MADRID.- No es ningún secreto que el TTIP goza de la bendición de las grandes multinacionales, pero cada vez hay más pruebas de los esfuerzos de estas corporaciones por sacar adelante el polémico tratado de libre comercio que Washington y Bruselas negocian con secretismo.  En esta lucha por sellar el acuerdo las farmacéuticas ocupan un lugar protagonista: sólo en 2014 las principales empresas del sector invirtieron 40 millones en acciones de lobby, entre ellas las destinadas a impulsar el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 15 veces más de lo que invirtieron las organizaciones civiles en defensa de la sanidad pública o de la mejora en el acceso a medicamentos.

Público ha accedido en primicia en España al nuevo estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO): Prescripciones Normativas, la potencia de fuego del lobby farmacéutico europeo y sus implicaciones para la salud pública. El informe, que debe ver la luz este miércoles, alerta de la desigualdad de fuerzas entre las organizaciones de la sociedad civil y estas corporaciones, que cuentan con 176 lobbistas y hasta 113 pases de libre acceso al Parlamento Europeo, frente a los 48 agentes registrados por los colectivos civiles. Y esto, siempre según las cifras oficiales del registro de lobbistas de Bruselas, de carácter voluntario.

En concreto, y según el estudio, las farmacéuticas presionan para impulsar el TTIP intentando prolongar el periodo de concesión de patentes y combatir a los medicamentos genéricos. De hecho, el CEO apunta también que las empresas buscarían reducir aún más la transparencia sobre los ensayos clínicos de los nuevos fármacos -que ellas mismas realizan-, y en definitiva presionar para lograr la armonización de estándares de seguridad y de protección del consumidor a la baja que temen los detractores del TTIP.

“Las grandes farmacéuticas están utilizando el TTIP como una oportunidad para cimentar mayores periodos de monopolio, precios de medicamentos más altos y nuevas medicinas con limitado valor terapéutico”, reza el documento al que ha tenido acceso este diario.
Empresas como Bayer AG o GlaxoSmithKline figuran entre las que más recursos dedican a presionar a la Comisión: la última, con entre 150.000 y 199.000 euros invertidos, y la primera con 2.460.000 –aunque en esta partida se incluyen sus gastos en otras áreas de negocio de la empresa, como la de los pesticidas-, siempre según los datos del pasado mes de abril.

Algunas de las corporaciones que no figuran en el registro de lobbistas han contratado servicios de empresas de relaciones públicas o de presión por valor de decenas o cientos de miles de euros, según el estudio

Los tentáculos de las farmacéuticas son alargados: la inversión en acciones de lobby ha crecido, pero no todas las corporaciones que ejercen acciones de presión aparecen en este registro. Sorprendentemente, algunas de las que no figuran en este listado han contratado servicios de empresas de relaciones públicas o de presión por valor de decenas o cientos de miles de euros, y otras influyen a través de distintas asociaciones de pacientes o profesionales sanitarios en las que las corporaciones son activos agentes, y a las que donan importantes cantidades.

Un reciente estudio de la misma ONG, centrada en vigilar de cerca a las multinacionales, alertaba hace un par de meses del incremento del número de representantes del sector farmacéutico en las reuniones sobre el TTIP desde la fase preparatoria y la primera etapa de las negociaciones (2012-2013) a la siguiente fase (2013-2014), siempre según el registro oficial. El documento alertaba de que estas empresas han multiplicado por siete su presencia en reuniones sobre el acuerdo,y el nuevo informe denuncia también las facilidades de acceso de las transnacionales al Ejecutivo comunitario. Bruselas se muestra mucho más reticente a la hora de reunirse con representantes de la sociedad civil, como aparece documentado en los registros oficiales sobre el TTIP, que certifican que un 83% de las reuniones de la Comisión al respecto tuvieron a las empresas como protagonistas. 

Por ejemplo, sólo entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 representantes de la Comisión mantuvieron 15 reuniones con la multinacional GlaxoSmithKline, a la cabeza de este ránking. “La industria farmacéutica reina sobre una enorme y bien abastecida maquinaria lobbista en Bruselas, disfrutando de un acceso casi sistemático a los legisladores de la Comisión Europea”, reza el estudio. Lo firma la investigadora Rachel Tansey, que ha utilizado los datos oficiales del periodo que va de marzo a julio de 2015 para desmontar de paso algunos de los mitos más comunes creados por las farmacéuticas.

Vuelta a Orwell

La cláusula de protección de inversiones podría armar a las empresas para influir directamente sobre los precios y los legisladores, permitiéndoles demandar a los estados ante tribunales arbitrales privados

A lo largo de sus más de treinta páginas el documento carga contra la manipulación del lenguaje que durante años han llevado a cabo estas multinacionales. Las empresas aseguran ejercer una labor de "investigación", a pesar de que en muchos casos son las universidades o fundaciones quienes logran los nuevos fármacos, que posteriormente desarrollan estas corporaciones. A menudo, a precios que la inmensa mayoría de la población mundial no puede pagar, almacenando en cajones los fármacos que no consideran rentables.

El estudio critica también que estas corporaciones reciban subvenciones para realizar estas labores, y que logren elevados márgenes de beneficio gracias en parte a costosas campañas de marketing para vender sus productos, o persuadiendo directamente a los profesionales de la salud para que prescriban sus fármacos. 

El polémico mecanismo de blindaje a las multinacionales o ISDS que originariamente debía incorporar el tratado, y que hoy permanece en una suerte de limbo, es precisamente otro de los peligros que el CEO encuentra en el acuerdo. La cláusula de protección de inversiones podría armar a las empresas para influir directamente sobre los precios y los legisladores, permitiéndoles demandar a los estados ante tribunales arbitrales privados, y no ante las justicias nacionales. 

Frente a esta situación, el Observatorio Corporativo Europeo prescribe crear un registro obligatorio de lobbistas para acabar con algunas de las prácticas de estas empresas y mantener así verdaderamente monitorizada su actividad. Tampoco deja pasar la ocasión de alertar sobre los peligros del polémico tratado que Washington y Bruselas negocian desde mediados de 2013, y que desde el primer minuto han mantenido en la penumbra informativa, a presar del creciente número de voces que exigen cambios en el guión.