El fiscal general de Filipinas, Benedicto Malcontento, no tiene lugar a dudas de que los policías Vicente W. Panuelos, Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Cortés Esmeralda fueron los autores del crimen del surfista coruñés Diego Bello Lafuente. En una resolución dictada el pasado 9 de febrero a tenor de la denuncia presentada por los padres del gallego y el consulado general de España en Manila, Malcontento solicita que se enjuicie a los tres agentes por el asesinato del empresario español y por la plantación de pruebas. Ha sido desestimada, sin embargo, la existencia de perjurio.

La demoledora resolución de Malcontento ha sido dictada tras considerar los datos proporcionados por una nueva investigación sobre las últimas horas de vida de Diego Bello llevada a cabo ad hoc por la Oficina Nacional de Investigación (NBI) de su país, que es el equivalente filipino del FBI. En su opinión, es obvio que el crimen se concibió con premeditación y fue el resultado de un uso abusivo, desproporcionado e injustificado de una fuerza superior.

Por su parte, los tres agentes denunciados insistieron durante su comparecencia en que Diego Bello vendió el día 30 de diciembre de 2019 un saquito de una sustancia envuelta en plástico que resultó ser cocaína. Fue a raíz de ello, según los sospechosos, cuando el entonces capitán y hoy mayor de policía Vicente Wise Panuelos decidió organizar un operativo para la detención del coruñés. De acuerdo a su versión, el día 8 de enero de 2020, el sargento Pazo quedó con Bello para comprar más cocaína en la puerta de su residencia, mientras policías de otras unidades aguardaban en las inmediaciones para detenerlo.

Una vez realizada la transacción, Pazo realizó una señal a Panuelos y Cortés, quienes se dirigieron hacia el punto de la venta para arrestarlo. En ese momento, el surfista echó mano de un arma que portaba en una riñonera y comenzó a abrir fuego contra ellos, pese a que le advirtieron de que eran policías. Mientras tanto, echó a correr hacia una valla, desde donde efectúa un último disparo, al tiempo que trata de huir saltando. Cuando llegaron al otro lado del muro, se hallaba ya inerte.

El propio fiscal filipino señala en su resolución que esta "endeble" versión es una mera repetición de lo que los policías habían asegurado ya antes. No hay testimonio ni prueba alguna que refuerce una historia que ya había sido desacreditada. En primer lugar, afirma Malcontento, no han sido capaces de demostrar de ningún modo que fuera Diego Bello quien disparara antes. En segundo lugar, el arma que dicen que portaba se halla en realidad inscrita desde hace más de veinte años a nombre de una compañía llamada Squires Bingham Company que jamás informó de su pérdida. No hay ni siquiera un débil indicio que conecte ese arma al surfista. Se halla también probado que ese supuesto cinturón verde del que sacó el arma no le pertenecía. "Por lo tanto la afirmación de que la pistola le pertenecía es altamente dudosa", asegura el fiscal.

Tampoco el lugar y la disposición de los casquillos resultan consecuentes con el relato que han hecho de su muerte. De haber sido del modo en que describe la policía, los agentes hubieran resultado también heridos. Las pruebas de nitratos de pólvora que practicaron a Panuelos (presunto organizador del crimen) y los sargentos Pazos y Cortés demuestran que los tres dispararon contra Diego. A tenor de los casquillos encontrados al lado de la valla, todo apunta a que Cortés fue quien le remató o le administró el tiro de gracia.

Literalmente, el fiscal general afirma que existen suficientes indicios que sostienen la idea de que fueron los policías quienes plantaron maliciosamente el arma para justificar el crimen y alegar defensa propia.

Según el tío de la víctima, Francisco Lafuente, la resolución de Malcontento es un triunfo más en las reclamaciones de justicia realizadas por la familia, claro que ahora deberá ser un juez quien decida si, en efecto, procede o no procesar a Panuelos y sus dos sargentos.

A su juicio, la resolución hace referencia a la participación de Panuelos y los sargentos, pero se omiten las responsabilidades de todos esos otros policías de los que habla el atestado policial. "Lo que está claro es que iban a matarlo", asegura Lafuente. El tío de la víctima se mantiene en su convicción de que ni el capitán que dirigió la operación ni el resto de los agentes actuaron por iniciativa propia. "Eso fue el resultado del encargo de alguien y no hablo de un cualquiera. Alguien como un gobernador de su mismo pueblo que le diga: si lo matas, me haces un favor a mí, y de paso, tú te pones una medalla. Sería cojonudo que echaran mano del hijo de puta que hizo ese encargo pero es que eso no era ni siquiera lo que se dirimía ahora".

El hipotético gobernador al que se refiere Francisco Lafuente es Miguel Luis Reyes Villafuerte, gobernador de Camarines Sur, más conocido como Migz, con quien Diego y sus socios habían tenido varios encontronazos. Refuerza la creencia de que Panuelos no concibió este crimen por iniciativa propia y que disfruta de protección el hecho de que fuera ascendido recientemente de capitán a mayor, al mismo tiempo que el Departamento de Justicia filipino dirimía su participación en el asesinato.