La política internacional británica es cada día más apresurada, por no decir descarada. Bajo el primer ministro Boris Johnson ni corren un tupido velo ni dejan pasar el tiempo prudencial para perpetuarse como maestros de la diplomacia mundial en double standards. En 24 horas de diferencia, dos ministros del Gabinete lanzaron mensajes distintos en la Cámara de los Comunes sobre Arabia Saudí, y un tercero se puso al teléfono para disculparse en secreto a los saudíes, el mayor cliente de armas y material bélico de Reino Unido.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, anunciaba en el Parlamento el régimen de sanciones británicas post Brexit a violadores de Derechos Humanos -China está excluida- en una lista de 49 personas u organizaciones que incluye a 20 saudíes, acusados de participar en la muerte, descomposición y eliminación del periodista Jamal Khashoggi en Estambul (Turquía) en octubre de 2018. Entre los 20 identificados y sancionados están Saud Abdullah Al Qahtani, asesor personal del príncipe Mohammed bin Salman, y Ahmed Hassan Mohammed Al Asiri, adjunto a los Servicios de Inteligencia saudís. Ambos ocupaban estos puestos en octubre de 2018. Se les acusa de planificar y ejecutar, con otros, la operación que llevó a Jamal Khashoggi, engañado, al consulado saudí en Estambul del que no salió ni vivo ni muerto. El príncipe Mohammed bin Salman, partícipe del fondo de gestión que está en negociaciones para comprar el club de fútbol Newcastle United, del norte de Inglaterra, niega que ordenara la eliminación del periodista, crítico del régimen de la familia real saudí.

El ministro Dominic Raab, en un alarde de gran defensor de los Derechos Humanos en el mundo, dijo en el Parlamento británico que "quienes tienen las manos manchadas de sangre no encontrarán refugio aquí; ni viviendas en King’s Road ni harán sus compras en las tiendas de Knightsbridge; con las manos ensangrentadas no pueden poner los pies en este país porque los perseguiremos". A los 20 saudíes identificados -excluido el príncipe citado que goza de inmunidad- se les prohibirá viajar a Reino Unido y se les congelarán cuentas bancarias y bienes que tengan en el país. Así de duro sonaba el Gobierno de Boris Johnson, por la boca de su ministro de Exteriores, contra los gobernantes de Arabia Saudí.

Al día siguiente de la plática diplomática de Londres contra Riad, la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, desde el mismo asiento que había ocupado el titular de Exteriores el día anterior, anunciaba la reanudación de venta de armas a Arabia Saudí a pesar de haber estado paralizada un año por, presuntamente, violar la Ley Humanitaria Internacional en la guerra de Yemen. La ministra calificó de "incidentes aislados" los abusos contra los Derechos Humanos por parte de los saudíes en Yemen. Liz Truss atendió al fallo del Alto Tribunal que exige la revisión de los contratos de venta de armas. "No hay riesgo claro de que la exportación de armas y material militar a Arabia Saudí pueda ser utilizada para violar la Ley Humanitaria Internacional", aseguró la ministra.

Reino Unido es el mayor proveedor de equipamiento bélico a Arabia Saudí por un valor de 18.400 millones de euros en 2018. Detrás, según volumen de ventas, van Francia, Alemania, España e Italia. La organización Campaign Against Arms Trade llevó al Gobierno británico al tribunal en junio de 2019 aduciendo que se incumplía también el Tratado Internacional de Comercio de Armas (2014) que obliga a los vendedores a cerciorarse de que las armas no sean utilizadas contra los Derechos Humanos o en actos de terrorismo. La sentencia que permite la reanudación de las ventas ha coincidido con el anuncio de las sanciones contra personas u organizaciones perpetradores de violaciones contra los Derechos Humanos.

Dos días en el Parlamento británico en los que se escucharon una de cal y una de arena sobre la relación de Londres y Riad respecto al cumplimiento de los Derechos Humanos en Arabia Saudí y su, presunta, política de eliminar disidentes y de continuar la guerra en Yemen. Un conflicto que ya lleva cinco años y, según la ONU, 233.000 muertos, la mitad menores de 5 años. La ONU no deja de calificar el conflicto bélico como el mayor desastre humanitario de hoy en día.

Para más ejercicio de "donde dije digo, digo Diego", el Gobierno de Boris Johnson, temeroso de que las duras palabras de Dominic Raab provocaran malestar en Riad, puso en acción al ministro de Defensa, Ben Wallace, quien llamó por teléfono a su homologo saudí pidiendo disculpas y asegurándose de que las relaciones entre ambos países continúan por el cauce de los buenos modales y el comercio de armas. Esta llamada telefónica, que hizo pública la agencia saudí de información, fue reproducida por The Independent -otros medios británicos no gustan de disculpas a Arabia Saudí si no son oficiales-.

La política liberal, Layla Moran, cree que "el Gobierno actúa un día contra individuos saudíes, y al día siguiente llama en secreto para disculparse, así manda mensajes erróneos a Estados y personas envueltos en abusos de los Derechos Humanos en el mundo". La laborista Emily Thornberry, portavoz de Comercio Internacional, ha calificado la reanudación de la venta de armas como "moralmente indefendible" y ha resaltado también los dos anuncios del Gobierno un día detrás del otro. "Mandan mensajes confusos", apostilla.