Francia afronta una huelga general en estado de emergencia

PARÍS.- La reforma laboral propuesta por el Gobierno francés ha generado un marzo caliente que culminará con una huelga general el día 31. El proyecto de ley de nuevas libertades y nuevas protecciones para las empresas y los activos, conocida como la ley del trabajo o ley El Khomri, por la ministra de Trabajo Myriam El Khomri, ha causado la respuesta de los sindicatos y de estudiantes. El objetivo del Gobierno es “favorecer la competitividad y el empleo, apoyándose en el diálogo social, en beneficio de los derechos de los trabajadores”.

Esta reforma laboral llega tras años de presiones y peticiones de organizaciones internacionales como la Comisión Europea o el Gobierno alemán para realizar un ajuste en la legislación laboral similar al de otros países europeos como España, en la que el primer ministro, Manuel Valls, admite haberse inspirado.

La ministra El Khomri defiende esta reforma que propone “a la vez nuevas flexibilidades a las empresas para mejorar la competitividad de nuestra economía y nuevas protecciones, nuevos derechos para los asalariados” y la considera “un verdadero impulso para la democracia social de nuestro país”. La nueva ley permitirá que las empresas puedan despedir a trabajadores si reduce beneficios sin entrar en pérdidas y las bajas laborales por enfermedad dependerán exclusivamente de los convenios colectivos y dejarán de estar garantizadas por ley. Las indemnizaciones por despido improcedente también se verán reducidas: pasarán de un mínimo de doce meses de salario a seis meses y solamente si el trabajador llevaba al menos dos años en la empresa.

La reforma permite
despedir a trabajadores si la empresa reduce beneficios 

La ley del trabajo ha generado semanas de movilización en las calles, con manifestaciones multitudinarias en todo el país. El 9 de marzo se manifestaron entre 200.000 y 450.000 personas contra este proyecto de ley. El 24 de marzo fue otra jornada de lucha, con manifestaciones menos masivas a lo ancho y largo del país. En París, la violencia policial contra un adolescente de 15 años de raza negra que se manifestaba contra la reforma gubernamental generó gran indignación y nuevas protestas, llegando a ser atacadas dos comisarías de policía. (VEA AQUÍ EL VÍDEO DE LA AGRESIÓN)

En respuesta a la movilización en contra del proyecto, el pasado 24 de marzo el Consejo de Ministros francés aprobó una versión modificada respecto al borrador inicial. Algunas de las medidas más duras finalmente retiradas incluían no garantizar la baja por muerte de un familiar cercano o aumentar de 12 a 16 el número de semanas consecutivas con 44 horas de trabajo pero la filosofía de la ley no varía.

El sindicato CFDT, con más afiliados, apoya la reforma

La modificación del proyecto original ha logrado que la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el primer sindicato por número de afiliados, deje de oponerse a la ley El Khomri pero ha supuesto que la patronal Medef no apoye a esta reforma laboral reformulada. CFDT considera que “las numerosas modificaciones posibilitan avances para los trabajadores y los jóvenes”.

La huelga general de este jueves está convocada por cuatro sindicatos interprofesionales y tres organizaciones estudiantiles, incluyendo a la Confederación General del Trabajo (CGT), el primer sindicato por número de representantes sindicales. “Ofrece una libertad total a la patronal y supondría un retroceso histórico de derechos para los trabajadores” denuncia CGT. El Movimiento de Jóvenes Socialistas, organización autónoma del Partido Socialista, también se opone.

Según un sondeo del periódico Le Parisien, el 71% de los franceses está en contra de la nueva ley del trabajo. Los votantes del Frente Nacional, con un 83%, son los más reacios a esta reforma, seguidos por los de izquierda (70%). Aquellos que se consideran de derecha también están mayoritariamente en contra de esta reforma (55%). Una recogida de firmas online contra esta reforma laboral ha alcanzado cerca de 1.300.000.

El colectivo informal Convergencia de luchas llama a permanecer en las calles tras la

manifestación del 31 de marzo. “No volveremos a casa después del 31 mientras sigan empecinados en construir un mundo para nosotros, pero contra nosotros”. La conocida como Nuit debout (noche en pie) o Nuit rouge (noche roja) aspira a ser un 15-­M mediante ocupaciones y acampadas en espacios públicos y una “Asamblea Ciudadana Permanente”.

Los organizadores invitan “a todos aquellos que, más allá de su oposición al destructivo Código de Trabajo, aspiran a construir un ambicioso proyecto político, progresista y emancipador, a unirse a nosotros al final de la manifestación del 31 de marzo”. ¿Qué ocurrirá a partir del 1 de abril? Sólo el tiempo lo dirá pero una intensificación en las luchas sociales parece una posibilidad.

La deriva socioliberal del Gobierno, denunciada por el sector más a la izquierda del gobernante Partido Socialista, la ha marcado Manuel Valls. Su nombramiento como primer ministro en 2014 tras la derrota electoral de los socialistas en las elecciones municipales supuso la remodelación del gobierno. Tres ministros del ejecutivo anterior decidieron no continuar bajo el mando de Valls. Arnaud Montebourg, elegido ministro de Economía, criticó la política económica del nuevo gobierno de Valls, lo que supuso la formación de otro gabinete y su expulsión del Ejecutivo.

Su sustituto Emmanuel Macron es considerado como liberal por sus críticos y autor de una ley liberalizadora de la economía. Macron, exbanquero, prometió mantener las prometidas rebajas fiscales de 41.000 millones de euros a las compañías en la universidad de verano de la patronal francesa Medef. Allí fue aclamado por los grandes empresarios de Francia y dijo que el Gobierno actúa “a favor de las empresas”.

La propuesta se debatirá en la asamblea nacional a principios de mayo. Un grupo de 10 parlamentarios socialistas rebeldes ha redactado un contraproyecto de reforma laboral que incluye aumentar las cotizaciones de las empresas destinadas a financiar el desempleo en función de la cantidad de personas que despidan y reforzar las sanciones administrativas para castigar a las compañías que abusen del trabajo precario, entre otras medidas.