El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont por la "vulneración" de sus derechos políticos en España. Según un escrito, el comité de las Naciones Unidas aceptó a trámite la demanda este lunes, mientras Puigdemont comparecía ante las autoridades alemanas tras ser detenido el domingo.

El organismo -integrado por 18 expertos independientes encargados de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- emplaza al expresidente catalán a indicar "qué tipo de medidas" quiere exigir a España en caso de que finalmente se concluya que sus derechos han sido vulnerados.

Puigdemont presentó su recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 1 de marzo y la aceptación del mismo ha llegado antes de un mes, si bien el plazo de resolución no se prevé tan temprano teniendo en cuenta que se ha dado seis meses a las autoridades españolas para aportar observaciones e información. 

Puigdemont considera que España ha violado parte de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos".

La demanda, titulada 'Puigdemont versus España', defiende concretamente que el Estado ha vulnerado sus obligaciones en tratados de vigencia internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("PIDCP").

En virtud de estos tratados, Puigdemont reivindica su derecho a presentarse a las elecciones, su "derecho a la libertad de asociación con otros políticos secesionistas y partidos políticos en busca de un objetivo común de conseguir la independencia de España para Catalunya" y su derecho a la libertad de expresión política pacífica de apoyo de la causa de la independencia de Catalunya.

Pero alega que "estos derechos han sido violados por la conducta acumulativa y continuada del Reino de España", ya que fue designado por la mayoría del Parlament de Catalunya para la reelección como presidente, pero las autoridades españolas lo han impedido, según defiende.

También explica que, por todo esto, se ha visto obligado a escoger entre volver a España para ser "sometido a detención arbitraria, permanecer como presidente en el exilio o permitir que un candidato alternativo sea nombrado e investido como presidente".

La decisión de la ONU se suma al dictamen de la semana pasada sobre el excandidato a la investidura Jordi Sànchez, si bien entonces, además de admitir a trámite la demanda, dictaminó unas medidas cautelares y advirtió a España de que debía garantizar los derechos políticos del también expresidente de la ANC. 

Pese a las advertencias, el Ejecutivo de Rajoy ha negado que el organismo haya tomado alguna decisión: "La admisión de esta comunicación no prejuzga la actuación del Gobierno ni del Poder Judicial, ni determina la adopción de medidas concretas", han señalado fuentes del Gobierno.

En este sentido, consideran que el requerimiento del órgano de la ONU se limita a detallar los argumentos planteados por Sànchez, y concede al Gobierno español seis meses para responder.

La detención de Puigdemont, en la prensa internacional

Tras la detención de Puigdemont, las principales tribunas de Europa se han hecho eco de este acontecimiento. Por ejemplo, el medio británico The Time dedicó este lunes un duro editorial contra el Gobierno de Rajoy. "Desde octubre del año pasado, el Gobierno español ha tratado de manera insistente el tema espinoso del independentismo en Catalunya con imprudencia, mano dura y un deseo aparente de empeorar la situación ya de por sí complicada", arranca el texto titulado España, otra vez.

Asimismo, el reconocido periodista alemán Jakob Augstein cree que "Puigdemont merece asilo político". En su última columna titulada Asilo para Puigdemont y publicada en Der Spiegel, el director del semanario progresista Freitag sostiene que el expresidente fue "elegido por su pueblo y perseguido por el Gobierno español".

Señala que Alemania tiene que posicionarse al respecto: no apoyar a "la justicia política" española. Ademas, el copropietario de Der Spiegel defiende que "un político que usa medios pacíficos para luchar por sus objetivos no debe estar en la cárcel". 

Compara a Mariano Rajoy con "el inquisidor de [Friedrich] Schiller", por lo que sugiere a Berlín y Bruselas que le hagan entrar en razón. "El exceso de justicia contra los catalanes recuerdan a la opresión franquista", advierte.