Una vez que la Unión Europea se desentendió de la crisis de los refugiados, los Estados miembro ponen el foco ahora en frenar las muertes y, sobre todo, las llegadas a territorio europeo de inmigrantes y refugiados subsaharianos a través del Mediterráneo. Lo hará, simplemente, impidiendo que zarpen desde África.

Tras bloquear la ruta de los Balcanes y dejar atrapadas en un limbo sin salida a miles de personas en el frío invierno de Belgrado (Serbia), y después del acuerdo con Turquía para retener y devolver a los refugiados y vaciar los campamentos de Grecia, la UE ha decidido atajar el flujo migratorio del Mediterráneo central extendiendo en la práctica su frontera sur hasta Libia, que será el próximo centro de detención y deportación de personas a sus países de origen.

La cumbre de La Valeta (Malta) del pasado 3 de febrero sentó las bases para convertir al caótico país africano en el Estado 29 de la Unión en cuanto a fronteras. Costará, inicialmente, 130,8 millones de euros.

La cumbre de jefes de Estado tuvo poca presencia en los medios, soterrada bajo las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, contra el presidente estadounidense, Donald Trump, en las que le acusaba de "demagogo" y de representar una "amenaza para la UE". Las palabras, muy suavizadas al día siguiente, hacían referencia a las políticas de Trump, en concreto, al veto migratorio; es decir, a la prohibición del acceso a los nacionales de siete países de mayoría musulmana que ya han frenado varios jueces norteamericanos. Mientras tanto, los jefes de Estado aprobaban una declaración que daba un paso más en la criticada "Europa fortaleza".

El caos libio

Varios migrantes se sientan tras ser detenidos por la guardia costera de Libia, en Trípoli, 5 de febrero de 2017. REUTERS / Hani Amara

Tras la guerra civil y el derrocamiento de Gadafi en 2011, Libia se ha convertido en un estado fallido, sin un gobierno estable, con tres facciones que se disputan el poder, de las que la UE sólo reconoce al Consejo Nacional de Transición. El yihadismo se hizo fuerte en parte del país, mientras que la zona sur está controlada por clanes tribales con estrechos vínculos con el tráfico de personas. Estos factores convirtieron al país en un 'coladero' de inmigrantes.

Según cálculos de la UE, alrededor de 1,3 millones de personas se encuentran en situación de emergencia humanitaria en Libia. Y mientras se pretende hacer de este país sin Estado el guardián de la frontera sur europea, los ministros de Exteriores de la UE le exigen redoblar sus esfuerzos para proteger los derechos humanos, "especialmente" en los centros de detención de inmigrantes, al tiempo que condenan los abusos y violaciones de las libertades fundamentales en ese país.

El año pasado, Oxfam Intermón denunció en un informe, en el que citaba a la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, que los migrantes detenidos en dicho país a menudo sufren torturas, malos tratos y son sometidos a trabajos forzados. La organización ponía énfasis en la muerte de cuatro inmigrantes a consecuencia de los disparos cuando trataban de escapar de un centro de detención. Resultaron heridos una veintena. Recientemente, la embajada de Alemania en Níger verificó otros informes sobre ejecuciones, torturas y otros abusos sistemáticos de derechos humanos en campos libios, según publicó el periódico Die Welt aportando documentación. Amnistía Internacional también denunció en 2015 incluso abusos sexuales en estos centros que a veces gestionan milicias armadas.

En 2016 se detectaron más de 180.000 llegadas a suelo europeo a través del Mediterráneo central, sobre todo a Italia, según el informe de la cumbre. Al mismo tiempo, el número de desapariciones y muertes de personas migrantes ha ido batiendo su propio récord desde 2013. Se trata de la ruta migratoria más mortífera. "Habida cuenta de los centenares de personas que ya han perdido la vida en 2017 y acercándose la primavera, estamos decididos a tomar medidas adicionales para reducir significativamente los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo central y para desarticular el modelo de negocio de los traficantes, vigilando al mismo tiempo las rutas del Mediterráneo oriental y otras rutas. Intensificaremos nuestra cooperación con Libia como principal país de partida, así como con sus vecinos del norte de África y del África subsahariana", asegura la declaración de La Valeta.

