ANKARA.- La purga iniciada por las autoridades turcas tras el fallido golpe de Estado sigue en marcha. Desde el viernes han sido destituidos cerca de 55.000 trabajadores y detenidas unas 11.000 personas, este último dato dado por el propio Erdogan. Policías, jueces y profesores, tanto del sector público como privado, han sido apartados de sus puestos de trabajo, mientras que entre los detenidos, además de militares, figuran jueces, fiscales y civiles, según las cifras facilitadas por los medios turcos. A pesar de las escandalosas cifras, el primer ministro turco, Binali Yildirim, ha dejado claro que la represión continuará.

Sólo entre este lunes y miércoles, el Ministerio de Educación ha suspendido de sus empleos a 21.738 funcionarios sospechosos de tener vínculos con las redes de simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que se le atribuye la responsabilidad del intento de asonada militar. Asimismo, ha retirado la licencia a 21.000 profesores o maestros en instituciones de enseñanza privadas y ha decretado el cierre de 626 instituciones educativas.

"A partir de hoy, 21.738 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas", reza el comunicado del ministerio, citado por la agencia semipública Anadolu. "Nuestro Ministerio ha llevado a cabo un trabajo respecto a los empleados públicos que estén vinculados a FETÖ" (las siglas con las que el Gobierno se refiere a las redes gülenistas), explica la nota.

Ankara considera a Fethullah Gülen, hasta 2013 aliado del Gobierno islamista, enemigo público número uno y responsable del golpe fallido

Las siglas FETÖ describen las redes de simpatizantes de Fethullah Gülen, hasta 2013 aliado del Gobierno islamista y ahora considerado enemigo público número uno y responsable del golpe fallido, pese a que éste haya negado toda relación. El número de funcionarios suspendidos en Educación se añade a los 8.777 que fueron apartados del servicio por el Ministerio de Interior, la gran mayoría agentes de seguridad, y más de 2.500 en otros ministerios.

Asimismo, en las últimas horas la Organización Nacional de Inteligencia ha suspendido a un centenar de trabajadores, la mayoría de los cuales no eran agentes en activo, bajo la sospecha estar vinculados con el golpe. Por otra parte, 257 trabajadores de la oficina del primer ministro también han sido apartados de su cargo por este mismo motivo, según fuentes de su equipo. Unas 2.600 personas trabajan en la oficina de Binali Yildirim.

También han sido apartados de sus cargos 492 trabajadores de la principal autoridad islámica del país por su presunta implicación en el golpe fallido y por supuestos vínculos "terroristas", según ha informado en un comunicado la Dirección de Asuntos Religiosos, que emplea a más de 100.000 personas. En total, desde el pasado viernes, han sido suspendidos de empleo más de 55.000 trabajadores públicos o privados, según el cálculo realizado por el diario Hürriyet, uno de los más leídos de Turquía.

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, en un acto celebrado anoche en Estambul. - EFE

Detenciones de militares y medidas excepcionales

Además de las destituciones, este martes y miércoles también han continuado las detenciones de supuestos golpistas. A los 6.000 militares arrestados en los últimos días, entre ellos un tercio de todos los generales de las Fuerzas Armadas, se han sumado los dos pilotos del caza que el pasado noviembre derribaron un avión de combate ruso que, asegura el Gobierno, entró en el espacio aéreo turco desde Siria.

Aquel incidente provocó una grave crisis diplomática con Rusia, pero Ankara siempre ha defendido que el derribo siguió las normas de combate y que la aeronave rusa entró en territorio turco pese a recibir repetidas advertencias. Ya el sábado, el alcalde de Ankara, Melih Gökçek, del partido gubernamental, AKP, cambió ese discurso y acusó a los pilotos de haber derribado el avión ruso para provocar una crisis con Moscú.

El Gobierno ha recibido el respaldo del partido ultranacionalista MHP para una eventual restauración de la pena de muerte

También ha sido arrestado Erkan Kivrak, que ocupaba el segundo puesto en la escala de asesores militares del presidente Recep Tayyip Erdogan, por detrás del coronel Ali Yazici, que fue detenido el domingo acusado también de golpismo. Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha cancelado las licencias a "todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas", una medida que afecta a 24 medios vinculados al Gülen.

En total, han sido detenidas 10.937 personas desde el viernes, según ha confirmado Erdogan en una entrevista con la televisión árabe Al Yazira. De todos ellos, según cifras oficiales, 990 han sido enviados a prisión preventiva por orden de un juez. Entre los detenidos figuran, aparte de los 6.000 militares, 100 policías, 755 jueces y fiscales, así como 650 civiles, de acuerdo al recuento realizado por los medios de comunicación turcos.

Por otro lado, las medidas excepcionales impuestas por el Gobierno han llegado al punto de prohibir a todos los funcionarios que abandonen el país, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores, a ordenar a los trabajadores públicos que interrumpan sus vacaciones y regresen a sus puestos y a pedir la renuncia de todos los decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas. El Gobierno ha recibido también este martes el respaldo del partido ultranacionalista MHP para una eventual restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004, una posibilidad abierta por Erdogan para castigar a los "traidores" que han participado en el golpe.

Turquía pide la extradición de Gülen

Acusado además por Ankara de dirigir un Estado dentro del Estado y de conspirar para derrocarlo, el Gobierno turco ha solicitado formalmente a Washington el arresto y la posterior extradición de Gülen, residente en Estados Unidos. En concreto, según informa la emisora CNNTürk, el Ministerio de Justicia turco ha pedido el arresto del predicador exiliado durante un periodo de 60 días hasta que se ejecute la extradición, en cumplimiento de los acuerdos existentes entre los dos países.

El primer ministro turco critica a EEUU por proteger a un "cabecilla terrorista".  ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?", se pregunta Binali Yildirim

El Gobierno turco ha enviado dos cartas a las autoridades estadounidenses, una al Departamento de Justicia, solicitando el arresto, y otra a Exteriores (Departamento de Estado), pidiendo la extradición. Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos venían repitiendo que Turquía no había realizado esa petición en ese sentido y que, en cualquier caso, sería necesario que Ankara aporte pruebas sobre la implicación en la asonada de Gülen, que reside desde 1999 en el Estado de Pensilvania.

Al respecto, el primer ministro turco, Binali Yildirim, ha prometido aportar toda la información necesaria, al tiempo que criticaba a Estados Unidos por proteger a un "cabecilla terrorista". "Enviaremos muchas pruebas. Pero quiero preguntar a nuestros amigos estadounidenses: ¿Pidieron ustedes pruebas al ir a por los terroristas que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre? ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?", ha declarado el jefe del Ejecutivo en una intervención parlamentaria.