Tras un año de deliberaciones, los constituyentes, entre los que figuran independientes, activistas de movimientos sociales, representantes de los pueblos indígenas y políticos de diversos partidos, entregaron esta semana el texto definitivo de 388 artículos al presidente Gabriel Boric, el joven y carismático líder progresista que lleva apenas cuatro meses en el cargo. El próximo 4 de septiembre Chile volverá a las urnas para decidir si aprueba o rechaza la nueva Constitución. 

La campaña acaba de arrancar en un país muy polarizado entre partidarios y detractores de una norma que apuesta por un Estado con más derechos sociales, una democracia paritaria, la protección del medio ambiente y un amplio reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. La abogada Manuela Royo (Santiago de Chile, 1982) ha formado parte de la Convención como coordinadora de la comisión de Derechos Humanos. En una entrevista con Público, defiende los valores sociales que promueve la nueva Constitución y alerta sobre las consecuencias que tendría una reprobación de la misma, tal y como pronostican las encuestas: "Si se rechaza, será muy peligroso para la estabilidad de Chile".

¿Cómo ha sido el proceso de gestación de la nueva Constitución tras el estallido social de 2019?

Este proceso ha sido vertiginoso y muy difícil también. Es importante recordar que se instaló (la Convención) bajo el gobierno de (Sebastián) Piñera, quien no brindó ningún apoyo para que el proceso constituyente se llevara a cabo. Comenzamos con una absoluta precariedad y en mucha soledad también respecto al apoyo del poder constituido. Sin duda, ha tenido muchas dificultades, pero logramos dentro del plazo establecido de un año hacer un texto constitucional que claramente implica un avance a nivel mundial respecto a la profundización de la democracia. 

Es una Constitución que por primera vez se escribe de forma paritaria, mitad mujeres, mitad hombres, con escaños reservados también a pueblos indígenas, y creemos que el resultado de este proceso es un texto constitucional que está a la vanguardia a nivel mundial, que plantea temas tan relevantes hoy en día como una Constitución ecológica, una Constitución feminista, y consagra derechos sociales, superando la lógica del Estado neoliberal y subsidiario que se instaló desde la dictadura de (Augusto) Pinochet (1973-1990).

¿Qué diferencias destacaría respecto a la Constitución vigente, que fue promulgada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet?

Esta Constitución establece desde el primer artículo que Chile es un Estado social de Derecho, y por tanto el Estado asume la responsabilidad respecto de la protección y la garantía de derechos tanto individuales como colectivos dentro de la sociedad, y se plantea como un Estado ecológico, como un Estado regional, superando la lógica centralista que históricamente ha existido en Chile. 

Y además, reconoce la plurinacionalidad, valorando la existencia de los pueblos indígenas dentro de nuestra democracia (…) Se profundiza la democracia y se garantizan derechos fundamentales que nunca habían estado en un texto constitucional. Esta Constitución supera la lógica tanto en la forma como en el fondo de cómo se hizo la Constitución de 1980, que planteaba un Estado mínimo y dejaba en manos del mercado aspectos tan esenciales de nuestra vida como la educación, la salud, la vivienda; aspectos que son garantizados como derechos sociales en esta nueva norma.

Las encuestas auguran un triunfo del rechazo a la Constitución. La campaña acaba de comenzar y quedan dos meses por delante hasta el referéndum del 4 de septiembre. ¿Qué escenario electoral contempla?

Llevamos un año escribiendo esta Constitución, investigando, proponiendo, y hay quien está haciendo campaña por el "rechazo" desde el día uno. Y estos son los sectores de la derecha. Y esos sectores, que incluso han venido a España a formarse con Vox y con grupos de ultraderecha, siguen las mismas lógicas, como la manipulación de los medios de comunicación, las fake news, la posverdad, y, en la práctica, han hecho mucha campaña desde un principio en contra de la Convención. Pero creo que la única forma de revertirlo es explicando la importancia de los derechos sociales y la gran diferencia que existe con la Constitución del 80.

 Nosotras somos personas que venimos de los movimientos sociales, de los territorios, no somos personas ricas ni de dinero. Ellos sí, tienen las grandes empresas detrás, tienen un lobby brutal de las mineras, de la agroindustria. Tienen muchísimo dinero para comprarse tiempo en las radios, en la televisión, y eso es real. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar en los territorios, hacer campaña y salir a hacer justicia por algo que es absolutamente significativo. Estamos en desventaja, pero esperamos darle vuelta, como hicimos en la segunda vuelta presidencial.

El presidente Boric fue en 2019 uno de los promotores del Acuerdo por la Paz y del proceso constituyente. ¿Qué supondría para su proyecto político un rechazo a esta Constitución?

