El Amazonas ha vuelto a sufrir otra embestida por parte del gobierno brasileño. El Ejecutivo de Temer, de la mano del Congreso y de la mayoritaria bancada ruralista que lo forma, ha puesto sobre la mesa un decreto presidencial para privatizar la Reserva Natural de Cobre y Asociados (Renca). Este territorio del tamaño de Dinamarca (47.000 kilómetros cuadrados) situado en área amazónica entre los estados de Pará y Amapá, además de ser un terreno rico en minerales también contiene diversos parques naturales y reservas indígenas.

La Renca se creó en 1984 por el gobierno militar para preservar una zona rica en oro, hierro, manganeso y otros minerales, de modo que fueran gestionados por la Compañía Brasileña de Recursos Minerales y por empresas estatales autorizadas por la compañía. Lo que antes era propiedad del Estado, ahora Temer ha decidido abrir su explotación a empresas privadas extranjeras de la industria minera.

La noticia llegó a finales de agosto, sin embargo multinacionales canadienses reconocieron que hacía cinco meses que el ministro de Minas y Energía brasileño, Fernando Coelho Filho, ya se lo había comunicado a diversos empresarios del país del norte. La medida cayó como un balde de agua fría entre los ecologistas que ven como en el último año los retrocesos contra el medio ambiente se acumulan.

Intelectuales, actores y modelos como Gisele Bündchen lanzaron una campaña en las redes sociales y consiguieron 800.000 firmas para que el presidente Temer revocara el decreto. A su vez el 30 de agosto el juez del Distrito Federal, Ronaldo Spanholo, suspendió “todo y cualquier acto administrativo" relacionado con el decreto, al considerar que la Constitución no permite que el Gobierno tome una decisión de este tipo sin un debate previo en el Congreso Nacional. Ante las críticas y la presión judicial el presidente anunció que suspendía los efectos del decreto durante 120 días para llevar a cabo “un amplio debate” con grupos medio ambientales. Por ahora no ha llamado a nadie.

Venta de tierras a cambio de votos

El decreto del Renca es la gota que colma un vaso que hace tiempo que está a punto de derramarse. Desde que Temer llegó al gobierno su apuesta por el agronegocio en detrimento del medio ambiente ha sido clara. El impeachment contra Dilma Rousseff que le dio la presidencia al pemedebista se produjo entre otras cosas gracias a los votos de los ruralistas. La bancada del agronegocio y agropecuaria supone casi dos tercios de la Cámara de los Diputados y otros dos tercios del Senado, y se han convertido en los principales aliados del presidente, en la llave de la ansiada gobernabilidad.

Las prioridades de esta bancada del Congreso son mantener sus tierras, acumular más terreno, reducir hasta la mínima expresión las reservas indígenas, legalizar grandes superficies de tierras invadidas por terratenientes, flexibilizar las leyes laborales del campo –llegaron a sugerir que los campesinos no tuvieran salario y trabajaran a cambio de vivienda y comida- y deforestar lo que sea necesario en aras de la extracción y la exportación de materia prima como base económica. Por eso no es de extrañar que el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, sea uno de los principales exportadores de soja del país y haya recibido hasta en dos ocasiones el premio Motosierra de Oro de Greenpeace, por los estragos que han causado sus plantaciones en el Amazonas.

Algunos de sus deseos se han hecho realidad y otros parecen estar cada vez más cerca de cumplirse. El pasado mes de julio se aprobó una ley que legaliza las invasiones de grandes áreas de tierra y terrenos que estén dentro de Parques Nacionales que se ubiquen en zonas urbanas. La legalización de tierra invadida que en un principio se podría entender como un guiño a las peticiones del Movimiento Sin Tierra (MST), en realidad responden a los intereses de medianos y grandes terratenientes del campo, ya que afecta a invasiones de terreno de más de 2500 hectáreas que pertenecen al Estado, y que con esta nueva ley el gobierno las vendería y legalizaría por un precio mucho más bajo que el del mercado.

Zona deforestada del Amazonas en Apui, el sur del estado de amazonas /REUTERS (Bruno Kelly)

Una de las principales preocupaciones de los ecologistas es que el Ejecutivo Temer además de acabar con órganos clave como la Funai (Fundación Nacional del Indio), que antes era el encargado de la demarcación de tierras indígenas y hoy le han arrebatado tal función, modifique poco a poco puntos de las diversas leyes medioambientales de modo que cada vez se rebajen más las categorías de protección.

El ejemplo de ese miedo es lo sucedido con la Selva Nacional Jamanxim, un área de 350.000 hectáreas que según una norma que está a trámite en el Senado perdería un escalón de preservación ambiental y se abriría para la explotación agropecuaria y minera. “Lo que vemos todos los días es que el Congreso está buscando la manera de eliminar los derechos de las unidades de conservación que tiene Brasil. Están dando tierra para deforestar y no les importa qué tipo de terreno o qué área sea, su codicia no tiene límites”, señala Michel de Souza, coordinador de Políticas Públicas de WWF.

La situación de inestabilidad política con el jefe del Ejecutivo acusado de obstrucción a la justicia y organización criminal, necesitado de apoyos del Congreso para evitar ser juzgado en el Tribunal Supremo, hace que la fuerza de los ruralistas sea cada vez mayor. Sus votos son esenciales para mantener al presidente en el poder, y para ello Temer no duda en subastar el pulmón verde de un país que hace meses que está en venta.