El comercio de armas, bajo sospecha

MADRID. -Ha costado dos décadas sacarlo adelante y ha sido calificado de “histórico” por las organizaciones de derechos humanos, aunque por ahora esconde aún demasiadas sombras. El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que por primera vez regula este mercado con una normativa vinculante para los Estados que lo han ratificado (61 hasta el momento), entra en vigor este miércoles, después de que el texto fuera aprobado por una abrumadora mayoría en la Asamblea General de la ONU en abril de 2013.

En esencia, el acuerdo obliga a los Estados parte a evaluar el riesgo de sus operaciones comerciales de armamento y a interrumpir sus exportaciones si consideran que ese material puede ser utilizado para cometer graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones, torturas, genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Pero deja algunos flecos sueltos: no hay un criterio unificado sobre qué casos pueden ser considerados de riesgo y cuáles no, sino que dependerá de la evaluación "objetiva" de cada país. En Suecia, por ejemplo, estará a cargo de una comisión independiente, pero en la mayoría, la revisión dependerá de los propios gobiernos, que seguirán teniendo libertad para anteponer sus intereses económicos y políticos. Otra de las grandes críticas al Tratado es que no contempla una política de sanciones, más allá de la reprobación moral que podrá hacerse en la Conferencia de Estados Parte, una reunión eventual de evaluación conjunta. La primera tendrá lugar el verano próximo.

Cinco de los diez principales exportadores de armas han ratificado el Tratado

“Sobre todo implica un cambio de enfoque, porque se conectan las reglas del comercio con los derechos humanos. Y en lugar de castigar a los perpetradores de estas violaciones, se pone la atención sobre los aspectos estructurales del conflicto, es decir, la responsabilidad de los países exportadores de armas”, explica Alberto Estévez, experto en comercio de armas de Amnistía internacional.

Es difícil conocer las cifras detrás del comercio de armas debido a la gran opacidad con la que funciona este mercado, pero Amnistía Internacional calcula que el valor de las transferencias internacionales se acerca a los 80.000 millones de euros por año. La organización, junto a otras dos ONG británicas, fue pionera en apuntar la necesidad de regular estas operaciones tras la Guerra del Golfo y ha sido una de las que más ha trabajado para la aprobación del Tratado, impulsado por el ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, ante las Naciones Unidas en 2001.

Se calcula que el comercio de armas mueve unos 80.000 millones de euros al año

No obstante, reconoce Estévez, el texto ha pasado por muchas modificaciones desde esa fecha hasta que se consiguiera finalmente un acuerdo aprobado por la Asamblea General el año pasado con 155 votos a favor, 23 abstenciones (entre ella las de Rusia, China e India) y los únicos tres votos en contra de Corea del Norte, Siria e Irán.

En el cómputo de compromiso global, el saldo es positivo: Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, cinco de los principales exportadores de armas del mundo, ya han ratificado el Tratado. EEUU, que concentra el 29% de las exportaciones de armas del mundo, además de ser el principal productor, no lo ha ratificado, aunque sí se encuentra entre los 70 estados que al menos lo han firmado. Alberto Estévez cree probable que también China termine firmando a medio o largo plazo.

"Hay que valorar el hecho de que casi 200 países vayan a tener un reglamento sobre exportación de armas. Esto quiere decir que quien no esté jugando en ese tablero se va a encontrar con la reprobación de la comunidad internacional. Además, supone alcanzar un nivel de transparencia que hasta ahora no existía, aunque eso no significa que la información vaya a ser pública, pero tendrá que estar en la mesa de la Asamblea General", señala.

El Tratado, en cualquier caso, no aplica para todo tipo de armas, sino para las concretamente especificadas: carros de combate, vehículos blindados, sistemas de artillería, aeronaves, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles, y armas pequeñas y ligeras.

El texto no dice si los Estados pueden tener en cuenta sus criterios económicos o políticos en las transacciones

Aunque los defensores de derechos humanos y organizaciones humanitarias coinciden en señalar el enorme paso que supone, unos se muestran más escépticos que otros en cuanto a la aplicación y las implicaciones sobre el terreno de un Tratado que, en palabras de Tica Font, del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, "es como la lámina de un queso Gruyère, donde lo agujeros son más grandes que el queso".

Esos "agujeros" son, a entender de la activista e investigadora, que el Tratado puede otorgar cobertura legal a las exportaciones con fines humanitarios, camuflando su verdadero destino, y que el texto no se pronuncia sobre si los Estados pueden tener en cuenta sus criterios económicos o políticos a la hora de aprobar las transacciones. "En este aspecto los Estados no han cedido, no permite que se les ponga límites a su comercio exterior", señala. Font recuerda, además, que la legislación sobre armamento de la Unión Europea es más restrictiva que el propio Tratado.

Alberto Estévez reconoce que no cree que el Tratado lleve aparejado un descenso significativo en las operaciones económicas de los países que lo han ratificado.

Casos sospechosos en España

España ha multiplicado por diez sus exportaciones de armas entre 2004 y 2013

España juega un papel importante en el comercio de armas. Según el Stockholm International Peace Reseach Institute (SIPRI), nuestro país ocupó el séptimo puesto entre los 10 principales exportadores de armas del mundo entre los años 2009 y 2013, representando un 3% del mercado global. Y, dada su evolución, supone una buena fuente de ingresos para el país. Sólo en 2013, el Gobierno autorizó exportaciones de material de defensa y de otro material antidisturbios y de armas de caza y tiro deportivo por valor de 4.785 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Economía. Esa cantidad supone un aumento del 100% con respecto a las autorizaciones de 2012. Amnistía señala que entre 2004 y 2013, las autorizaciones de exportaciones de armas en España se han multiplicado por diez.

Aunque España ha sido el primer país en incorporar a su legislación nacional el nuevo reglamento de control de comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (lo aprobó el pasado agosto), ya contaba desde 2007 con una legislación que establecía que las autorizaciones de venta serían revocadas "en situación de violación de derechos humanos".

No obstante, España no ha estado exenta de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, que acusaron al país de lucrarse con la venta de armas a Egipto, Bahréin y Arabia Saudí en plena Primavera Árabe, cuando miles de manifestantes eran víctimas de las represiones violentas por parte de sus gobiernos.