Si eso ocurre, creo que va a ser un golpe importante, no solo para el gobierno, sino también un golpe durísimo para los movimientos sociales. El estallido social (de 2019) fue un proceso en que se renovaron formas de hacer política, formas de protesta. Salimos a la calle con otra lógica de la que vivimos en los 90 y en los 2000, desde la alegría, desde la esperanza, y se canalizó este proceso constituyente. 

Si logramos aprobar (la Constitución), sin duda va a ser muy significativo, pero si gana el "rechazo", yo creo que va a dejarnos en un desamparo importante. Creo que va a servir de argumento para no cambiar nada. Y creo que es muy peligroso para la estabilidad de Chile y que también es muy peligroso, por ejemplo, respecto a la relación con los pueblos indígenas, porque también se busca un diálogo y salidas políticas a un conflicto. El "rechazo", además de mantener esta Constitución de la dictadura, va a significar la pérdida importantísima del movimiento social en Chile.

Entre las medidas que propone la nueva Constitución figura la restitución de tierras a los pueblos indígenas para avanzar en la solución de conflictos como el del pueblo mapuche.

Yo soy convencional constituyente por la Araucanía, he trabajado durante mucho tiempo con comunidades mapuches, y me parece importante tener en consideración que el conflicto que existe entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile no es un conflicto de hace 500 años, de cuando llegaron los españoles a América, sino que es muy reciente. Hay tratados que se firmaron en 1825 donde se establecía que existía una frontera entre el territorio donde está el pueblo mapuche y donde existía el Estado de Chile. 

Y no fue sino hasta 1890 cuando se dio la culminación del proceso de paz de la Araucanía. Mediante la guerra y la invasión militar se les quitaron a los pueblos indígenas tierras donde habían vivido muchísimos años (...) ¿Qué plantea esta nueva Constitución? Por un lado, el reconocimiento del derecho a la tierra y al agua de los pueblos indígenas (…) y también la creación de una comisión de restitución territorial. En ese plano, me parece importante recordar que hoy en día la gran cantidad de los territorios indígenas está en manos de las empresas forestales (…) que en la práctica no solo han profundizado un modelo absolutamente extractivista y depredador de la naturaleza, sino que por años fueron subsidiadas por el Estado.

Ese reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas ha generado cierto revuelo entre sectores de la derecha.

Desde hace mucho tiempo existió un pacto del Estado de Chile con los pueblos indígenas; incluso el expresidente Patricio Aylwin se comprometió en el año 1989, en un acuerdo con los pueblos indígenas, a su reconocimiento constitucional, y además a un proceso de restitución territorial. Nada de eso se dio hasta esta nueva Constitución, y aquí es relevante tener en consideración que nada de lo que plantea esta Constitución es un invento. Los artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) establecen precisamente que en los territorios indígenas se deben aplicar también los medios de resolución de conflictos jurídicos que tienen los propios pueblos indígenas, y estos modelos han sido experimentados con éxito en Canadá, en Nueva Zelanda, en Colombia. 

Lo que hace la nueva Constitución chilena es abordar los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas (…) Creo que hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento y también siento que hay racismo entre los detractores de estos avances en reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. Es un problema político. Y si el Estado tiene la voluntad política de conversar con las (empresas) forestales y de decir que lleguen a una solución, esto se va a resolver. Tiene salida, pero tiene que ver con una voluntad política. Y a la fecha, esta voluntad política ha ido por el camino de la militarización. 

Hoy estamos en un estado de excepción en la Araucanía. Yo vivo allá hace diez años y he visto amigos asesinados, he visto amigos presos, amigos clandestinos, niños y niñas que ven disparos, que ven sus casas allanadas, niños a los que les llegan perdigones a los ocho meses de edad… Todo eso lo he visto, y nadie quiere vivir así. A nadie le gusta vivir en la violencia insostenible. Es importante el diálogo político y las certezas que da la Constitución y que permiten avanzar significativamente en esa dirección, y eso está manifestado en la propia voluntad de quienes representan al pueblo mapuche en la Convención.

Otro aspecto relevante de la Constitución y en el que usted ha tenido una participación destacada es la desprivatización del agua, un bien escaso en Chile. 

Nosotras llegamos a la Convención por la lucha por el agua. Nuestra promesa era desprivatizar el agua. Y llegamos a hacer lo que la gente votó por nosotras. Hemos sido absolutamente consecuentes y honestas con nuestros desafíos y objetivos. Propusimos establecer que el agua es un bien común natural, inapropiable (…) Por la actual Constitución de 1980, Chile es el único país del mundo donde está constitucionalmente garantizada la propiedad privada del agua. Y eso es brutal porque en Chile vivimos una escasez hídrica (…) y hay zonas en las que hay plantaciones de monocultivo en los cerros y piscinas con miles de litros agua para regar esas plantaciones, mientras al lado hay familias que no tienen agua para tomar. Eso es violatorio de los derechos humanos.