La guerra silenciosa que sacude las favelas de Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO.- Mientras algunos cuentan los días para ver a los astros olímpicos saltar a las arenas de Río 2016, una gran parte de la población está asustada. Las personas que viven en los morros (cerros), en las famosas, y últimamente hasta turísticas favelas, sabe lo que les espera cuando un gran evento internacional llega a la ciudad.

Cuando se jugaron los Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, fue el año más violento de la última década en la capital carioca. La Policía Militar asesinó a 1.330 personas en acciones que fueron catalogadas como "derivadas de la intervención policial", algo así como homicidios en defensa propia. También fue el año de la conocida “Matanza del Pan” (en referencia a estos Juegos) que surgió de una operación policial en la favela del Complejo del Alemán donde se registró el asesinato de 19 jóvenes (once de ellos no tenían que ver con el tráfico de drogas), aunque los cálculos extraoficiales hablaban de al menos cuarenta muertos.

Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la Policía carioca ha sido responsable de entre un 13% y un 21% de los asesinatos totales de la ciudad

Río de Janeiro es el Estado que históricamente tiene las tasas más altas de letalidad en el transcurso de las operaciones policiales. En los últimos 10 años las cifras ascienden a un total de 8.000 personas asesinadas durante la invasión de las favelas. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la Policía carioca ha sido responsable de entre un 13% y un 21% de los asesinatos totales de la ciudad. En 2015 una de cada cinco personas fallecidas murió por “homicidio derivado de acción policial”. El presidente de Amnistía Internacional Brasil, Atila Roque, advierte de que ese número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no culpar a las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con el menor de apenas 10 años, Eduardo Jesús, asesinado por la Policía en abril de 2015 en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la escuela: “Así como maté a tu hijo puedo matarte a ti también, porque él era un hijo de bandido”, le espetó el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras ella le gritaba desesperada.

La Copa del Mundo de 2014 también trajo consigo un disparo en la tasa de homicidios “derivados de acción policial”. En Río de Janeiro subió un 40% y en Sao Paulo llegó a aumentar un 80%. El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas cariocas donde viven alrededor de 140.000 personas, fue invadida por la Policía Militar poco antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran mientras durara el evento, pero los militares no se marcharon hasta un año después. Los habitantes de la comunidad denunciaron todo tipo de abusos desde asesinatos extra judiciales, palizas, invasiones de sus casas en las que se incluía el robo de objetos y dinero bajo amenaza de fusil.

La Policía Militar abandonó el Complejo de la Maré en julio de 2015 y en estos días está a punto de volver. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, Jose Mariano Beltrame, anunció que 60.000 policías y 20.000 militares ocuparían la ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No apuntó cuántos de ellos subirían a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se quedarían allí, pero a medida que se acerca la fecha las operaciones policiales han aumentado. En las primeras semanas de abril al menos once personas fueron asesinadas en el Complejo del Alemán y otras tantas (no hay datos hasta el momento) fueron heridas después de horas de disparos en la zona. En mayo fueron las favelas de Jacarezinho, Manguinho, Acari y una vez más el Complejo del Alemán, donde murieron otra decena de vecinos en el intercambio de tiros entre Policía y facciones del tráfico de drogas, entre ellos un menor de cinco años que también jugaba en la puerta de su casa cuando le alcanzó la bala.

“Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan, es una pesadilla”

Las políticas de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro se basan en la militarización de las favelas. Por un lado desde las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y por otro, desde las operaciones de guerra con tanques y armas letales. La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe: “Las UPP eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas de control y represión”, cuenta a Público, Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.

Después de diez años de UPP el balance de los vecinos es desalentador: “Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan, es una pesadilla”, denuncia Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la Policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Tenemos miedo y vivimos con ansiedad porque sabemos que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir bajo tiros”, dice Santiago, habitante de la favela de la Maré desde hace más de treinta años.

El pasado mes de abril el secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, advirtió que quien “se atreva a disparar a un policía va a recibir un tiro”. La polémica frase la dijo tras el entierro de un miembro del BOPE (Batallón de Operaciones Espaciales que sube a las favelas) asesinado por narcotraficantes en el transcurso de una operación. Las muertes de policías también han aumentado en un momento donde el Estado de Río de Janeiro se encuentra en quiebra total y los policías reciben sus salarios, de por sí son bastante bajos, atrasados.

“No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, critica Atila Roque, presidente de Amnistía Internacional

“El policía por un lado es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable, pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque. Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la Policía de Río de Janeiro por la crisis económica del Estado hace que “aumente el estrés y también la violencia”. Pero dejan claro que no pueden seguir usando argumentos para vulnerar los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El presidente de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de las favelas y el aumento de asesinatos, sino también a la nueva normativa de Ley Antiterrorista (al estilo de la Ley Mordaza) que criminaliza cualquier manifestación que se produzca en determinados puntos de la ciudad desde el 4 de junio y a lo largo de todo los Juegos Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas de derechos humanos presos e incluso heridos, no podemos permitir que nos quiten la libertad de expresión”, sentencia Roque.

Víctor Santiago nació en la Maré, en una de las muchas zonas de Río de Janeiro a las que el Estado no llega si no es en forma de fusil o de tanque. Insiste en que siempre fue un “hombre normal”, pagaba sus cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde un módulo para ser técnico de seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015. Víctor volvía a casa en el coche de un amigo cuando un primer control militar les paró para pedir documentación. Todo normal y siguieron adelante. Poco antes de llegar a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares sin intercambiar palabra comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor recibió un tiro y Víctor Santiago dos disparos. “Mi hijo se despidió diciéndole a mi nieta que al día siguiente la llevaría a la playa, pero sólo vino 98 días después”, cuenta la madre de Víctor, Irone Santiago, con lágrimas en los ojos. Su hijo estuvo una semana en coma, y casi tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis. Las dos balas que recibió le dejaron parapléjico y con una pierna amputada.

“No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en la Maré, por no hablar de los asesinatos (...) Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”

A sus 30 años Santiago responsabiliza al Estado de Río de Janeiro de lo que le pasó: “Fue culpa de la incompetencia de los gobernantes que tenemos a quienes no les importamos nada”. Asegura que uno de las cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y verse sin ningún tipo de ayuda: “El Estado no me ha dado ni una tirita”, repite.

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su trabajo de costurera para cuidarle y se ha convertido en una activista dentro de la favela mientras lucha con poco éxito para que el caso de su hijo sea juzgado: “Tan sólo un año después de los hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor, y lo más absurdo de todo es que en el caso mi hijo constaba como testigo y no como víctima”.

Irone dice no tener miedo de posibles represalias, sabe que la Policía suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas que tienen miedo a hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en la Maré, por no hablar de los asesinatos. Una vecina que tenía un comercio salió por la ventana para pedir a su ayudante que cerrara la tienda y le pegaron un tiro, así de simple. Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”.