La guardia costera de Libia, en una embarcación que transportaba inmigrantes arrestados en Trípoli, Libia, el 5 de febrero de 2017. REUTERS / Hani Amara

En la práctica, esto significa redoblar la presencia de guardacostas libios en el Mediterráneo para evitar que los rescates sean realizados por efectivos europeos. Libia se enmarca dentro de la red Seahorse, creada en 2013 por la comisión europea. En ella participan también España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Chipre y Grecia; y desde 2014, Argelia, Túnez y Egipto. Los fondos para Libia anunciados por la UE -de momento, 120 millones de euros que saldrán del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, dotado de casi 2.000 millones de euros- son sólo una parte del plan para entrenar y dotando de equipamiento a los guardacostas libios, un cuerpo cuanto menos oscuro en un país sin autoridad y sobre el que recaen sospechas de vínculos con las mafias que trafican con personas. A esto hay que añadir 10,8 millones de euros para ayuda humanitaria. Todo el dinero sale tras el decisión de la Comisión Europea de activar, como primera medida, un tramo de 200 millones de euros para la "ventana norteafricana" del fondo, donde tendrán "prioridad los proyectos relacionados con la migración que afectan a Libia", dice la declaración de Malta.

También está prevista la inversión en centros de detención de inmigrantes en el país para "garantizar capacidades de acogida y condiciones adecuadas". Para ello, la UE empleará al ACNUR y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque hasta el momento, la ONU no ha tenido acceso al país. La idea es "aumentar de manera significativa el retorno voluntario asistido" de inmigrantes, es decir, deportaciones.​

Italia se adelanta a la UE

El primer ministro italiano Paolo Gentiloni (D) y su homólogo libio Fayez al-Sarraj se dan la mano después de firmar un acuerdo bilateral durante una reunión en Palacio de Chigi en Roma, Italia, el 2 de febrero de 2017.- REUTERS / Tony Gentil

El acuerdo de Malta llegó con la presión añadida por Italia. El principal receptor de inmigrantes procedentes de las costas africanas firmó un acuerdo bilateral con las autoridades libias que suponía la reactivación del Tratado de Amistad suscrito entre Berlusconi y Gadafi en 2008. En él, Italia se compromete a dar "apoyo y financiación a programas de desarrollo para las regiones afectadas por el fenómeno de la inmigración ilegal”, con inversiones en distintos sectores, desde las infraestructuras a los transportes. Además, se otorgará “soporte técnico y tecnológico” a la Guardia Costera libia y a los departamentos del ministerio de Interior” libio encargados de frenar las salidas.

El acuerdo con Libia no tiene el estatus de la Declaración UE-Turquía, entre otros factores, por la oposición de la canciller alemana, Angela Merkel. El pasado enero, Merkel lo rechazó en rueda de  prensa y añadía que sólo podría darse una acuerdo similar "si la situación en Libia mejora, si hay un gobierno de unidad que realmente sea de unidad y que controle todo el país, y si se puede abordar la cuestión humanitaria bajo estándares parecidos". No obstante, el movimiento italiano forzó la declaración del Malta en la que Libia pasaba a ser el centro de atención.

Crítica y efectos del cierre del Mediterráneo central

Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critican esta estrategia de la UE, similar a la implementada con Turquía. "Las políticas de inmigración y asilo de Europa no deben enfocarse en dejar atrapadas a las personas en países donde no se garantizan sus derechos humanos y donde no hay una protección internacional efectiva", apunta Nuria Díaz, de CEAR, que asegura que la política migratoria de la UE "debería estar enfocada en habilitar vías legales y seguras".

Díaz advierte de que el bloqueo de las rutas obliga a las personas a buscar otras vías y medios "más peligrosos aún" y pone como ejemplo el refuerzo de la frontera terrestre de Marruecos con Ceuta y Melilla. "Se han registrado muchas menos entradas en estas ciudades española a pie o por salto de valle, pero el número de llegadas en pateras ha aumentado desde que Marruecos  instaló otra valla de concertinas", explica. No puede asegurar que este bloqueo del Mediterráneo central vaya  desviar la ruta hacia las costas españolas, pero alerta que este tipo de decisiones "no atajan el problema, sino que causa más dolor, más sufrimiento y más muertes".