Llueven las críticas a las instituciones europeas por la situación de los refugiados sirios

Hoy, el Parlamento Europeo ha puesto en marcha el procedimiento de urgencia que servirá como instrumento para dar apoyo a la entrada masiva de sirios que se está produciendo en Italia, Grecia y Hungría, respaldando la reubicación de 120.000 refugiados y la Comisión Europea ha urgido a los Estados miembros a que "tomen las decisiones necesarias" para avanzar en la atención a los refugiados.

Sin embargo, estos gestos no han sido vistos como grandes avances. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que visitará en las próximas semanas, junto a un equipo técnico y representación política, zonas de tránsito y municipios europeos que ya han recibido refugiados sirios para conocer de primera mano las experiencias. El objetivo del desplazamiento es "aprender de las experiencias".

La alcaldesa también ha anunciado que plantea destinar 10 millones a políticas de acogida y cooperación procedentes del superávit de 2015, y ha cargado contra la actitud de los estados europeos que "no están a la altura de las circunstancias" ante la tragedia humanitaria.

La delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha decidido no respaldar la última propuesta de la Unión Europea sobre los refugiados al considerarla insuficiente, no respetar la legislación internacional y estar orientada a seguir fomentando la Europa fortaleza al reforzar Frontex y agilizar las expulsiones forzadas.

“Como pasó la semana pasada en el pleno de Estrasburgo, no hemos podido apoyar la propuesta porque la de 120.000 refugiados es una cifra insuficiente que queda muy lejos de la capacidad de acogida de la UE. Dicen que representa al 62% de las personas que ya han llegado, pero nosotros nos preguntamos ¿qué pasa con el resto?, ¿qué pasa con los que están al otro lado de la valla en Hungría y Melilla?, ¿qué pasa con los que están de camino? También hay que dar respuesta a esto”, ha reclamado Marina Albiol.

El documento votado esta mañana propone, dentro de las medias de reubicación de refugiados recibidos por Italia, Grecia y Hungría, que los Estados miembros que aleguen “motivos debidamente justificados” podrán abstenerse de acoger a estas personas haciendo a cambio “una contribución financiera” equivalente al 0,002% de su PIB, al tiempo que se ofrece 6.000 euros por refugiado aceptado a cada país. Albiol opina que esta posibilidad “es inaceptable” porque legitima a los países que ya se han negado, es decir, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía o Dinamarca.

“Es una vergüenza que los Estados puedan pagar por no asumir su cuota de acogida, pagar por no cumplir con sus obligaciones internacionales. La Comisión Europea les está permitiendo pagar por ejercer la insolidaridad, convirtiendo el drama de los refugiados en un mercadeo”, ha denunciado.

El documento propone también el refuerzo de la agencia Frontex en lugar de dar solución en los países de origen y facilitar las vías legales de entrada a estas personas, con lo que la UE demuestra que su voluntad es “seguir reforzando el control y la defensa de fronteras, que es justo lo contrario de lo que hace falta ahora”, ha afirmado Albiol.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha elevado su "más contundente queja" a las autoridades europeas y húngaras tanto por el empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua contra los refugiados concentrados en la frontera de Hungría con Serbia.

También denuncia las sanciones penales impuestas a las personas refugiadas que han cruzado esa frontera en los últimos días, informa la Abogacía Española, que recuerda que "Hungría es un país integrado en la Unión Europea (UE) desde 2004 y por tanto viene obligado a cumplir las normas comunes de asilo y refugio". Para la Abogacía Española "en ningún caso se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que están al límite de sus fuerzas tras haber recorrido miles de kilómetros en condiciones infrahumanas".

Añade que "tampoco tiene justificación alguna que las autoridades húngaras consideren el mero cruce de la frontera un delito que puede ser penado con entre uno y tres años de cárcel y hasta con cinco en caso de que afecte a las vallas y concertinas instaladas para frenar a las personas refugiadas".

Recuerda que la Abogacía ha reiterado en múltiples ocasiones que las políticas migratorias deben respetar los derechos humanos y agrega que "hoy es inconcebible que un país de la UE vulnere manifiestamente las leyes que constituyen los pilares esenciales de la construcción europea". "Si el Gobierno húngaro persiste en mantener este maltrato inhumano, manifiestamente desproporcionado e ilegal, las autoridades europeas deberán imponer sanciones", concluye.