MADRID.- “Su reputación es legendaria”, aseguró al entonces presidente norteamericano, Barak Obama, un senador cuando recomendó a Ann Donnelley como juez federal, en 2015.
Y se ha cumplido esta promesa del político Chuck Schumer.

Anna M. Donnelly (Royal Oak, Michigan, 1959) es la juez federal del distrito neoyorquino de Brooklyn que ha dictado una resolución histórica: suspende de forma temporal la orden ejecutiva dictada por el presidente norteamericano, Donald Trump, que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con problemas de terrorismo.

Su resolución ampara a aquellas personas que habían llegado a los aeropuertos y puertos de Estados Unidos y que estaban siendo deportadas en aplicación del decreto de Trump. La juez federal ha prohibido estas expulsiones ante el “daño irreparable” que iba a causarles.

A sus 57 años de edad, esta jurista se ha erigido en símbolo de la defensa de los derechos civiles, tras una jornada donde cientos de personas se presentaron en la terminal internacional del aeropuerto de Nueva York para protestar por las deportaciones.
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Definida como una persona justa, amable y de mente abierta, Anna M. Donnelly es una jurista de profundas convicciones, que dedica su tiempo libre a formar estudiantes y abogados jóvenes, con la realización de juicios simulados.

Durante 25 años fue fiscal de la oficina de Manhattan, donde trabajó para Robert Morgenthau, y se especializó en la lucha contra las bandas organizadas.

Uno de los casos más famosos fue su colaboración en el procesamiento de Dennis Kozlowski, el ex CEO de Tyco International, condenado por apropiarse de 81 millones de dólares en forma de bonus de la empresa, así como por gastar más de 14 millones en obras de arte.

Donnelly fue fiscal jefe de la Oficina de la lucha contra la violencia familiar y el abuso infantil, hasta que en octubre de 2015 fue elegida juez federal.

Formada en la Universidad de Michigan, Donnelly consiguió su graduado en la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio.

El caso Darweesh contra Trump

Las copias de la resolución de Donnelly son exhibidas por los refugiados, inmigrantes, y turistas de los países afectados ante la policía y los agentes de aduanas de los aeropuertos, mientras abogados voluntarios les ayudan para solicitar el amparo.

Al más puro estilo norteamericano, Donnelly juzgará el caso 'Darweesh vs. Trump'. Los derechos constitucionales están en juego.

El caso es una demanda que presentaron este sábado dos ciudadanos iraquíes, en su nombre y en nombre de quienes se encuentren en una situación similar, contra el propio Donald Trump y otras autoridades e instituciones de seguridad nacional y aduanas.

Manifestación de protesta en el exterior del aeropuerto internacional de Nueva York por la prohibición de entrada contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, decretada por Donald Trump. REUTERS/Andrew Kelly

La juez entrará en el fondo del asunto en una vista que se celebrará el 21 de febrero. El primer firmante de la demanda es Hameed Khalid Darweesh, quien colaboró durante años con el ejército norteamericano en Irak.

 Se calcula que hay entre 100 y 200 personas detenidas, procedentes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. Pero las asociaciones de derechos civiles aún no saben la cifra exacta mientras exigen al Gobierno que facilite la lista de afectados.
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