BRASILIA.- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, declaró abierta la votación en que se decidirá si el proceso con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff llegará a la instancia definitiva del Senado.

La decisión está en manos del pleno de 513 diputados, en el que se necesita una mayoría calificada de 342 votos para que el proceso sea remitido a la Cámara Alta, que definiría si Rousseff finalmente responderá a un juicio político que le puede costar el cargo.

La votación, que pudiera durar unas cinco horas, será nominal y cada uno de los 513 diputados será llamado a manifestarse frente a un micrófono, de acuerdo a orden geográfico determinado por la latitud de los 27 estados del país.

Antes de que se iniciara la votación, intervinieron los jefes de los grupos de los 27 partidos representados en la Cámara Baja y, en su mayoría, aunque fijaron posición, liberaron a sus parlamentarios para votar de acuerdo a sus propias convicciones.

De esos 27 partidos, solamente siete se manifestaron a favor de la mandataria y anunciaron su voto contra un eventual juicio.

El resto, liderado por los que ostentan tres las cuatro primeras minorías, expresaron su apoyo al proceso, lo que parece ponerle las cosas muy difíciles a Rousseff, quien dependerá de las disidencias internas en esas formaciones para que el trámite sea archivado.

El primer diputado a votar fue Woston Reis, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que manifestó su apoyo al "impeachment".

Esta sesión fue precedida por debates que comenzaron la mañana del viernes, se prolongaron en forma ininterrumpida durante casi 43 horas, en las que intervinieron 389 diputados.

Rousseff ha sido acusada de incurrir en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

El Gobierno y la propia Rousseff han calificado el proceso como un "golpe de Estado" y asegurado que esos actos, si bien pudieran sugerir alguna "falta" administrativa, no suponen un "delito de responsabilidad", que es lo que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.

Si el proceso avanza, la palabra pasará entonces al Senado, que en un plazo de unos quince días decidirá si acepta las acusaciones e instaura el juicio político. En ese caso, Rousseff sería separada del poder durante 180 días, que sería el plazo que el Senado tendría para realizar el trámite que pudiera concluir con su destitución.

Durante ese período, el lugar de Rousseff sería ocupado por el vicepresidente Michel Temer, quien rompió sus relaciones con la mandataria y ha dedicado las últimas semanas a consultas sobre lo que sería su posible Gobierno, pues si se llega a la destitución le tocará completar el mandato que acaba el 1 de enero de 2019.

Por su parte, miles de personas tomaron este domingo las calles en decenas de ciudades a favor y en contra de la mandataria.