"Para mí es importante tener los papeles porque si vuelvo a Ucrania podría ir a la guerra y no quiero". Bogdan (19 años) pronunció estas palabras en 2020, cuando aún era menor de edad y fue entrevistado para el informe Crecer sin papeles en España, de Save the Children y la Fundación porCausa.

En aquel momento la guerra con Rusia no había comenzado oficialmente, a pesar de que el conflicto armado en el Dombás se alargaba desde 2014. Miles de ucranianos habían emigrado a otros países europeos huyendo de él. Muchos no consiguieron el asilo hasta que la Unión Europea se alineó con Ucrania tras la invasión rusa en febrero de 2022 y aceleró los trámites de los solicitantes en los Estados miembros.

Hasta aquel momento, Bogdan y su madre habían vivido en España con el miedo a ser deportados a Ucrania y enfrentar las amenazas de las que huyeron: la escalada del conflicto en Crimea, la posibilidad de que de Bogdan fuera reclutado al cumplir los 18 y la radicalización de bandas ultras y nazis que se extendían por la región.

Ahora, con 19 años y un hijo a su cargo, Bogdan piensa en sus amigos ucranianos, los que salieron del país huyendo del servicio militar y la guerra y los que se quedaron y combaten en el frente. En una conversación con Público, duda sobre la decisión que tomaría si estuviera allí y fuera llamado a filas. "Ahora que tengo un hijo, no iría", reflexiona, "aunque si no lo tuviera, una parte de mí querría defender a mi país, pero la otra no sé qué haría, la verdad".

Bogdan duda porque cree que la guerra está hecha "para hacer ganar dinero" a los más poderosos. También porque al pensar en sus vínculos afectivos con Rusia (familia, amigos, expareja), ahora dispuestos en el lado contrario del tablero, cree que la guerra "es una tontería sin sentido".

Según el Informe sobre gasto militar del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) de 2022, el gasto militar mundial creció un 3,7% desde 2021, hasta alcanzar los 2.240 millones de dólares. Se trata del mayor aumento interanual en los últimos 30 años.

Existe una relación "estructural, invariante y necesaria entre nacionalismo y militarización. No es casual", ahonda Raúl Sánchez Cedillo, autor de Esta guerra no termina en Ucrania (Katakrak, 2022). Explica que históricamente los estados plurinacionales y los imperios se dotaban de ejércitos mercenarios, mientras que tras la Edad Moderna lo que combate en la narrativa nacionalista es el cuerpo de la nación, vinculado a la milicia nacional.

Los estados-nación precisan de cuerpos que los defiendan, aunque estos sean tomados por la fuerza. Por eso, muchos estados-nación disponen de mecanismos en sus legislaciones para activar estados de excepción como la ley marcial, que dota a las fuerzas armadas y otros cuerpos policiales y militares de facultades extraordinarias, entre otras, la movilización de la población para servir en el ejército.

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, activó una movilización de la población general en edad de servir al ejército a finales de febrero de 2022. Si Bogdan no hubiera conseguido el asilo y hubiese sido deportado a su país de origen, podría haber sido reclutado. De negarse a este mandato, el Estado ucraniano podría haber tomado represalias contra él similares a las que sufrió el objetor Vitaly Alekseenko, encarcelado durante meses hasta que en mayo de este año el Tribunal Supremo de Ucrania anuló su condena.

Por su parte, Vládimir Putin, presidente de Rusia, aprobó a finales de septiembre de 2022 la movilización parcial de la población para ciudadanos con experiencia militar y que hubieran realizado el servicio militar obligatorio. Aquel documento cambiaría para siempre la vida de cientos de miles de rusos contrarios a la guerra, incluida la de Tatiana (nombre ficticio), médico de urgencias rusa refugiada en España.

Tatiana había trabajado durante tres años en un hospital militar, como parte de su formación. Su especialización la hacía perfecta para acudir al frente, pero su activismo contra la guerra la llevaba a rechazar esta posibilidad. Meses antes había sido detenida en una manifestación pacifista. Tras esto, "registraron mi casa y me amenazaron", cuenta a Público.

