Marruecos expulsa a cinco juristas españoles que pretendían hablar con presos saharauis

ZARAGOZA .- Marruecos ha detenido y expulsado de su territorio a un grupo de siete juristas, cinco de ellos españoles, que formaban parte de una delegación internacional que pretendía entrevistarse con un grupo de activistas saharauis presos de Gdeim Izyk, un campamento de refugiados de la antigua colonia española fundado en 2010 y cuyas protestas señalan algunos observadores como precursoras de la Primavera Árabe.

Han mantenido una huelga de hambre de 36 días para reclamar un nuevo juicio al considerar que el celebrado hace tres años, y en el que fueron condenados a largas penas de prisión, careció de las mínimas garantías jurídicas.

Los juristas fueron detenidos el miércoles por la tarde en el hotel de Rabat en el que se alojaban y, tras pasar cuatro horas incomunicados, quedaron retenidos a la espera de ser expulsados hoy de territorio marroquí. Su llegada a España, vía aérea, está prevista para esta tarde.

Los expulsados, miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de apoyo al pueblo saharaui de Aragón, Andalucía, Asturias y Canarias, son el magistrado del Tribunal Superior de Justicia asturiano Jesús María Montillo, los abogados Nieves Cubas, Juan Carlos Gómez, Altamira Guelbenzu y Francisco Eses, que viajaban junto con un letrado francés y otro belga.

La detención de los abogados españoles se produce en plena escalada de tensión de las relaciones internacionales por parte de Marruecos, que recientemente expulsó de su territorio a 84 integrantes de Minurso -la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental- y la Uniòn Africana, además de congelar la partida de unos tres millones anuales que destinaba a financiar su funcionamiento.

Marruecos también rompió relaciones con la Unión Europea hace unas semanas, tras anular el Tribunal de Justicia de la UE el acuerdo comercial agrario bilateral al advertir que incluía productos de la antigua colonia como su fueran alauitas. En ese pleito, el tribunal reconoció por vez primera la legitimidad del Frente Polisario para representar los intereses del pueblo saharaui.

“Debe ser considerado una persona moral”, señalaba la sentencia, que recordaba que la antigua colonia está siendo “administrada de hecho” por el Estado alauita pese a carecer de “ningún mandato” de la ONU para hacerlo y de no estar incluido “en las fronteras internacionalmente reconocidas”.

El ayuntamiento de Zaragoza, que envía esta semana una delegación de concejales a los campos de refugiados de Tinduf en representación de la Comisión de Información para el Sahara Occidental (CISO), ha aprobado este jueves una declaración en la que denuncia “los ataques a la libertad de circulación de personas que intentan realizar trabajos de vigilancia de los derechos humanos”.

“Ayer mismo tuvimos un claro ejemplo de cómo se comporta Marruecos en materia de derechos humanos”, señaló la vicealcaldesa de Zaragoza y responsable de Servicios Sociales, Luisa Broto, que reclamó que “el respeto” por esa norma internacional “esté por encima de cualquier otro motivo; económico, político o social”.

La declaración del ayuntamiento de Zaragoza, suscrita por sus cinco grupos municipales (ZeC, PP, PSOE, C’s y Cha), muestra su repulsa ante “la expulsión del personal civil de Naciones Unidas realizada por Marruecos recientemente”, reclama al Gobierno español y a la comunidad internacional “que realicen las gestiones oportunas para que regresen y además se les dote de competencias para la supervisión de los derechos humanos” y reivindica “la liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados por ejercer sus derechos y libertades fundamentales”, al tiempo que denuncia la actitud marroquí de mantener “los territorios ocupados del Sahara Occidental cerrados a la presencia de observadores internacionales y periodistas”.