InterpolLa Interpol como arma de represión política

Desde hace dos años la Interpol se ha avenido a reformar sus mecanismos para evitar que algunos países la conviertan en órgano de represión política. Los casos del periodista Hamza Yalçin, encarcelado en Barcelona y pendiente de una posible extradición a Turquía, así como el del escritor Dogan Akhanli, detenido recientemente en Granada, también a petición turca -aunque finalmente puesto en libertad por la Audiencia Nacional- subrayan la necesidad de que esta reforma en la Interpol no se quede a medio camino.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) emitió en marzo el informe Fabritius, alertando sobre el uso abusivo que de Interpol se realiza. Mediante un Sistema de Avisos Internacional, Interpol coordina a las policías de sus 190 países miembros. En particular con la Notificación Roja se localizan y arrestan a personas con vistas a extraditarlas. La Interpol, cuya Constitución prohíbe cualquier intervención motivada por razones políticas, ha visto crecer exponencialmente la solicitud de Notificaciones Rojas durante la última decada.

La Open Dialog Foundation señala que los países que más abusan de la Interpol son Rusia, Kazahastán, Moldavia, Azerbajian y Turquía

Por ello el informe de la PACE aconseja un aumento de su presupuesto, para que se pueda garantizar que las alertas emitidas estén realmente justificadas, y se continúe así con unas reformas con las que, desde hace poco, Interpol comienza a avenirse. El redactor del Informe, Bernd Fabritius, aconseja además que se elabore una lista negra donde se incluyan a las policías nacionales más abusivas. La PACE trabaja junto a diversas onegés en materia de Derechos Humanos. Una de éstas, la Open Dialog Foundation, señala que algunos de los países que más abusan de la Interpol son Rusia, Kazahastán, Moldavia, Azerbajian y, la actualmente implicada en el caso de Hamza Yalçin, Turquía. La Interpol debería mantenerse especialmente alerta ante estos países, dicen, porque su objetivo es obviamente acallar voces políticamente críticas, a las que disfrazan con acusaciones de terrorismo. En el caso turco, sin embargo, sin necesidad de disfraces, se expresó Tayyip Erdogan este mes cuando, en un acto de su partido en la ciudad de Trabzon, aclaró que no extraditaría a ningún convicto reclamado por Europa, si antes ésta no le entregaba a los disidentes turcos a quienes ha concedido asilo político.

Buena parte de los cambios que se piden a la Interpol pasan por la reforma de su Comisión de Control de Ficheros (CCF), entre cuyas funciones está la gestión de la información que la Interpol recibe de sus países miembros, y buena parte los problemas consisten en que la CCF apenas es transparente con esta información porque, según argumenta, la información no es de su propiedad, sino de los países que conforman la propia Interpol. Por otra parte la elección del moldavo Vitalie Pîrlog como actual Presidente de la CCF, levantó críticas entre movimientos cívicos de su propio país, como Nu Ma Tem (No Tengo Miedo). Open Dialog Foundation critica los mecanismos de elección habitualmente utilizados en la CCF, y señala que éste es uno de los problemas estructurales. Al ser los candidatos propuestos por sus propios países, democráticos o no, quedan expuestos a actuar en base a intereses puramente nacionales.

En el informe Fabritus se aboga por una mayor colaboración de la Interpol con los oŕganos de la PACE, ONU y ONG, que velan por el respeto de los Derechos Humanos; y también se impone facilitar que las víctimas de una Notificación abusiva tengan manera de defenderse, pues actualmente ni tienen la posibilidad de apelarla ante un tribunal nacional o internacional, ni pueden evitar que este misma Notificación continúe solicitándose una vez la extradición ha sido denegada y la persona en cuestión esté en libertad.

No son aislados casos como el del activista turcobelga Baran Kimyongür, que tras unas críticas al Ministrio de Asuntos Exteriores de Tuquía fue, acusado de pertenencia a banda terrorista, después se le detuvo tres veces en tres países diferente, entre ellos España. Como Turquía no aportaba nunca ninguna prueba los tribunales iban denegando la extradición, sin embargo acabó pasando más de 100 días en prisión preventiva. Finalmente Interpol borró el Aviso Rojo, pero debieron quedar alguna clase de datos en los ficheros porque a Kimyongür se le detuvo una cuarta vez en Zürich, donde hacía escala para empezar unas vacaciones.

Especialmente urgente es la creación de mecanismos de protección para quienes gozan de asilo político, porque actualmente pueden verse extraditadas a sus países de origen, que mediante la solicitud de un Aviso Rojo consiguen “cazarlos”. El opositor azerí Azer Samadov, tenía concedido el estatuto de refugiado por la ACNHUR y la residencia en Holanda, cuando fue detenido en el mismo aeropuerto de Amsterdam. Como las pruebas en su contra nunca aparecieron, se pidió a la CCF que borrara la Notificación Roja, cosa que llevó cinco años, en los que Samadov tuvo que renunciar a salir de Holanda.

En España, no hace mucho, se dieron dos casos de arresto de opositores al presidente de Kazahastán, Nursultán Nazharbayev. El primero de estos fue especialmente sonado. Alexander Pavlov fue arrestado en Madrid poco después de que Mariano Rajoy visitara, acompañado con un destacado séquito de empresarios, esa rica y despótica república exsoviética, y de que España fuese el primer país de la Unión Europea en firmarles un convenio de extradición.

En aquel caso plagado de irregularidades, se dio además la inusitada situación de que el juez de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, sin ser competente en el caso, se presentó en la Sección Segunda, donde se tramitaba el caso, tratando de forzar la entrega de Pavlov -: El embajador de Kazahastán se ha puesto en contacto conmigo y hay que entregarlo, hay un avión esperándole -decía Guevara a una funcionaria el mismo día en que, otro tribunal, contencioso administrativo, debatía frenar su extradición con el derecho de asilo. Finalmente intervino el Tribunal Supremo, que puso a Pavlov en libertad. Habida cuenta del estupor que produjo todo aquello, el caso del segundo opositor kazajo, Muratbek Ketebayev, fue tramitado con mucha mayor diligencia por las autoridades españolas, que resolvieron acertadamente poniéndolo en libertad.

El informe de la PACE contiene además unas recomendaciones dirigidas específicamente a los países de la Unión Europea, a quienes les pide que prediquen con el ejemplo, y cuando soliciten a la Interpol que publique una Notificación Roja, especifiquen claramente el delito en cuestión y las pruebas concretas. Les aconseja además que se nieguen a realizar arrrestos cuando las avisos sean potencialmente abusivos y pide que utilicen toda su influencia dentro de la Interpol para que las reformas continúen.