La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha asegurado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó su patrimonio neto en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) cuando dirigía el imperio inmobiliario y no en 2.000 millones de dólares (unos 1.870 millones de euros) como se creía hasta ahora.

En documentos que se oponen a una solicitud de los Trump para desestimar su amplio caso de fraude civil, los abogados de James dijeron que el expresidente exageró su patrimonio neto entre 812 millones de dólares y 2.200 millones de dólares, basándose en pruebas que él no cuestiona.

La oficina de la fiscal general —que pidió que se pronunciara un juez sobre una de las siete demandas contra los Trump antes de su juicio el próximo mes— ha informado que están listos para argumentar que infló falsamente su patrimonio en hasta 3.600 millones de dólares.

"Hay mucha más evidencia más allá de lo que es indiscutible que el pueblo presentará en el juicio, según sea necesario, para establecer hasta qué punto se sobreestimó el patrimonio neto del señor Trump cada año entre 2011 y 2021", han escrito los abogados de la fiscal general en presentaciones de la Corte Suprema de Manhattan.

La demanda de James busca 250 millones de dólares en ganancias ilícitas y restringir severamente la forma en que los Trump hacen negocios en la Gran Manzana. La fiscal general acusó en septiembre de 2022 al expresidente y a sus ejecutivos de inflar el valor de los activos de la organización Trump para garantizar mejores condiciones de préstamos y seguros.

Los expertos en valoración y contadores, que trabajan con los investigadores de James, descubrieron que Trump infló su patrimonio neto entre 1.900 y 3.600 millones de dólares.

James ha descrito la asombrosa suma de 3.600 millones de dólares como "todavía conservadora" al considerar que "muchos de los datos y suposiciones utilizados por Trump y sus coacusados y que más tarde los expertos en valoración aceptaron como argumento, serían rechazados en una revisión de tasación en toda regla".

La oficina de la fiscal general ha explicado que Trump y sus asociados "inflaron grosera y engañosamente sus activos y patrimonio neto" a bancos y aseguradoras basándose en esta "montaña de evidencia" que establece transacciones comerciales fraudulentas.

Cuando los abogados de Trump pidieron que se desestimara el caso, la oficina de James pidió al juez de la Corte Suprema Estatal Arthur Engoron el 30 de agosto que declarara a sus abogados responsables de una de sus principales afirmaciones, alegando que sus estados financieros de 2011 a 2021 eran falsos o engañosos y se utilizaban repetidamente en transacciones comerciales.

James ha afirmado que una "amplia evidencia" respalda sus afirmaciones restantes: "Trump y compañía hicieron entradas falsas en registros comerciales, falsificaron estados financieros, cometieron fraude de seguros y conspiraron para violar la ley".

Trump se opone a las declaraciones de la fiscal general

En su esfuerzo por lograr que se desestime el caso, los abogados de Trump han argumentado que la mayoría de los reclamos de la Fiscalía han prescrito y, además, que James carece de autoridad para presentarlos.

"La fiscal general de Nueva York tiene un intento obsesivo y compulsivo de atrapar al presidente Trump. Incluso James continúa arrastrando injustamente a sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., a pesar de que no han tenido participación directa en la creación, preparación o uso de los estados financieros", declaran los abogados del expresidente.

El abogado Michael Madaio ha escrito al tribunal que "es hora de que el tribunal ponga fin a esta cruzada desestimando esta acción en su totalidad". De esta forma, Madaio se ha opuesto a la solicitud del fiscal general de que Engoron falle a su favor en el reclamo principal.

En una audiencia el 22 de septiembre se espera que Engoron escuche los argumentos sobre las mociones de juicio sumario de James y Trump, y así evitar un juicio. El juez aún debe pronunciarse sobre una solicitud de la oficina de James para imponer sanciones contra el expresidente, sus coacusados y sus abogados por repetir argumentos legales rechazados varias veces en el último año, relacionados con su capacidad para presentar el caso.