Este artículo se publicó hace 9 años.
La Justicia colombiana estrecha el cerco del expresidente Uribe tras detener a dos ministros
La Fiscalía ofrece beneficios penitenciarios a los últimos titulares de Interior y Justicia, y Protección Social, del uribismo si confiesan quién les ordenó sobornar a parlamentarios para que Álvaro Uribe pudiera saltarse la limitación de mandatos
Antonio Albiñana
-Actualizado a
BOGOTÁ.- Con la detención de dos superministros de su último Gobierno, Sabas Pretelt y Diego Palacio, condenados a seis años de cárcel y 112 meses de inhabilitación por corromper a congresistas para lograr su reelección por un escaso número de votos en 2004, se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente Álvaro Uribe.
A la condena por la Corte Suprema y detención de sus últimos ministros de Interior y Justicia, y de Protección Social, se suma la busca y captura de su último secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, y a la fuga de la justicia, después de ser condenado a 17 años, de su delfín y ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, apodado “Uribito” por haber sido escogido como sucesor por el presidente, a quien la Justicia puede poner pronto en jaque tras caer las principales piezas de su bastión.
Según fuentes del Supremo, este viernes se dictará una dura condena contra la última jefa de los servicios secretos de Uribe, el DAS
Otro alfil de Uribe, del que se considera que fue promotor del paramilitarismo desde su época de gobernador de Antioquía, el general Mauricio Santoyo, permanece preso en una cárcel de Estados Unidos, cumpliendo una condena de 17 años. Fue el primer general colombiano sentenciado por la Justicia estadounidense.
Los exministros y el secretario Velásquez sobornaron, a fines de 2004, a dos parlamentarios, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para que una cambiara el sentido de su voto y el otro se ausentara de la votación, con el objeto de lograr, con una exigua mayoría, que se cambiara el veto constitucional de la reelección inmediata de los presidentes. Así logró Uribe que se le permitiera ejercer un segundo mandato, el más corrompido de la historia reciente de Colombia, según numerosos analistas.
En la soledad del búnker de la Fiscalía, donde pasan sus primeras horas de encierro, los exministros Pretelt y Palacio estarán reflexionando sobre la posibilidad que se les ofrece de obtener beneficios penitenciarios, que podrían incluir la prisión domiciliaria, si aclaran a la Justicia que fue Uribe, el único beneficiado por sus delitos de cohecho, quien les encargó esas acciones ilegales.
Por otra parte, según fuentes de la Corte Suprema, este viernes podría darse a conocer una dura condena contra la última jefa de los servicios secretos colombianos, el tenebroso DAS, María del Pilar Hurtado, quien se entregó a la Justicia después de permanecer huida en Venezuela.
Hurtado está acusada del espionaje ilegal y los pinchazos telefónicos a opositores, jueces y periodistas, durante el mandato de Uribe, ante quien respondía directamente. La Fiscalía también le ha ofrecido beneficios que podrían aliviar su condena, a cambio de contar la verdad.
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