La Misión de Observación Electoral (MOE), ha documentado 581 hechos violentos contra líderes políticos, sociales y comunales durante el período preelectoral en Colombia por lo que, según esta plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil colombiana que hace veeduría electoral continuada, sería el más violento de los últimos doce años.

A seis días de la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que vaticinan una victoria de la izquierda, el clima electoral está muy enrarecido. Los rumores lanzados por el candidato de izquierdas Gustavo Petro sobre un pseudo golpe de Estado preventivo que suspenda la cita con las urnas y las imágenes de la aspirante a vicepresidenta Francia Márquez dando su discurso de final de campaña protegida con escudos resultaron además inquietantes.

Ante una eventual victoria de la izquierda con la alianza del Pacto Histórico, el actual contexto social, político y de violencia que vive Colombia hace que el riesgo de fraude electoral sea considerado muy alto. Los antecedentes de otros comicios con la compra de votos, las coacciones al electorado y otras vulneraciones del derecho a la participación han sido comunes en el país en favor de los candidatos de la derecha. Para tratar de mitigarlos, una misión de 244 observadores internacionales acreditados por el Consejo Nacional Electoral estará en el país este 29 de mayo con el objetivo de vigilar la votación y el escrutinio, y contribuir así a garantizar la integridad de las elecciones y una mayor transparencia del proceso electoral.

Cerca de 80 de estos observadores internacionales pertenecen al Estado Español, 36 de los cuales proceden de Catalunya. La profesora de Derecho constitucional de la Universidad de Barcelona Mar Aguilera es la responsable técnica de la misión catalana y como presidenta de la plataforma de juristas Observadores por la Democracia (ODEM) tiene una gran experiencia en misiones de observación electoral. "La democracia no solo son unas elecciones, pero se necesitan unas elecciones democráticas para que haya democracia y la sociedad civil nos está avisando que no se dan todas las garantías", dice. Con todo, reconoce que estas misiones tienen limitaciones. "Una misión electoral se rige por criterios objetivos de rigor y neutralidad y es verdad que a veces vemos cosas que claman al cielo pero es solo una misión de observación. Si es cierto que los análisis, valoraciones e informes que se hacen de unas elecciones tienen un impacto importante porque se leen y se escuchan mucho más que los que realizan las misiones de derechos humanos, lamentablemente".

La Taula Catalana por la paz y los Derechos Humanos es la encargada de coordinar esta delegación que está conformada por personas de 18 organizaciones de las 31 que conforman esta plataforma de solidaridad por Colombia, por 15 representantes políticos del Parlament, el Congreso y nueve alcaldías además de tres representantes de ODEM que centralizará la información de la misión. Todos ellos y ellas realizarán su labor de observación mayoritariamente lejos de las grandes ciudades, en territorios que presentan altos índices de violencia y con indicativos claros de riesgo de posible fraude electoral como son Buenaventura en la región del Valle del Cauca y otros lugares de zonas como el Magdalena Medio, el Urabá y el Norte del Cauca. "Gracias a la diversidad de actores de la vida política y social catalana que formamos la misión podremos hacer un importante despliegue por todo el país, no solo la capital", afirma la diputada del Parlament Aurora Madaula de Junts per Catalunya y responsable política de la misión.

Otro grupo grande de observadores internacionales del Estado español que estará presente en las elecciones colombianas es el Interparlamentario por la Paz en Colombia conformado por un senador y 23 diputados y diputadas del Congreso en Madrid, parlamentos autonómicos y Eurocámara además de cuatro representantes de ONG. El Interparlamentario unió hace algo más de un año a diputados y diputadas de Podemos, del Partido Socialista y otros grupos preocupados por la situación de Colombia con el fin de velar por el respeto de los derechos humanos frente a las amenazas del proceso de paz. Los observadores del Interparlamentario harán mayoritariamente su labor en la capital Bogotá, con excepción de un grupo que estará en Buenaventura, la convulsa ciudad del Pacifico afectada por altos índices de violencia.

El valenciano Javier Moyá, Integrante del Interparlamentario dentro del Espacio de Coordinación de Plataformas de solidaridad con Colombia lleva ya muchos días en el país recopilando información y reuniéndose con organizaciones colombianas. "El objetivo como misión de observación es comprobar la transparencia del proceso electoral en su conjunto, el proceso de votación y los resultados divulgados por la Registraduría Nacional. Y para tener una mejor visión, estamos interesados en conocer el contexto en el que se produce el proceso electoral y en qué medida ese contexto pueda afectar al desarrollo de las elecciones. Nuestras preocupaciones y lo que nos pone en alerta son las irregularidades que se cometieron en las elecciones legislativas del pasado mes de marzo", señala.

Además de los 244 observadores internacionales acreditados, por primera vez una misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) estará presente en unas elecciones presidenciales en Colombia. Lo hará con más de un centenar de expertos y observadores que se distribuirán y mantendrán vigilantes por todo el territorio nacional bajo la supervisión del europarlamentario socialista Javi López.

El riesgo de fraude no es el único de las elecciones colombianas. También lo podría ser el triunfo del candidato Gustavo Petro y de la lideresa social afro Francia Márquez. Sería la primera vez que gobernaría la izquierda en el país y esa posibilidad llena de esperanza a millones de personas de las clases más populares, pero también de miedo y temor a que la violencia se recrudezca. Lo temen especialmente los líderes y lideresas sociales del país que han visto como en estos cinco años desde que se firmaran los acuerdos de paz, han asesinado a más de 1.300 de ellos.