Jean-Claude Juncker formó parte del ejecutivo de Luxemburgo durante 24 años durante los cuales fue ministro de Finanzas y Primer Ministro, y así y todo, insiste en que no sabía nada, en que ni tiene ni está dispuesto a asumir la más mínima responsabilidad política por la estructura fiscal que ha permitido la evasión de impuestos en el Gran Ducado durante décadas. Un sistema que solo entre 2003 y 2014, según un informe del grupo de los Verdes en la Eurocámara, hizo perder a diez Estados Miembros, incluida España, más de 300 millones de dólares en impuestos.

El jefe del ejecutivo europeo ha comparecido este martes ante la Comisión de Investigación de los Papeles de Panamá en el Parlamento Europeo con la absoluta tranquilidad, y casi cierto aire de pasotismo, que le caracteriza. Ante las airadas intervenciones de no pocos eurodiputados indignados con su pasividad ante las acusaciones, Juncker repetía una y otra vez que él, al frente de la Comisión Europea, ha hecho más por la lucha contra la evasión fiscal que ningún otro presidente. Se ha permitido incluso dedicar varios minutos a listar una a una las iniciativas que Bruselas ha lanzado para luchar contra la evasión de impuestos y aunque ha reconocido dificultades en su aplicación, ha apuntado a futuras propuestas, pero se niega a mirar al pasado: “El mundo era muy diferente entonces”, insiste Juncker.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, comparece ante la comisión de investigación de los papeles de Panamá de la Eurocámara, en Bruselas, Bélgica, hoy, 30 de mayo de 2017. EFE/STEPHANIE LECOCQ

Un pasado que los miembros del Parlamento Europeo le echan en cara: "Su nombre está ligado a un sistema por el que un país decidió enriquecerse gracias a la evasión fiscal a costa de otros", le ha espetado el socialista alemán Peter Simon. El sentimiento era común en la abarrotada sala de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. En cada intervención, los eurodiputados aplaudían con más o menos entusiasmo el trabajo de la Comisión en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal en los últimos años, pero insistían en la falta de legitimidad moral o política de Juncker para hacerlo. Algo ante lo que el exministro de Finanzas de Luxemburgo permanecía indiferente. “No creo que debamos buscar responsabilidades políticas en esta área porque las autoridades políticas no estaban informadas de todas estas prácticas”, dice Jean-Claude Juncker sobre el escándalo Lux Leaks. E insiste además en que no estuvo presente en discusiones con multinacional alguna y que por tanto, no es responsable de los acuerdos fiscales que revelaron las filtraciones y que, repite una y otra vez, desconocía.

Los eurodiputados cuestionan en todo caso la capacidad de Juncker para imponer ante los 27 la cooperación en la lucha contra la evasión de impuestos, cuando el país en el que desarrolló su carrera política, bloqueó durante años el intercambio de información fiscal. La puntilla a la indignación, aunque ninguno de los intervinientes ha sido excesivamente incisivo, ha sido el anuncio por parte del presidente de la Comisión de que, pese a las continuas críticas desde la Eurocámara, Bruselas no incluirá ningún estado miembro en su lista negra de paraísos fiscales. Algo que escuece especialmente pues parece evidente que Luxemburgo debería estar en ella.

300 millones de dólares en impuestos, evadidos

Offshore leaks en 2013, Lux Leaks en 2014, Swiss Leaks en 2015, Panama Papers y Bahamas Leaks en 2016, Malta Files en 2017… los escándalos de evasión fiscal revelados por la prensa internacional empiezan a ser casi rutina y sin embargo, “aunque la complicidad de varios Estados Miembros europeos en este juego ha sido probada”, denuncia el eurodiputado Sven Giegold en un informe presentado por el Grupo de los Verdes en la Eurocámara, “hasta ahora nadie ha sido responsabilizado por estos escándalos”. Ni siquiera Jean-Claude Juncker. El informe denuncia que Luxemburgo, Austria y Bélgica presionaron en 2003 para garantizar una legislación más laxa en la lucha contra la evasión fiscal y en particular, lograron limitar su participación en el intercambio de información con otros países durante años.

El texto se refiere en particular a la Directiva sobre fiscalidad del ahorro que alude a la imposición sobre los depósitos que, gracias al veto del Gran Ducado, sólo era aplicable a personas físicas. De modo que, transferir el dinero a una entidad o una fundación era suficiente para evitar el traspaso de información y el pago de impuestos. De hecho, los datos recogidos en el informe demuestran que se produjo un incremento de depósitos extranjeros en Luxemburgo tras la entrada en funcionamiento de la directiva, además de la creación de numerosas compañías offshore en el país. El informe concluye por tanto que “dada la enorme y repentina creación de compañías” se puede deducir que una industria de la evasión de impuestos emergió en Luxemburgo. El eurodiputado que firma el texto insiste en que dada la magnitud de los datos disponibles, “resulta difícil creer que el gobierno de Luxemburgo no estuviera al corriente de la sistemática burla de la legislación europea”. Y de ese gobierno, formaba parte Jean-Claude Juncker.

Según estas informaciones, Luxemburgo y otros Estados que no intercambian información automáticamente “permitieron a los evasores de impuestos ocultar su dinero de las autoridades fiscales” de sus lugares de residencia. Solo el Gran Ducado habría dejado de ingresar 117,99 millones de dólares por sus prácticas fiscales. Pero es que además, esta estructura costó a 10 Estados miembros alrededor de 353,97 millones en impuestos. Unas estimaciones que, advierte el texto, son a la baja, están en línea con un informe sobre la aplicación de la directiva presentado por la Comisión Europea, entonces presidida por José Manuel Durão Barroso, en 2008.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, comparece ante la comisión de investigación de los papeles de Panamá de la Eurocámara, en Bruselas, Bélgica, hoy, 30 de mayo de 2017. EFE/STEPHANIE LECOCQ

Ese mismo informe insistía en la necesidad de una reforma del texto, pero de nuevo Luxemburgo y Austria vetaron dicha modificación en 2014. En ese mismo año, y aunque el periodo de aplicación provisional durante el cual los tres países podían limitar el intercambio de información concluyó en 2009, fue cuando Luxemburgo, Austria y Bélgica se vieron obligados a cumplir con la legislación, bajo la presión de Estados Unidos, al aprobar el país norteamericano su ‘Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras’. “La obligación de la cooperación sincera entre los Estados Miembros claramente mencionada en el tratado de la UE no fue suficiente para hacer a Luxemburgo y Austria renunciar a sus privilegios fiscales”, denuncia el informe. Y todavía hoy, insiste, “Luxemburgo no coopera eficazmente para ayudar a sus países socios a llevar a sus evasores de impuestos a la justicia”.

La Directiva sobre fiscalidad del ahorro fue derogada ya que duplicaba las medidas contra la evasión fiscal, al revisar la UE su directiva de cooperación administrativa, que incluye el intercambio de información en materia fiscal. Dicho intercambio comenzará a producirse a partir de septiembre de este mismo año. Por eso, los Verdes piden que ésta sea aplicada correctamente, que se aumente la cooperación entre administraciones y la Comisión se responsabilice de su adecuado funcionamiento pero también que se revisen e investiguen las prácticas de algunos países en el pasado. Y sobre todo, que el actual presidente de la Comisión asuma una responsabilidad política sobre estas prácticas de la que huye.