Había hecho el primer intento de salir del país antes de la detención, pero las difíciles condiciones de vida en España y la esperanza de una guerra corta la llevaron de vuelta a Moscú. Con la entrada en vigor del nuevo decreto, "cualquier cosa que hiciera tenía que ser previamente comunicada al departamento militar". Esta información, sumada a la que ya disponía el organismo, convertían su estancia en Rusia una bomba de relojería.

Tatiana entiende también que su llamada a filas como médico era parte del castigo que el Estado ruso le imponía por su activismo. "Muchos de los opositores a la guerra que conozco están en el frente". Dos días después de la aprobación del decreto, ella y su hijo salieron del país en dirección a España.

Desprotección legal de los objetores para migrar 

No existe ninguna estimación sobre el número de personas que emigran huyendo del servicio militar obligatorio o de las consecuencias de no hacerlo. La organización internacional de apoyo a objetores de conciencia y desertores Connection e.V., ha hecho una recopilación de más de 30 casos individuales en Europa, que suponen una diminuta muestra de lo que puede ocurrir a escala global.

Alrededor de 70 países en el mundo mantienen actualmente el servicio militar obligatorio, según el informe "Military service age and obligation" (Obligatoriedad y edad para el servicio militar) de The World Factbook que elabora la CIA, el servicio de inteligencia del Gobierno estadounidense.

Con el fin de la Guerra Fría, Europa vivió una oleada de movilizaciones antimilitaristas y de insumisión que terminaron por tumbar esta imposición en la mayoría de los Estados que hoy conforman la Unión Europea. Incluida España, que eliminó la 'mili' obligatoria definitivamente en 2001.

Actualmente, 11 países europeos someten a sus ciudadanos a esta obligación: Austria, Estonia, Lituania, Letonia, Ucrania, Bielorrusia, Chipre, Grecia, Finlandia, Suecia y Noruega. En cada Estado, el servicio militar obligatorio tiene unas características diferentes. En algunos se activa cuando no hay voluntarios suficientes, en otros la duración varía entre nueve y 18 meses, y en otros depende de la formación o el género del ciudadano. En algunos incluso se puede conmutar por algún otro tipo de trabajo social.

Ante esta imposición, muchas personas huyen hacia otros países. Sobre el papel, el asilo en estos casos está bastante protegido por el derecho internacional, pero para que sea efectivo la persona que migra tiene que declararse objetora de conciencia por motivos religiosos o de otra índole.

"La objeción no es un derecho absoluto, es importante justificar por qué se objeta", explica Paco Solans, secretario y portavoz de Extranjeristas en Red, asociación que agrupa a abogados de extranjería. Así, el simple hecho de no estar de acuerdo con un conflicto, no sentirse parte de la nación o negar al Estado el uso del cuerpo para la práctica militar, no es suficiente.

La mayoría de los países europeos están adheridos al Estatuto de los Refugiados, concretado en la Convención de Ginebra de 1951, piedra angular de los textos legislativos que protegen el asilo en los países firmantes. Creado en los años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial, e inspirado en la oposición al antisemitismo del Tercer Reich, recoge en varios de sus artículos la libertad religiosa como un derecho fundamental de los seres humanos.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en vigor desde 1971 y modificado en sendas ocasiones, amplía en su artículo 9 este derecho y establece la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Este derecho está recogido en los textos legales de cientos de países y supone la base de la objeción de conciencia. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución 1998/77, alentaba a los Estados a conceder el asilo político a los objetores de conciencia que se vieran obligados a abandonar su país de origen, "cuando no exista ninguna disposición, o ninguna disposición adecuada, sobre la objeción de conciencia al servicio militar".

Solans considera que la ventaja principal de aquellos que solicitan asilo por esta razón, en comparación con otro tipo de peticiones, es la capacidad probatoria de la objeción de conciencia. "Normalmente existe una llamada a filas, pero también la misma legislación del país [que obliga a sus ciudadanos a hacer el servicio militar] o la edad del objetor pueden ser pruebas en su solicitud".

Primer reto: salir del país

Los principales escollos de los objetores son los mismos que los de todas las personas que migran. El primero, salir del país de origen.

