Revuelta contra Trump. Minnesota, Maryland, Maine y California han demandado este lunes al Gobierno de Estados Unidos por su decisión de derogar el programa que protegía de la deportación a 800.000 personas. La denuncia se suma a la ya presentada por 16 fiscales generales. Otros estados como Nueva York y Washington han anunciado que harán lo mismo. El plan DACA fue aprobado en 2012 por la administración de Barack Obama y daba acceso a permisos de trabajo a quienes ingresaron en el país sin documentación siendo niños, los conocidos comos dreamers (soñadores).

Xavier Becerra, el fiscal general de California, uno de los estados más críticos con las políticas migratorias del Gobierno federal, ha denunciado que la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, es "una farsa económica" para su estado, el más poblado del país y dependiente de la mano de obra inmigrante. 

"Como líderes de este gran estado, donde vive uno de cada cuatro beneficiarios de DACA, queremos decir que estamos preparados para defenderles y para defender el programa porque es completamente legal y es, ciertamente, plenamente estadounidense en sus valores y enfoque y ha sido tremendamente exitoso para la economía de California y de nuestro país", declaró Becerra días antes cuando anunció que estaba dispuesto a denunciar a la administración central. El Departamento de Justicia estadounidense no se ha pronunciado por el momento.

Trump ya había puesto en su punto de mira el programa DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege de la deportación a cerca de 800.000 personas de entre 15 y 36 años. La iniciativa también autoriza a pedir permisos de trabajo a los beneficiarios, los dreamers.

El magnate cuestionó "amnistía ejecutiva" aprobada por Obama sin el acuerdo del Congreso. "No estoy a favor de castigar a niños, la mayoría de ellos ya adultos, por las acciones de sus padres, pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes", esgrimió.

Posteriormente, el mandatario recordó que ahora corresponde al Congreso tomar medidas, algo que también ha señalado en un tuit con el que se mostró dispuesto a trabajar junto a republicanos y demócratas. El objetivo, añadió, es cerrar una reforma migratoria que anteponga los intereses de los estadounidenses que "trabajan duro".

La derogación ordenada por el Gobierno es progresiva y deja en manos del Congreso la aprobación de una reforma que, entre otras cuestiones, deberá aclarar el futuro de los dreamers. La Administración Trump sí ha dejado claro que estas personas no serán prioridad para los servicios de seguridad, a no ser que estén involucradas en actividades delictivas.