El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena han alcanzado este jueves un acuerdo para poner fin a las protestas. Las organizaciones indígenas y campesinas que han liderado las manifestaciones han pactado levantar las movilizaciones convocadas hace 18 días en contra del alto coste de vida y los recortes sociales de Guillermo Lasso. Según datos del Ejecutivo, en estas casi tres semanas han muerto seis personas y otras 500 han resultado heridas. 

El Gobierno de Lasso se ha comprometido a derogar el estado de excepción y  bajar en 15 centavos el precio de los combustibles subsidiados. También ha prometido no dar más concesiones mineras en reservas naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios indígenas.

Ambas partes han anunciado el pacto en un acto en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ha ejercido de mediadora. El Gobierno y los representantes indígenas habían reanudado el diálogo después de que este martes el Ejecutivo anunciara que rompía las conversaciones. 

Según el compromiso alcanzado, las gasolinas de 85 octanos pasarán a costar 2,40 dólares por galón (3,78 litros) y el diésel 1,75 dólares. La demanda del movimiento indígena era reducirlos a 2,10 y 1,50 dólares, respectivamente, precios similares a los de hace un año.

Antes de este jueves, el movimiento indígena había conseguido que el Gobierno se comprometiera a derogar el decreto 95, que promovía la actividad petrolera de la Amazonía. Las movilizaciones también habían conseguido que el Ejecutivo aprobara condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, reducir los intereses de los créditos vigentes, subsidiar hasta en un 50% el coste de la urea, aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.

A partir de ahora, se establecerán mesas de trabajo para tratar el resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena. Entre ellos se encuentra la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.