"Nos fuimos de Rusia unos días antes de que se cerrara la frontera con Finlandia", explica Tatiana. Dice tener compañeros activistas que no pudieron hacerlo y que actualmente se encuentran recluidos en Rusia o combatiendo en el frente. Asimismo, en virtud de la ley marcial aprobada en febrero de 2022, Zelenski prohibió a los hombres de entre 18 y 60 años salir de su territorio sin un permiso de las Fuerzas Armadas.

Abandonar el país de forma legal suele ser difícil en la mayoría de los casos. Por lo que la vía ilegal, menos garantista y más peligrosa, es la habitual. Una vez los objetores llegan a algún Estado miembro de la Unión Europea, las dificultades varían. En el caso de España, los objetores deben acudir a una comisaría de extranjería (al igual que cualquier otro migrante en proceso de regularización) para solicitar el asilo.

Durante el último año, este servicio se ha visto obstaculizado por la escasez de estas citas puestas a disposición por el Ministerio del Interior, según informa Extranjeristas en Red.

A ello, se le ha sumado la estafa de una banda que bloqueaba el sistema  web para revender dichas citaciones. Durante este tiempo, "en España se ha estado deportando a gente que eran perseguidas en sus países de origen, lo que es una violación flagrante del derecho al asilo", denuncia Solans.

Objetores de diferente estatus

No todos los migrantes son iguales ante los Estados europeos. Con la llegada de objetores y desertores rusos a finales de 2022, se dispararon las sospechas sobre aquellos que provenían de la región en guerra. El hijo de Tatiana vivió en sus carnes el estigma de proceder de Rusia. "Sus compañeros del colegio se metían con él", lamenta la madre.

La mayoría de los países de la Unión Europea abrieron los brazos a los desertores rusos. Alemania fue especialmente entusiasta con esta idea, pero el proceso que puso a disposición de estos, en cambio, no era fácil.

"Existe una especie de clasismo al migrar", explica Mehmet Tarhan, turco refugiado en Argentina desde hace cinco años. Decidió cruzar el charco después de que fracasara el proceso de paz entre Turquía y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en el que estaba implicado.

En 2006 fue encarcelado durante 11 meses por negarse a hacer el servicio militar obligatorio. Tras esto, cuenta que el Estado turco le retiró toda su documentación. "Lo llaman muerte civil porque no puedes hacer nada: ni alquilar una casa, ni tener dni, ni casarte…", describe.

Socialmente, la objeción de conciencia y la deserción están vistas como  traiciones gravísimas, no sólo en términos legales sino identitarios. "La cultura y la educación de la república turca nos enseña que todos los turcos nacen soldado", narra Tarhan.

"Erdogán mantiene la práctica de la conscripción [el servicio militar obligatorio] como un deber absoluto de los miembros de la nación, que gracias a la bula papal que le concede pertenecer a la OTAN le otorga vía libre para bombardear Rojava o participar en las guerras de Oriente Medio como quiere", aporta Sánchez Cedillo.

Tarham militaba en el Partido Democrático de los Pueblos (HPD, partido pro-kurdo) y su perfil se hizo aún más visible durante el proceso de paz. Por eso, cuando las negociaciones quedaron definitivamente enterradas en 2015, supo que tenía que marcharse. "Nunca quise quedarme en Europa, porque allí no puedo ser europeo, sería siempre refugiado. Pero en Argentina puedo ser argentino y puedo normalizar mi vida", afirma.

Sospecha también que solicitar el asilo en Europa le sería más complicado. Aún más que la fortaleza burocrática en la que se ha convertido Europa o el racismo que podría sufrir, le preocupan las fluctuantes relaciones diplomáticas de la Unión con Turquía, que sospecha, podrían llevarlo de vuelta al país.

Migrar a Argentina es la fórmula que ha encontrado para iniciar una nueva vida. "Al irme de Turquía acepté que se terminó una época en mi vida", cuenta. Sabe que el recién reforzado Gobierno de Erdogán lo encarcelaría en el momento en el que pisara tierras turcas. Quedarse en Europa le permitiría, al menos, estar más cerca de los acontecimientos  que ocurrieran en su país de origen. "Pero también puedo continuar adelante", describe. "Elegí no quedarme en Europa para para continuar".