nada.

Tereza das Cruzes echa de menos su horno de leña; Maria do Rosario Rodrigues, las horas que pasaba sentada debajo de la bananera; y Silvio Diniz, levantarse a las cuatro de la mañana para ir a pescar. Todos ellos quieren volver a sus casas, al campo, a la tierra, y poder empezar de nuevo. Ahora sólo repiten una frase: “Estamos presos como un pájaro en una jaula”.

Después de siete meses de lucha, estas familias consiguieron que las reubicaran en apartamentos dentro de la ciudad de Mariana, la más próxima al desastre y la más poblada. Pero la reubicación definitiva, la que supone volver a su tierra, está prevista para 2019, aunque son pocos los que confían en que esa fecha se cumpla.

Conseguir las indemnizaciones correspondientes ha sido una batalla que todavía está por vencerse. La Fundación Renova es la institución que se creó (bajo el mando de las mineras Samarco, Vale, Bhp Billiton) con el fin de encargarse de las indemnizaciones y reparaciones de los afectados. Los que tenían una casa pero la usaban como segunda residencia recibirían 3.000 euros. Los que se quedaron sin su residencia principal, 6.000 euros. Y aquellos que perdieron a familiares, un total de 30.000. Las 300 familias reubicadas deberían recibir un salario mensual de 350 euros por quedarse no sólo sin hogar, sino sin su trabajo: la agricultura y la pesca.

Fractura social: “Pies de barro”

Si en un primer momento las víctimas fueron acogidas en Mariana con los brazos abiertos, el paso de los meses ha provocado que los nuevos habitantes sean vistos como enemigos. Cuando salen a manifestarse para reclamar sus derechos no es raro escuchar eso de “ahí están los beneficiados de la tragedia”, o lo de “poneos a trabajar, desempleados”.

El cierre de Samarco, en una región que vivía casi exclusivamente de la minería, provocó que el desempleo pasara de un 5% a un 25%. La mayoría de los impuestos que recaudaba el ayuntamiento de Mariana venía de esta empresa, su desaparición temporal ha supuesto una pérdida de cuatro millones de euros para el municipio, y un recorte de otros 300 puestos de trabajo en el sector público: “Hay una minoría de la población que ve a las víctimas de la tragedia como a los responsables de la situación que vivimos en Mariana, pero es completamente falso”, reconocía su alcalde, Duarte Junior a BBC Brasil.

La adaptación a la ciudad ha sido para los afectados una de las partes más difíciles en estos dos años. Algunos se quejan de que los vecinos no les hablan, de lo caro que está el kilo de tomates (ellos los plantaban), o de lo duro que es no tener un horizonte por el que mirar desde la ventana. Los pedidos de asistencia psicológica han aumentado un 125%. La depresión afecta a los más mayores. Los jóvenes se quejan de trastornos de ansiedad. Y después está el caso de los cien niños de Bento Rodrigues que al entrar en la escuela de la ciudad, escuchaban cómo les decían: “Ahí vienen los de los pies de barro”. “Mi hijo no quería ir a la escuela, él y sus amigos sufrían todo tipo de humillaciones”, cuenta Maria dos Anjos de Almeida.

Hace cuatro meses que la Fundación Renova habilitó un nuevo colegio para separar a los menores afectados por la tragedia de los que ya vivían en la ciudad: “Es una tristeza que la adaptación a la ciudad esté siendo tan difícil. Nosotros hemos colaborado abriendo un centro de convivencia en Mariana”, decía esta semana Roberto Waak, el presidente de Renova.

Un ecosistema para los próximos cien años

El verde y el azul de los más de seiscientos kilómetros de río sigue marrón. Según el profesor Marcus Vinícius Polignano, que monitorea la actividad económica y su impacto ambiental en las cuencas hidrográficas de la región, el 80% del río Doçe está perdido. La densidad de los residuos minerales y la pérdida de oxígeno del agua dejaron 11 toneladas de peces muertos en un caudal que por tramos aparece totalmente seco, obstruido por el barro.

El investigador Carlos Alfredo Joly, del Instituto de Biología de la Universidad de Campinas, asegura que “todo el ecosistema está afectado, no estaremos vivos para ver una mínima recuperación de la vegetación perdida”. Además recuerda que tendrá un “efecto crónico”: cuando llueva sobre el río, los residuos retomarán su camino hacia el mar y la contaminación del agua será intermitente. Las comunidades ribereñas fueron las primeras en sufrir este efecto. Medio millón de habitantes que vivían a lo largo del curso se quedaron sin agua durante 20 días.

Ni Samarco, ni Vale, ni BBP Billing han ofrecido una explicación clara sobre lo sucedido

El flujo de nutrientes en toda la cadena alimentaria en la tercera parte de la región del sudeste de Brasil y la mitad del Atlántico sur se verá comprometida por un mínimo de cien años”, advirtió en BBC Brasil el biólogo marino André Ruschi.

El desastre medioambiental no ha puesto en cuestión el modelo de crecimiento de la región. El alcalde de Mariana reconoció en una entrevista que el pueblo necesitaba “recuperar la industria minera cuanto antes”. Ni Samarco, ni Vale, ni BBP Billing han ofrecido una explicación clara sobre lo sucedido. Pero en el último mes presentaron una petición en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Minas Gerais para obtener un tipo de licencia operativa que les permita retomar algunas de sus actividades. Todavía no han recibido respuesta.

El silencio del gobierno

La multinacional Vale, que en 2012 recibió de Greenpeace el título de “peor empresa del mundo” por “no respetar los derechos humanos y ambientales”, es también líder en evasión de impuestos en Brasil, un país que tiene una deuda de 15.000 millones de euros de impago. Pero lo compensa al colocarse como una de las principales donantes en las campañas electorales brasileñas.

El periodista Alceu Castilho, en el portal Outras Palavras, explica cómo el PMDB (el partido del Ejecutivo de Temer y con mayoría en el Congreso) es el principal receptor de ayuda de Vale, con un total de 8,2 millones de euros en 2014. El Partido de los Trabajadores ostentaría el segundo puesto en donaciones de la minera, con 2,3 millones de euros, seguido por el PSDB (hoy también socio del Ejecutivo de Temer), con 1,5 millones.

Dos años después del accidente de Samarco muchas de las víctimas siguen sin recibir las ayudas prometidas, tampoco han podido volver a su tierra, ni recuperar sus vidas. Sin embargo las mineras brasileñas y extranjeras han tenido mejor suerte con los últimos tres decretos firmados por el Ejecutivo de Temer para liberar terrenos destinados a la extracción minera en reservas ecológicas y áreas indígenas. Sobre los habitantes de Bento Rodrigues, Paracatú y Gesteira, el presidente brasileño no se ha pronunciado.