Hasta 2006 lo único que Sudáfrica sabía de Rooigrond, una pequeña aldea al noroeste del país, camino a la frontera con Botsuana, es que allí había una cárcel. La mayoría de sus 500 familias habían llegado en 1993 tras ser despedidas por granjeros blancos apenas unos meses antes de que el país completase su transición hacia el fin legal de la segregación racial. En Rooigrond encontraron una tierra que trabajar y la bienvenida del nuevo gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC).

Ese mismo año, la municipalidad propuso reubicarlos en una parcela anexa. Cortó el suministro a la mitad de la aldea que contaba ya con conexión eléctrica, dejaron de llegar los camiones con agua y se detuvo un proyecto de desarrollo urbanístico ya aprobado para forzar a los vecinos a aceptar el realojo. Otras reclamaciones históricas de la comunidad, como el suministro regular de agua, la construcción de un centro sanitario de atención primaria o la concesión de licencias de taxi para operar en la zona, fueron por supuesto obviadas.

Una joven activista, Koketso Moeti, hija de una luchadora del movimiento antiapartheid, comenzó a levantar la voz sobre lo que estaba ocurriendo. En las redes sociales, en los medios locales, donde le hicieran caso. En 2009, la lucha de Rooigrond era ya un símbolo de resistencia comunitaria. Con los materiales donados por un agricultor local, construyeron un centro social que servía como centro de estudios, librería, mercadillo de ropa de segunda mano, ágora y comedor social. Un vecino de Ciudad del Cabo que había conocido lo que estaba ocurriendo en Rooigrond por las redes sociales les envió una docena de paneles solares con los que hacer funcionar la bomba del pozo que abastecía de agua a la comunidad.

Unos meses después, el Ayuntamiento daba marcha atrás y dejaba sin efecto el desalojo. “Podemos decir que fue un éxito”, reconoce Koketso Moeti. Aunque ha pasado ya una década, no puede impedir que se le siga escapando una mueca de satisfacción. “Una vez que paramos el desalojo, empezamos a trabajar en el derecho a la vivienda de la población. De lo más urgente a lo estructural. No se trataba solo de que la gente no fuera expulsada de sus casas, sino que dejara de vivir en chabolas”.

Una de las 100 jóvenes más influyentes de Sudáfrica

A medida que el ANC se ha ido alejando, vía corrupción, del legado de Mandela, la responsabilidad de construir la nación arcoíris ha ido descansando en los hombros de la sociedad civil. “El sueño de Mandela no está muerto porque ha calado en toda la sociedad. No es algo exclusivo del ANC, sino que forma parte ya de cada uno de los sudafricanos”, asegura el analista político y profesor de la University of the Western Cape Ralph Mathekga. “Sudáfrica tiene una tradición de una sociedad civil fuerte. Por algo somos la capital mundial de las protestas”, añade Koketso, elegida el pasado año entre las 100 jóvenes sudafricanas más influyentes del año.

Ella es el rostro visible de Amandla.mobi, una plataforma digital con más de 200.000 usuarios activos que trabajan conjuntamente para mejorar la democracia sudafricana. “Nosotros no creemos que la democracia sean solo las elecciones, es lo que sucede antes y después lo que realmente importa. Incluso si no voy a votar, pero en mi día a día exijo rendición de cuentas al Gobierno, estoy haciendo democracia”.

A través de dispositivos móviles, SMS, please call me o WhatsApp ─“aunque no todo el mundo tiene un smartphone, casi todos los hogares tienen acceso al menos a un teléfono”─, la plataforma pone en marcha campañas de movilización social: la última, sobre el precio excesivo de los productos de higiene íntima. No se trata solo de recoger firmas, sino de presionar a políticos, empresarios o cualquiera en posición de decidir. Incluso con la redacción de iniciativas legislativas populares.

Hasta la fecha, su victoria más mediática fue la que forzó al Gobierno a subvencionar la compra de descodificadores para la transición de la televisión analógica a la digital. Tuvieron que inundar de cartas y peticiones el órgano legislativo, pero era la única manera de evitar que millones de personas se quedaran sin acceso a su principal fuente de información: la que se emite en los canales locales en su lengua materna.

“La legislación sudafricana obliga a hacer consultas para aprobar determinadas leyes, pero éstas no son realizadas de forma correcta. Buena parte del país no domina el inglés, así que si pones una consulta solo en este idioma, ¿a quién estás preguntando realmente?”, reflexiona Moeti, quien recientemente recibió el premio Waislitz Global Citizen.

Su papel durante las protestas estudiantes #Rhodesmustfall que exigían la descolonización del programa educativo y la garantía de acceso ─y alojamiento─ a los colectivos más desfavorecidos fue otro de sus grandes altavoces: cuando las universidades cortaron el Wi-Fi, la plataforma cívica consiguió fondos para proveer de datos a los estudiantes que estaban en las calles contando lo que sucedía, así como para pagar los tratamientos médicos de los heridos y las fianzas de los detenidos.

La metáfora de la mujer negra esperando un autobús

Ubicada en un edificio de oficinas de Johannesburgo, la sede central de Amandla.mobi, elegido como uno de los 30 proyectos más innovadores del continente el pasado año, es un espacio austero del que solo sobresale el brillo de las pantallas de los activistas que coordinan la plataforma. Unos revisan cómo están avanzado las últimas campañas; otros evalúan las propuestas que acaban de llegar.

Porque no todo lo que llega es aceptado. El trabajo de la plataforma ciudadana es, por encima de todo, un compromiso ideológico: mejorar la vida de los colectivos que provienen de entornos socioeconómicos discriminados. “Siempre pienso en la metáfora del banco público en el que se sientan las mujeres negras mientras esperan el autobús: si el banco ayuda a esta mujer, está ayudando a todo el mundo. Pensamos que en Sudáfrica si la vida de una mujer negra con bajos ingresos mejora, toda la sociedad mejora”, insiste la joven activista.

Más de la mitad de las familias sudafricanas se encuentran en situación de pobreza, y en la mayoría de ellas son las mujeres las que pagan las consecuencias: son las que dejan de estudiar antes, las que renuncian a su parte para dar de comer a sus hijos, las que cuidan de los ancianos. “Nos enfocamos en las mujeres negras”, continúa Koketso, “porque si hablamos de justicia económica son ellas las que realmente están subvencionado al Estado” haciéndose cargo de responsabilidades y trabajos domésticos fundamentales para que el país funcione.

Con demasiada frecuencia, son los colectivos más desfavorecidos los que tienen menos acceso a las herramientas digitales para denunciar sus realidades, lo que no hace más que perpetuar su silencio. Apoyar sus causas es apoyar la democracia. “Si la gente más vulnerable, los marginados, no son lo primero”, concluye Koketso, “no tendremos justicia para nadie”.