España se suma a la causa de Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, situado en La Haya (Países Bajos). Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El proceso investiga si el país que gobierna Benjamín Netanyahu está perpetrando un genocidio sobre el pueblo palestino.

La demanda de Sudáfrica tuvo lugar en diciembre de 2023. El tribunal emitió el 26 de enero medidas provisionales a Israel por el riesgo de genocidio y las reforzó en una nueva orden el 28 de marzo. Ante la ofensiva del ejército sionista sobre Rafah, Pretoria –capital sudafricana– denunció en la CIJ el pasado 16 de mayo la "impunidad institucionalizada" del Gobierno de Netanyahu.

¿Cuál será el papel de España en este proceso judicial?

En concreto, España se adhiere a la causa a través del Artículo 63 del Estatuto la CIJ. "No se convierte en Estado parte", explica a Público Carmen Montero Ferrer, profesora ayudante doctora del Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Lo que va a hacer España es "aportar una memoria interpretativa", apunta la experta. Es decir, "va a hacer una interpretación sobre lo que constituye o no un delito de genocidio para saber si, en este caso, Israel lo está haciendo o no". Esta acción "viene amparada en el Artículo 63.2 del Estatuto de la CIJ", añade Montero.

¿Cuántos países se han adherido a la denuncia?

Además de la propia Palestina, otros países también han solicitado la adhesión formal a la demanda de Sudáfrica. Entre ellos, Colombia, México, Libia y Nicaragua. Por su parte, Chile ha anunciado su intención de unirse, aunque todavía no se ha personado de manera oficial.

España será el primer país de Europa en sumarse a la causa sudafricana contra Israel. Durante la rueda de prensa, Albares ha adelantado que Bélgica e Irlanda también han expresado su voluntad de adherirse.

Irlanda es, junto a Noruega, uno de los países que formó bloque con España para reconocer el Estado palestino. Estas acciones tienen lugar a las vísperas de las elecciones europeas y en el contexto de intensas operaciones militares sobre Rafah y los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, tal y como denuncian Médicos Sin Fronteras, Acción Contra el Hambre, Save the Children y otras organizaciones.

¿Qué sucede si la Corte declara culpable a Israel?

En caso de que el órgano judicial de la ONU resuelva que Israel ha perpetrado un genocidio sobre el pueblo palestino, habría vulnerado el derecho internacional y, en concreto, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

"La CIJ le pondría una sentencia que sería de obligado cumplimiento, según establece el artículo 59 del Estatuto del tribunal", indica la experta. "En caso de que no la acatasen, Israel podría ser denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU", señala.

Entre los miembros del Consejo de Seguridad se encuentra EEUU, aliado de Israel y con capacidad de veto. Este factor podría blindar al Estado de cumplir su condena, "pero muchas veces lo hacen por la presión internacional", matiza la investigadora de la USC.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

Montero pronostica que la CIJ dará a conocer su resolución en un mínimo "de dos a tres años". La experta recuerda que "el caso por el genocidio serbio se presentó en el año 1994 y la primera sentencia es de 1996, luego hubo una apelación y el proceso concluyó en 1997".

La polémica de Podemos por el Artículo 62

La formación de Ione Belarra ha criticado que la suma de España bajo el Artículo 63 es "tibia", ya que implica asumir como propia la sentencia que dé el tribunal, tanto si finalmente declara a Israel como Estado genocida como si no.

La CIJ contempla otra vía de adhesión a través del Artículo 62, que sí asume una posición a favor de una de las partes. No obstante, los Estados que se unen por esta vía también consideran que se ven afectados de manera directa por las cuestiones investigadas en el litigio. En este sentido, la investigadora de la USC recuerda a este diario que "Palestina se sumó por este artículo el pasado 3 de junio".

Además, Carmen Montero indica que el Artículo 63 "permite intervenir a todos los Estados miembros de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, establecida en 1948 y de la cual España forma parte".